El 13 de agosto de 2010, en la vereda la Unión, municipio de la Macarena, departamento del Meta, fue encontrado el cuerpo sin vida de la Sra. Norma Irene Pérez, que presentaba varios impactos de bala. La Sra. Pérez se encontraba desaparecida desde el 7 de agosto de 2010, entre las 7 y 8 am, después de haber salido de una asamblea con la Junta de Acción Comunal en la vereda la Unión.

La Sra. Norma Irene Pérez había participado en el comité organizador de la Marcha
Patriótica convocada para el 19, 20 y 21 de julio de 2010 en Bogotá por varias
organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de manifestar su rechazo a la impunidad, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, la violencia y la exclusión en Colombia.

La Sra. Pérez también había participado en la Audiencia Pública convocada por el Senado de la República denominada “La crisis humanitaria de los Llanos Orientales” que tuvo lugar el 22 de julio de 2010 con el objetivo de dar la oportunidad a las comunidades de la región de los Llanos Orientales de denunciar las violaciones de derechos humanos de las que son objeto en el marco del desarrollo de la política de Seguridad Democrática implementada por el Gobierno. La Audiencia, que terminó con un acto de memoria por las víctimas de desaparición forzada que se encuentran inhumadas en el cementerio de La Macarena, contó con la presencia de Senadores de la oposición, organizaciones y defensores de derechos humanos nacionales e internacionales y el acompañamiento de una delegación internacional, encabezada por seis eurodiputados.

La fosa común de la Macarena, con una estimación de más de dos mil cadáveres, sería la más grande de Latinoamérica. Los cuerpos sin vida y no identificados (“NN”) allí enterrados serían producto de las ejecuciones extrajudiciales (los denominados “falsos positivos”) y desapariciones forzadas cometidas por los paramilitares y las fuerzas de seguridad desde el 2004, según denuncian familiares de las víctimas fatales, los habitantes de la zona y los defensores de derechos humanos [1]

El 25 de julio de 2010, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez había señalado como
“terroristas” a los participantes de la mencionada Audiencia Pública, y reiterado su apoyo incondicional a las fuerzas armadas alentándolas a continuar la lucha contra el terrorismo. Como se denunció en su momento, al hacer estas declaraciones, el entonces Presidente Uribe puso en situación de grave riesgo a los integrantes de las organizaciones convocantes de la audiencia así como a sus asistentes. [2]

Notas