Al Presidente no le compete restituir al Alcalde Mayor

Al Presidente no le compete restituir al Alcalde Mayor

Cuando el presidente Juan Manuel Santos dice que acatará la decisión de un juez si este le ordena restituir al ex Alcalde Mayor Gustavo Petro le miente a la opinión pública. Una eventual restitución ya no pasa por el Ejecutivo. Su afirmación no sólo es falsa sino que es un mensaje tardío de respeto a la justicia y se contradice con el desprecio que ha mostrado en varias ocasiones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, SIDH.

 

Como ministro de Defensa y como presidente, Santos se ha levantado de la mesa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en tres ocasiones en los últimos cinco años, y en las tres ocasiones pidiendo previamente la cancelación de las audiencias. Como la CIDH no accedió a ello, Santos pateó el tablero como un mal perdedor y de paso quebró una tradición histórica y jurídica de Colombia.

La primera vez que se levantó fue en noviembre de 2009, en una audiencia sobre el caso Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, CCAJAR, vs Colombia por la inteligencia ilegal del DAS. El entonces representante de Colombia ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, se negó a permanecer en la audiencia de la CIDH en la que varias organizaciones (CCAJAR y CEJIL) denunciaron la existencia de una “gigantesca e ilegal” operación de inteligencia estatal contra ONG y activistas de derechos humanos. El Estado se negó a escuchar los argumentos de los peticionarios alegando que “se habían violado los reglamentos del organismo” e informó que había enviado una carta pidiendo que se revocase la audiencia porque los representantes no habían aportado los documentos requeridos.

Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo dijo en esa ocasión que la CIDH “actuó como debía” e “informó a Colombia lo que había que informar”. Por su parte, el relator para Colombia, Víctor Abramovich, recalcó que la audiencia no tenía como fin recibir alegatos sino poner en conocimiento de la Comisión las conclusiones fácticas y jurídicas, y explicó que el organismo puede citar a las partes a audiencias cuando lo estime conveniente.

El segundo episodio de este tipo ocurrió en marzo de 2010, en el caso Ecuador vs Colombia por la operación Fénix. De nuevo, el embajador ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, decidió levantarse de la mesa donde se celebraba la primera audiencia por considerar que la CIDH no es competente para conocer el caso de Franklin Aisalla.

Y la tercera vez ocurrió el pasado 24 marzo de 2014, en la audiencia sobre Derechos Políticos. A pesar de que el gobierno pidió previamente que se cancelara la audiencia, la CIDH no accedió a ello, y el embajador ante la OEA, Andrés González se levantó de la mesa porque se iba a tratar el caso Petro, cosa que no sucedió. Así lo reconoció el comisionado Felipe González quien felicitó la forma y desarrollo de la audiencia, la presentación y respuesta de los peticionarios, Minga, Justicia y Paz y el CCAJAR que permitieron analizar problemas jurídicos de fondo sin abordar de manera explícita o encubierta ningún caso en particular .

Colombia se pone en situación de confrontación y desacato, en el rol que desafía y debilita el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, SIDH. En el contexto de nuestro país, esto es sumamente preocupante porque rompe con una tradición de apego a las obligaciones internacionales que han permitido proteger y restituir derechos a muchas víctimas.

En lugar de pararse de la mesa por tercera vez, el gobierno pudo acoger las medidas cautelares como lo ordena la Constitución, escuchar y participar de la audiencia sobre derechos políticos y evitar la prolongación del limbo institucional en que han derivado sus equivocaciones. El respeto por la justicia y las instituciones democráticas no puede acabar convertido en un asunto de cálculos electorales.

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