HECHOS
El sábado 10 de diciembre llega a varios celulares de dirigentes sindicales y sociales del sur occidente colombiano, un mensaje de texto que proviene del abonado Movistar número 318-7227947 y el cual decía “Ya tenemo ubicado a todos los terroristas d la farc y eln q será buscados en todas las regiones incluyd los 51 milisianos q vuelven a emcali cric sintraunico cabilcerr tijeras radiosuperc humbertopava ddhh polodemo cutvalle alvarovega recheche machete diego escb Jorge ivan velez enrique guetio carlos varg alexlope aguikas negras”, (Sic), es de anotar que de manera extraña el Ente Investigador en Colombia – Fiscalía General de la Nación, así como el Gobierno Nacional, desestima este mecanismo como medio idóneo de prueba, o lo que es peor, no le da el carácter de conducta punible a los mensajes de texto como una “amenaza”.
Frases descalificadoras y despotricadoras del arduo trabajo social para lograr las transformaciones sociales y políticas que anhelan 44 millones de colombianos y que el actual régimen oligárquico jamás estará dispuesto por concederlas, muy a pesar de pregonar ante los estados del mundo, que Colombia es la democracia más antigua del hemisferio occidental, expresiones guerreristas que provienen de altos funcionarios del anterior Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y que hoy avanzan galopantes en el continuismo de Juan Manuel Santos Calderón.
Lo que más debe llamarnos la atención, es que coincidencial y extrañamente, éstas amenazas surgen en el justo momento jurídico político en el que los despedidos de las Empresas Públicas de Cali –EMCALI EICE ESP, Viviana Villamil y Edwar Villegas desde el pasado 5 de los corrientes, adelantan en pleno centro de la ciudad de Cali (Plaza de Caycedo) una acción colectiva HUELGA DE HAMBRE, bajo la perspectiva de lograr el reintegro de los 51 compañeros que fueron despedidos sin justa causa en el 2004, cuando en ese entonces, tomaron la valerosa determinación de defender el principal patrimonio de los Caleños, de la voracidad de los depredadores neoliberales.
Como pueden observar, es una treta bien estructurada para eliminar cualquier vestigio de oposición política en Colombia, por todo lo anterior hacemos responsables al Estado Colombiano, por su política pública de desatención ante las miles de denuncias que se presentan por esta clase de conductas delictivas, así como, de la suerte que le pueda ocurrir a cualquiera de las personas y organizaciones que aparecemos en este mensaje de texto.
DEMANDAMOS
El cumplimiento de los compromisos adquiridos en los últimos años por el Gobierno Nacional, ante la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos – OEA, la
Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, la Organización Internacional del Trabajo – OIT.
Se brinde las garantías necesarias para el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos como responsabilidad del Estado.
La investigación y el esclarecimiento de los hechos, móviles y autores de las amenazas y hostigamiento en cuestión.
La imposición de las sanciones judiciales correspondientes, a los autores intelectuales y materiales de las mismas.
El REINTEGRO INMEDIATO de los cincuenta y un (51) trabajadores y trabajadoras despedidos injusta e ilegalmente, a sus respectivos puestos de trabajo y en caso de no existir sus cargos, ubicarlos en el escalafón inmediatamente superior.
El desarrollo de acciones integrales, prontas y efectivas de prevención y protección, que permitan garantizar la integridad física y psicológica de los amenazados.
Solicitamos a las diferentes organizaciones hermanas y redes internacionales de Derechos Humanos, realizar el seguimiento permanente a las eventuales políticas y acciones estatales sobre la materia.
