Se refuercen los mecanismos destinados a proteger y garantizar la seguridad de las víctimas del conflicto, testigos y defensores de derechos humanos, y se fortalezcan los mecanismos que garanticen la prevención e investigación de posibles ejecuciones extrajudiciales en justicia ordinaria y no en la penal militar, son dos de las más importantes recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH – al Estado colombiano, en su informe anual 2009, presentado el pasado jueves 15 de abril, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de los estados Americanos – OEA-.
El informe que consta de cuatro capítulos, también recomendó al Estado, se adopten las medidas necesarias para proteger la labor de los defensores de derechos humanos, líderes sociales, sindicales y periodistas, con el fin de prevenir su estigmatización y el empleo indebido de mecanismos de inteligencia en su contra.
La CIDH, incluyó en esta oportunidad a Colombia en los países cuya situación en materia de derechos humanos es preocupante, sobre todo en lo que respecta a la persistencia de situaciones coyunturales o estructurales que “por diversas razones afectan seria y gravemente el ejercicio de los derechos fundamentales”.
Es así como reiteró su preocupación, no sólo, por el impacto de la extradición de los líderes paramilitares a Estados Unidos en los procesos tramitados en Colombia bajo la Ley de Justicia y Paz, frente a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, sino por los obstáculos en la determinación de vínculos entre agentes del Estado y líderes de las AUC “en la comisión de violaciones a los derechos humanos por las que –en algunos casos—ya se ha establecido la responsabilidad internacional del Estado”.
De igual manera, manifestó la persistencia de obstáculos en la participación de las víctimas en el proceso, la imposibilidad de interrogar directamente o por medio de sus representantes, que lo único que ha causado es que la Fiscalía pierda una valiosa estrategia para confrontar las versiones libres y avanzar en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales para el acceso a los beneficios.
Frente a las ejecuciones extrajudiciales, la CIDH, consideró necesario reiterar la importancia para que se adelanten las investigaciones con celeridad y se tomen acciones para impedir hostigamientos y atentados contra la vida de los familiares de las víctimas que han denunciado estos hechos.
Igualmente frente a la información sobre la consolidación de otros fenómenos de violencia la CIDH reiteró que la protección activa del derecho a la vida y de los demás derechos consagrados en la Convención Americana, se enmarca en el deber estatal de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de todas las personas bajo la jurisdicción de un Estado, y requiere que éste adopte las medidas necesarias para juzgar y castigar la privación arbitraria de la vida, la integridad personal y la libertad. Especialmente, exige prevenir que se vulneren estos derechos por parte de la Fuerza Pública del propio Estado.
En relación con la situación de los grupos étnicos, manifestó que a pesar del reconocimiento normativo constitucional, éstos son blanco de la violencia derivada del conflicto armado, en forma individual y colectiva, lo que hace peligrar su autonomía y sus derechos territoriales y culturales, a lo que agregó en referencia a los pueblos indígenas, su preocupación la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran y por los continuos ataques contra sus líderes, “que buscan romper la cohesión de estos pueblos en torno a la defensa de sus derechos”
La Comisión, igualmente manifestó su continua preocupación por las actividades ilegales realizadas por el Das, y anunció que continuará dando seguimiento a las medidas destinadas al esclarecimiento judicial de los hechos, al establecimiento y mandato que se otorgue a la nueva agencia de inteligencia y al cese definitivo de dichas actividades ilegales por parte de todas las agencias del Estado.
Frente a la crítica situación de los periodistas en Colombia, la Comisión exhortó al Estado Colombiano para que investigue los asesinatos de los mismos, muchos de cuyos casos se han cerrado sin resultado alguno o se han paralizado después de algunos avances. Para la CIDH “El estado de impunidad de los crímenes contra periodistas en Colombia sigue siendo especialmente grave”. De tal manera le recordó al Estado que el principio 9 de la Declaración de principios señala que el “asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción de material de los medios de comunicación viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
Así mismo reiteró que el Estado, no sólo debe ejercer diligentemente su deber de garantía, sino que tiene que evitar incrementar el nivel de riesgo al cual los periodistas se encuentran expuestos. Es decir, que “los altos funcionarios del gobierno deben abstenerse de emitir declaraciones públicas que estigmaticen a los periodistas críticos y generen un ambiente de intimidación que afecte la libertad de expresión en el país”.
El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” reconoce el exhaustivo informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y exhorta al Estado Colombiano a tomar atenta nota de las recomendaciones realizadas por este organismo internacional.
Informe CIDH
