Está por comenzar la fase de aplicación de la ley de “justicia y paz”. Entre las múltiples preocupaciones que plantea esta coyuntura figura la cuestión de qué pasará con los derechos de ese inmenso sector de víctimas que ha quedado excluido de facto.
Seguramente se intentará deslegitimar sus exigencias con el pretexto de que toda aspiración de justicia es sólo concebible dentro de los márgenes de impunidad que impone la norma. Otra cuestión relevante es el problema de cómo salvaguardar de manipulaciones la verdad histórica, pues la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) ya ha explicitado su propósito de adelantar “estudios en torno a las razones para el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales”.
En Colombia no existen aún las premisas que garanticen la elucidación global de los crímenes contra la humanidad y las prácticas genocidas. Para lograr esta finalidad, el trabajo de esclarecimiento que se efectúe debe reunir al menos tres características fundamentales. En primer lugar, que se realice en condiciones de total independencia y autonomía en relación con los autores de los hechos de violencia: el Estado -criterio que no cumple la CNRR- y los grupos armados. Asimismo, que la investigación sea lo más exhaustiva y analítica posible, para lo cual son necesarios recursos económicos y técnicos adecuados. Y adicionalmente, que ese trabajo cuente con la dimensión pública que permita tanto la presentación de los testimonios de las víctimas en espacios de difusión social, como el ejercicio permanente de una pedagogía de la memoria que integre la divulgación de esa verdad a las instituciones educativas y culturales.
Hasta ahora una experiencia de tal naturaleza no ha sido posible en el país. Los intentos por indagar las raíces y el desarrollo de la violencia se han llevado a cabo en circunstancias adversas. De ahí su carácter fragmentario. No obstante, en las últimas dos décadas se han venido enriqueciendo bases de datos y bancos documentales, así como se emprendieron procesos de investigación que han conducido a informes sobre diversos aspectos de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Desde el inicio del actual debate sobre la verdad histórica, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado ha elaborado propuestas para que se reúnan los requisitos previos que le den rigurosidad e independencia al esclarecimiento histórico. Una de esas iniciativas es un diálogo entre los sistemas no oficiales de información en derechos humanos, que conduzca al nacimiento de un centro de documentación que cumpla la función de archivo de seguridad para la conservación de los testimonios y documentos que se han venido acumulando tras años de indagación. El significado de esta iniciativa precursora es ofrecer a las víctimas y a la sociedad la garantía de que la información ya recopilada, y aquella que se recabe en el futuro, no serán utilizadas indebidamente y que serán puestas a salvo hasta que se conforme una instancia de esclarecimiento histórico cuya entidad moral esté por fuera de cualquier duda razonable. Dicha iniciativa cumpliría también otros propósitos. Puede ser un espacio de diálogo público sobre la verdad histórica y un centro de memoria en el que se recojan los testimonios de las víctimas.
La creación de centros de documentación y testimonio que permiten ir acumulando los insumos necesarios para el trabajo de instancias extrajudiciales de esclarecimiento ha sido una experiencia exitosa en países como Irlanda, Camboya y la ex Yugoslavia. En Colombia, éste podría ser el mecanismo que contribuya a evitar un nuevo simulacro de dilucidación histórica.