Tal y como lo habían solicitado varias organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, mediante una intervención ciudadana presentada el pasado mes de febrero, la Corte Constitucional decidió el pasado viernes 16 de abril, declarar inexequible el decreto 4975 de 2009, por el cual se decretó el Estado de Emergencia Social

 

 

La primera sentencia declaró, por unanimidad, inexequible el estado de emergencia social asimismo, difirió, las medidas adoptadas en materia tributaria hasta el próximo 16 de diciembre, cuyos recaudos deberán ser dirigidos en su totalidad a la red hospitalaria pública y a garantizar el derecho a acceder a los servicios de salud de aquellas personas que se encuentran en el régimen subsidiado o tan solo vinculadas al sistema de salud.

La Corte, manifestó que los hechos invocados para declarar la Emergencia Social no son sobrevivientes sino que obedecen a deficiencias estructurales del sistema de salud, tal como lo habían advertido las organizaciones que presentaron la intervención ciudadana cuando plantearon que se trataba de “Una situación crítica, especialmente para la población colombiana, que se viene presentando desde la definición del modelo del sistema de salud incorporado en la ley 100 de 1993”

El anuncio realizado por el magistrado Mauricio González Cuervo, presidente de la Corte Constitucional, se produjo a pocos días de que el propio presidente Álvaro Uribe Vélez, en carta enviada a los magistrados, les solicitara un plazo razonable de vigencia de las normas de emergencia, mientras el Congreso de la República aprobaba la legislación ordinaria.

En ese sentido, el pasado lunes 19 de abril, los ministros de Hacienda, Oscar Zuluaga y Protección Social, Diego Palacio radicaron en la Secretaría de la Cámara de Representantes, un proyecto de ley, que intenta revivir los decretos generados por la Emergencia Social.

Para las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos y las que agrupan a los trabajadores de la salud, la declaración de emergencia social, que fue decretada para proteger los intereses de las entidades privadas, así como la radicación de este proyecto, no exime la responsabilidad del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que luego de 7.5 años de gobierno no había adoptado las medidas necesarias para enfrentar las dificultades del sistema, aún conociéndolas, tal y como lo demuestran diversos estudios y sentencias de la Corte Constitucional que dan cuenta del carácter permanente y estructural de los problemas del sistema de salud.

COMUNICADO PÚBLICO SOBRE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA EMERGENCIA SOCIAL EN SALUD

Las organizaciones comunitarias, de usuarios, de pacientes de alto costo, campesinas, indígenas, de mujeres, sindicales, académicas, de profesionales de la salud, de trabajadores del sector salud, etc., que nos articulamos en el Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social MNSSS, saludamos y celebramos la decisión de la Corte Constitucional, de declarar inconstitucional el Estado de Emergencia Social en Salud, decretado por el gobierno colombiano en diciembre de 2009.

Este pronunciamiento de la Corte Constitucional coincide con la postura de cientos de organizaciones que presentaron intervenciones ciudadanas, afirmando que las causas de la actual crisis de la salud en Colombia, mas que a razones sobrevinientes, está asociada a la aprobación y puesta en marcha de la ley 100 de 1993 -impulsada en su momento por el actual mandatario nacional-, la cual impuso un modelo de salud basado en el lucro de intermediarios privados (EPS), convirtiendo ese derecho fundamental, en mercancía a la que se accede según la capacidad de pago. La misma Corte abordó muchas de estas causas en la sentencia T-760 de 2008.

La decisión de la Corte Constitucional, aún siendo en derecho, requiere de ser respaldada y acompañada por quienes creemos en la función social del Estado, pues son ampliamente conocidas las presiones de los creadores de la Emergencia para que fuera mantenida; incluso se llegó a insinuar que la hecatombe en la salud sería responsabilidad de la Corte si declaraba la inexequibilidad de la Emergencia Social.

Sin embargo, es de anotar que la opción de sostener impuestos regresivos para el financiamiento del sistema no soluciona el problema y, por el contrario, mantiene la lógica de sacar del bolsillo de los pobres el dinero para su propia salud.

Por lo anterior, es necesario reconocer que la declaratoria de inconstitucionalidad de la Emergencia Social en Salud no resuelve la grave problemática que afronta la salud, porque sus contenidos serán tramitados en el Congreso, para convertirlos en ley. Lo que el país requiere es un nuevo modelo de seguridad social que garantice la salud como un derecho fundamental, para lo cual debe ser universal, equitativo, integral, y de carácter público, y ya no ligado a lógicas de acumulación económica privada.

En consecuencia, y retomando las conclusiones del III Congreso Nacional por la Salud y la Seguridad Social, desde el MNSSS llamamos a dinamizar el proceso de construcción ampliamente participativo de ese nuevo modelo de salud que el pueblo colombiano merece, para luego dar la lucha para que se convierta en ley, vía iniciativa popular legislativa.

Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social MNSSS
Bogotá – Colombia, 16 de abril de 2010