Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC) toma nota del veredicto de culpabilidad/inocencia emitido hoy en Popayán (Cauca) por la juez de primera instancia María Rocío del Pilar Penagos Paz respecto de seis de los soldados acusados del homicidio de Edwin Legarda, esposo de la dirigente autóctona colombiana Aida Quilcué. La magistrada indicó que el pronunciamiento de la sentencia tendrá lugar el 12 de agosto próximo. El delito de homicidio sobre persona protegida (por el derecho internacional humanitario) se penaliza con prisión de 30 a 40 años.
Por peticiòn del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que temía que los procedimientos penales adelantados contra miembros de las fuerzas armadas no permiten, como tantas veces ha ocurrido, que justicia sea dispensada, ASFC desplazó durante toda la duración del proceso, una delegación compuesta de abogados expertos en derecho penal, quienes asistieron a la exposición y debate del conjunto de prueba y a las alegaciones, lo que les ha permitió apreciar el grado de conformidad de los procedimientos con las normas jurídicas universalmente aplicables en los sistemas penales de tipo acusatorio.
Sin embargo, en ausencia de las motivaciones en que se apoya la decisión, las cuales sólo serán dadas a conocer hacia mediados del mes de agosto del presente año, ASFC no puede comentar el fallo. ASFC se compromete a producir un completo informe sobre la conducción del proceso, después que sus consideraciones estén disponibles.
ASFC, del mismo modo, desea expresar su solidaridad hacia el pueblo Nasa al cual pertenecía la víctima, y especialmente a la señora Aida Quilcué, viuda de la víctima y reconocida dirigente autóctona a escala nacional e internacional. ASFC deplora profundamente que con ocasión de algunos testimonios rendidos dentro del proceso, la reputación de la señora Quilcué lo mismo que la de su difunto marido hayan sito atacadas, habida cuenta que ello no era en absoluto pertinente a las cuestiones que fueron debatidas.
La condena o la absolución de los seis soldados, infortunadamente no responderà a todos los interrogantes formulados luego de la muerte de Edwin Legarda, y pone en duda los límites del sistema judicial penal que se aplica en Colombia y en otras latitudes. Según las legítimas autoridades del pueblo Nasa, y también de otros intervinientes, la muerte violenta de Legarda se inscribe dentro de un contexto marcado por una enorme desconfianza de los Nasas hacia las autoridades civiles y militares, a las que los primeros acusan de persecución, que no es más que la consecuencia de ejecución de órdenes provenientes de las más altas esferas del poder político, que las convierte automáticamente en un crimen de estado. Ahora, un proceso no implica que los soldados que se encontraban en el lugar y a quienes se imputa la responsabilidad directa del deceso del señor Legarda, no permite hacer esta demostración, especialmente en razon de los límites que la ley colombiana impone al contrainterrogatorio.
A fin de responder a los interrogantes que subsisten en cuanto a la presunta responsabilidad penal de los superiores de los inculpados e igualmente de hacer claridad sobre todas las circunstancias que rodearon este homicidio, ASFC recomienda que una investigación más amplia sea adelantada por las autoridades competentes.
Fuente : Abogados Sin Fronteras Canadá
www.asfcanada.ca
Informaciones: Me Philippe Tremblay, responsable de programa
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