Durante el año 2004 se instauró ante el Tribunal Contencioso de Cundinamarca, una acción popular contra el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Policía Nacional por la reiterada comisión de conductas consideradas contrarias a los derechos humanos y el DIH, bajo la excusa de ser considerado como “errores militares”. Los derechos colectivos invocados fueron la moralidad administrativa y el patrimonio público.