El 27 de octubre de 2010 el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, había proferido la condena contra estos dos militares. Fallo que fue apelado por la defensa de los militares, y que hoy se ratifica.
Los dos soldados del ejército nacional, integrantes del Batallón Tarqui, de Sogamoso, son el cabo Diego Hernán Moreno y el soldado profesional Segundo Yebrail Galvis, quienes fueron hallados culpables de los delitos de homicidio en persona protegida en concurso heterogéneo con el delito de secuestro agravado, por el asesinato del joven Mauricio Hernández Cuadrado de 26 años de edad.
La víctima era un joven que trabajaba como revolador en la terminal de transporte en la ciudad de Tuja, Boyacá, que debido a sus condiciones socioeconómicas, y a su dependencia a las drogas, en ocasiones dormía en las calles. Situación que lo convertía en blanco fácil para los fines criminales de los militares dedicados a las ejecuciones extrajudiciales en el departamento de Boyacá.
Así fue que el 11 de marzo de 2008, Mauricio Hernández Cuadrado, es secuestrado por los militares, asesinado y presentado posteriormente como guerrillero de las FARC dado de baja en combate el 12 de marzo de 2008.
La Fundación Comité de Solidaridad Con los Presos Políticos, quien ejerce como defensa de las víctimas en este caso de ejecución extrajudicial, manifiesta que existe un tercer militar, de apellido Barinas, implicado en este proceso y a quien, tras su captura, se espera que se le dicte fallo condenatorio.
Vale resaltar, dice el abogado defensor de la Fundación Comité, que esta es una de las pocas penas ejemplarizantes por este tipo de delitos en Colombia. De hecho la más alta hasta ahora.
Sin embargo la condena contra suboficiales y soldados no es suficiente para sancionar este tipo de crímenes lesivos a la humanidad. Se debe seguir buscando la verdad, la justicia y la reparación integral, el desmantelamiento de políticas gubernamentales que incentiven estas prácticas (tal es el caso de la controvertida directiva ministerial 029 que ofrecía incentivos económicos, vacacionales y ascensos militares por asesinatos a insurgentes, incautación de material de guerra, delación o capturas) y generar procesos de garantías para que estos crímenes no se vuelvan a repetir.
