El testimonio reciente de la Sra. Mariela Contreras es el origen de este asunto. La Sra.
Contreras declaró, en 2002 ante la justicia colombiana y en 2005 ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), haber perdido a su esposo y dos hijos
en la masacre perpetuada en julio de 1997 en el municipio de Mapiripán por fuerzas
paramilitares con la complicidad del ejército colombiano. No obstante, el pasado 25 de
octubre del presente, la Sra. Contreras aseguró ante un tribunal haber mentido y
recibido fraudulentamente las compensaciones financieras que le habían sido
adjudicadas tras la condena del Estado colombiano en este fallo histórico.
La Fiscalía General de la Nación (FGN) reconoció el carácter de víctima de la Sra.
Contreras desde 2002. Esta fue representada por el CAJAR como parte civil solo a
partir del 2003, es decir en el momento en el que el litigio fue llevado ante la CIDH.
Así como el CAJAR, ASFC está desconcertado de que presuntas víctimas hayan
buscado inducir en error al aparato judicial tanto a nivel nacional como internacional y
espera que una meticulosa investigación permitirá establecer la verdad sobre estas
alegaciones.
Sin embargo ASFC desea recordar que no es responsabilidad de los abogados que
representan a las víctimas establecer los hechos que dan origen a un proceso penal,
sino a las autoridades estatales competentes. En este caso, es ante la FGN que la Sra.
Contreras declaró en 2002 haber perdido a sus familiares durante la masacre, y fue la
misma FGN, quien entonces le reconoció el carácter de víctima en el proceso. La
veracidad del relato de los hechos presentado por la Sra. Contreras nunca ha sido
puesta en duda por el Estado colombiano desde que declaró ante la FGN en 2002.
Varios ministros y el Procurador General de la Nación han reclamado que sanciones
ejemplares sean adoptadas en contra del CAJAR y eso, antes que una autoridad penal
o disciplinaria haya concluido que sus miembros cometieron un delito o infringido las
reglas deontológicas que rigen su desempeño profesional.
ASFC lamenta profundamente que los más altos mandos del gobierno colombiano se
hayan apresurado en llegar a conclusiones e insinuar que el CAJAR fue impulsado por
el ánimo de lucro y estaba dispuesto a todo para hacer condenar al Estado,
disminuyendo de esta manera la credibilidad de su trabajo frente a las víctimas [[El 27 de octubre 2011, invitado a comentar la noticia del hecho de que algunas víctimas
reconocidas como tales en el juicio de la masacre de Mapiripán quizás no lo hayan sido, el
presidente Juan Manuel Santos declaró : “(Hay intereses oscuros y económicos que utilizan ese
sistema, y hacen burla de él, para lucrar con los recursos del Estado. (…) Lo que no nos
imaginamos es que recomendaban que mintieran e hicieran pasar por víctimas a quienes no lo
eran. ¡Qué más acto de corrupción que este!)” http://m.eltiempo.com/politica/crticas-a-fallo-encontra-
del-estado-en-caso-de-mapiripn/10650084. Por su lado, el 26 de octubre 2011, el
Procurador general calificó los representantes de las “falsas víctimas” de “bandas criminales que
se han especializado en estafar al Estado colombiano”: http://m.elcolombiano.com/article/13877 (http://www.derechoshumanos.gov.co/Programa/Documents/2010/legislacion/Directiva009de200
3-Mindefensa.pdf)]].
Este comportamiento está en contradicción con las directivas emitidas por el poder
ejecutivo que ordena, a todos los representantes del Estado, reconocer la importancia y
legitimidad del trabajo cumplido por los defensores de derechos humanos [[Ver Directiva Presidencial No. 7 del 9 septiembre de 1999.:
(http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/direc/1999/dri07_99.pdf ) y la Directiva no 009 del Ministerio de la Defensa del 8 de julio del 2003
]].
Igualmente
viola los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados adoptados por las
Naciones Unidas en 19903 que precisan que “Los gobiernos garantizarán que los
abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones,
obstáculos, acosos o interferencias indebidas; […] y c) no sufran ni estén expuestos a
persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de
cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con sus obligaciones y normas
profesionales reconocidas a su profesión y a su deontología.”
Condenando de antemano el papel del CAJAR públicamente, los dirigentes políticos
obstaculizan la imparcialidad de la justicia colombiana, quien es la única en tener la
responsabilidad de aclarar este asunto.
En la decisión del 2005, la CIDH evocó explícitamente la posibilidad de que las
investigaciones realizadas por las autoridades colombianas no hayan permitido
identificar con exactitud el número de víctimas, de la cuales muchas nunca fueron
encontradas y persisten hasta el día de hoy desparecidas. En este juicio, la Corte pedía
al Estado colombiano hacer lo necesario para enumerar los más exactamente posible
las victimas con el fin de individualizar las medidas de reparación ordenadas por la
misma Corte. Sin embargo, las autoridades colombianas buscan hoy en día imputar la
incertidumbre que persiste al respecto del número de víctimas a los abogados del
CAJAR, quienes no tienen responsabilidad alguna de esta situación.
ASFC se alegra que la CIDH haya convocado a las partes implicadas en el caso
Mapiripán c. Colombia a una audiencia extraordinaria que se llevará a cabo el 23 de noviembre 2011 en San José, Costa Rica y espera que las responsabilidades de las
partes queden claramente establecidas en esta ocasión.
Información : Philippe Tremblay, Encargado de programa
1-418-907-2607
