El movimiento nace en medio de la paramilitarización del país, constatado por organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, dinámica que tiene como uno de sus últimos signos, la ley de impunidad mal llamada de Justicia y Paz, la que refrenda la ilegalidad y la asunción publica en el poder, de criminales y de la estrategias armadas de! Estado.

El movimiento nace en medio de la militarización territorial y cotidiana por la política de seguridad. Subraya la responsabilidad del Estado colombiano y de quienes financian, apoyan, se benefician y promueven de los graves daños irreparables que la guerra ha generado sobre millones de colombianos. El fortalecimiento de aparatos militares y el desarrollo de planes y estrategias como el Plan Colombia y el Plan Patriota, al lado del tratamiento militar y policívo de las manifestaciones populares y de toda expresión de resistencia civil, y la judicialización son signos de la imposibilidad de la construcción de la paz y la democracia. La intervención extranjera y otros medios agudizan la confrontación militar interna con destrozos sobre las vidas de millares de inocentes, los que objetamos ética y políticamente.

El movimiento constata que las reales causas de la guerra se arraigan en los intereses económicos de capitales nacionales y transnacionales, de acuerdos comerciales inequitativos y expoliadores como el TLC y el ALCA, de proyectos agroindustriales, de infraestructura y explotación de recursos de las comunidades. Intereses, protegidos y conquistados, en muchos casos, a través de estrategias paramilitares.

I. Identidad del movimiento:

Del movimiento hacemos parte mujeres y hombres, comunidades de diverso origen étnico, cultural y generacional, organizaciones sociales y políticas que hemos vivido el impacto de la violencia generada por el Estado colombiano, a través de violaciones masivas y sistemáticas de sus derechos fundamentales individuales y colectivos, políticos, económicos, sociales, culturales, la destrucción de proyectos de vida, de entornos comunitarios, destrucción ambiental y apropiación de los territorios, perpetradas por estructuras armadas estatales en su estrategia regular e irregular a través de la estrategia paramilitar.

De este modo el movimiento reúne a:

1. Víctimas de crímenes de Lesa humanidad prácticas sistemáticas, generalizadas de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, masacres, violaciones, expulsiones y traslados forzosos, detenciones arbitrarias, encarcelamientos por motivos políticos y de opinión, persecuciones políticas, extradiciones, exilio, destierro perpetrados por el Estado o estructuras armadas amparadas por este, y que hieren la conciencia de la humanidad.

2. Víctimas de crímenes de guerra cometidos por el Estado prácticas de persecución, torturas,, desaparición forzosa, asesinatos, bombardeos, desplazamientos o sitiamiento ilegítimo de una población civil; muertes o tratamientos inhumanos relacionados con prisioneros de guerra, pillaje de bienes públicos, destrucciones de bienes civiles en operaciones militares, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

3. Víctimas de Genocidio de orden político y étnico practica de persecución sistemática y planificada de exterminio de un grupo humano por razones étnicas o políticas.

4. Organizaciones de sobrevivientes de estos crímenes, familiares de víctimas de estos crímenes, organizaciones sociales, políticas y jurídicas que han sido victimizadas que dentro y fuera del país, afirman su derecho al esclarecimiento, a la memoria, la Verdad, la Justicia y la Reparación.

5. Organizaciones acompañantes de Víctimas de violaciones de derechos políticos, sociales, económicos, sociales, culturales y ambientales.

II. Nos proponemos como movimiento

– Actuar por una transformación social e histórica planteando y construyendo alternativas contra la impunidad de los Crímenes contra la Humanidad, el Genocidio y las Violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por el Estado a través de sus estructuras militares y paramilitares, de sus modelos represivos, de sus leyes arbitrarias y, en general de todas las expresiones del terrorismo estatal.

– Trabajar porque los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, se respeten y realicen plenamente como condición de una paz duradera y de una autentica democracia.

– Buscar que las víctimas y sobrevivientes del terrorismo de Estado sean reconocidas como sujetos de derecho, testigos históricos, y sectores participantes en la vida política del país, preservando y reconstruyendo desde la memoria histórica iniciativas que posibiliten que en Colombia Nunca Mas se repitan crímenes contra la humanidad.

– Abogar porque los movimientos, partidos políticos, ejerzan con plenas garantías la oposición política como condición básica de una democracia real.

– Develar las estrategias, mecanismos, métodos y técnicas desarrolladas por el Estado que pretenden la perpetuación de la impunidad política, jurídica y social con leyes, políticas públicas que legalizan el paramilitarismo, la expropiación de tierras y territorios, y el lavado de recursos del tráfico de drogas.

– Exigir el desmonte de todas las estructuras de la guerra, y buscara la solución política negociada al conflicto social y armado del país, y la suscripción de acuerdos humanitarios que disminuya el impacto del conflicto armado contra la población.

– Animar la unidad de las organizaciones de víctimas en torno al desarrollo de acciones políticas, jurídicas, sociales, económicas, culturales y de recuperación de la memoria en contra de la impunidad de los crímenes bajo la responsabilidad del Estado.

– Exigir como derecho de los ciudadanos a los propietarios, directores y periodistas de los medios masivos de información que cesen en la manipulación, la tergiversación que legitima el terror estatal, institucionaliza el paramilitarismo y avala a sus representantes en los poderes públicos.

– Demandar justicia integral, para que se investigue, esclarezca, juzgue y sancione a los autores materiales e intelectuales, que por acción y omisión han financiado y se han beneficiado de los crímenes. Se exige por ello la creación de un nuevo aparato de justicia con autonomía e independencia.

– Constituir una comisión de esclarecimiento pleno e histórico de los crímenes que documente e investigue, todos los hechos de violencia política a partir de 1.945.

– Exigir el reconocimiento individual y colectivo del derecho a la verdad histórica, que dignifique el nombre de las víctimas y sus historias de vida en lo político, social, moral, material, y familiar.

– Dignificar a la victimas a través de propuestas de reparación integral de las víctimas y las organizaciones victimizadas con garantías en lo político, social, moral, material, familiar, individual y colectivo. También apunta a que el Estado garantice la no repetición de los crímenes y de sus prácticas de terror.

– Realizar acciones jurídicas nacionales e internacionales en el corto, mediano y largo plazo en la búsqueda de la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral. En el plano nacional acude a la vía de la justicia penal o civil, al régimen disciplinario o a la justicia constitucional, la acción de tutela y dirigiéndose a la Corte Constitucional. En plano internacional, y los comités convencionales de la ONU el movimiento recurrirá renovadamente a todos los sistemas de protección de derechos humanos existentes y a los tribunales penales, especialmente a la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos de la OEA, la Corte Penal Internacional y en el marco de la jurisdicción universal

– Objetar y desobedecer la ley de impunidad o mal llamada de justicia y paz y a cualquier disposición o norma legal, administrativa, política que propicien el perdón y el olvido

– Desarrollar propuestas de afirmación de la verdad, de la justicia y de Reparación Integral a través de propuestas extrajudiciales, en prácticas de memoria, de sanción moral y política.

III. Miembros y organizaciones que conforman el movimiento

El movimiento tiene espacios locales, regionales y nacionales que coordinan sus acciones y planes. En esas instancias convergen iniciativas ya existentes, y las aprobadas en este Segundo Encuentro, a ellas pueden integrarse personas organizadas que se identifiquen con estos principios.