A juicio llamó la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, al soldado profesional Albeiro de Jesús García Rendón, alias el “Iguano” y el agente de la Policía Nacional adscrito al Gaula regional Barranquilla, Rafael Mariano Silvera, por su responsabilidad en el asesinato del profesor Jorge Adolfo Freyter Romero, miembro de la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico – Asojua-, el 28 de agosto de 2001.

 

 

La determinación de la Fiscalía se basó principalmente en la confesión de otro de los paramilitares involucrados en el asesinato, Carlos Arturo Romero Cuartas, alias Montería, miembro del Bloque Norte, que delinquía en Barranquilla, quien también fuera condenado a 18 años de prisión a comienzos de este año, por su responsabilidad en este asesinato.

Según “Montería”, “En este episodio criminal participaron miembros de la AUC en asocio con algunos miembros del Gaula de la Policía de Barranquilla, como lo era Rafael Enrique Mariano Silvera y algunos del Ejército Nacional, entre ellos Albeiro de Jesús García Rendón, a quien reconocían al interior del grupo de las AUC, con el alias de Iguano”

Así mismo confirmó que Freytter fue asfixiado con una bolsa, ya que según él mismo, existía un acuerdo entre los miembros del Gaula y Autodefensas que delinquían en Barranquilla, que consistía en que los operativos en que ellos participaran las personas tenían que ser ejecutadas, porque se corría el riesgo que después los reconocieran.

El asesinato entonces fue cometido directamente por Oscar Orlando Ortiz alias “Moncho” jefe paramilitar del frente José Pablo Díaz, en colaboración con el teniente Flover Argeny Torres Sánchez y Julio Cesar Pacheco Bolívar alias “La Chacha”, ambos del Gaula, luego que el mismo “Moncho” y Gabriel Ángel Berrio Parra alias “Chuqui” capturaran al profesor.

A los funcionarios del Estado, se les dicto resolución de acusación como presuntos coautores responsables de secuestro extorsivo agravado en concurso heterogéneo con homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
No obstante, tanto el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, representante de los familiares de la víctima, como éstos mismos, esperan que durante el juicio se les formulen cargos también por tortura, ya que las evidencias y las declaraciones obtenidas confirman la forma en que luego de permanecer retenido en unas bodegas, fue asesinado. “Sobre la víctima se infringieron torturas de orden física, utilizando para tal fin la bolsa, elemento no ortodoxo, que no deja huella y es ideal para obtener el resultado esperado, se mantuvo esposado todo el tiempo atado a un tubo, en un lugar que por sus condiciones estructurales les permitía golpear y torturar sin que nadie se diera cuenta”

De tal manera, las investigaciones de la Fiscalía en torno a este crimen, confirman una vez más, la connivencia entre grupos paramilitares y agentes del Estado, denunciada en innumerables oportunidades por organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, familiares de víctimas, entre otros.
Es así como se ratificó que “existía un acuerdo entre los miembros del Gaula de Barranquilla para que los miembros de las AUC les colaboraban con los positivos y éstos a su vez les facilitaran su paso por las carreteras y demás fechorías”

Lo que agrava más el asesinato de líderes sociales, sindicalistas, defensores de derechos humanos, ya que precisamente los involucrados en estos actos, “son miembros de la fuerza pública que se podían o pueden desplazarse sin ningún problema por la ciudad, para aparentar una captura o para arreglar cualquier situación en caso de tener incidentes en el camino”