El presunto fraude de una de las consideradas víctimas de la Masacre de Mapiripán (12.07.96) está siendo utilizado en una forma que atenta contra la dignidad de personas e instituciones empeñadas en la defensa de los derechos humanos. Esta peligrosa conducta de algunos funcionarios del Estado está siendo además aclamada y exagerada por algunos medios de comunicación y por otras personas que no caen en cuenta del riesgo que conlleva aprobar esa falta de responsabilidad de parte de funcionarios de la justicia colombiana.
El 4 de marzo de 2005, el Estado colombiano reconoció, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su responsabilidad por la violación de los derechos a la vida, la integridad y la libertad personal de las víctimas masacradas en Mapiripán. El 12 de julio de 1997, el Estado colombiano había ya reconocido el apoyo del Ejército colombiano en dicha masacre y había pedido perdón. Ahora, o sea, más de catorce años después, cuando aparece un caso fortuito que revela un descuido de la Fiscalía en investigar dicha masacre, hay quienes pretenden hacer responsables de esa negligencia de los representantes del Estado colombiano, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los abogados que llevaron el caso ante dicha corte.
En primer lugar, los fautores de esta tergiversación olvidan que el caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque la justicia colombiana dejó la masacre de Mapiripán en la impunidad. En segundo lugar, pretenden hacer aparecer la retractación de una presunta víctima como razón suficiente para dudar del asesinato verificado de todas las demás. En tercer lugar, tratan de esconder el hecho de que el fraude fue posible porque la investigación del crimen, que es la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, no se hizo de manera exhaustiva y cuidadosa.
Como lo han dejado claro en sus respectivas declaraciones, tanto los abogados del CAJAR, como la Corte Interamericana, el caso se presentó, se defendió y se juzgó sobre la base de los hechos recabados por la Fiscalía General de la Nación: “En este caso, más allá de las declaraciones de los testigos, la reconstrucción de los hechos se basó principalmente en el acervo probatorio de la Fiscalía Nacional de Colombia y en la
información y documentación oficial que el Gobierno colombiano aportó a los procesos internos y al proceso en el sistema interamericano de derechos humanos”(Comunicado de la CIDH sobre Mapiripán, martes 1 de noviembre de 2011). Por lo tanto, la responsabilidad de que se diera una víctima falsa entre una docena de homicidios comprobados, no es de ninguna manera una responsabilidad ni del ente internacional, ni de los defensores de las víctimas, todos los cuales dieron su confianza a los resultados de la investigación de la Fiscalía General de la Nación y usaron las pruebas aducidas por ella.
El CINEP/PPP reconoce el trabajo meritorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la encomiable labor humanitaria del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y espera que este atentado funesto contra su buena fe, no redunde en perjuicio de la defensa de la dignidad de las personas y en el desmedro aún mayor de la justicia en Colombia. El CINEP/PPP hace un llamado a que las autoridades competentes clarifiquen plenamente los hechos y se sancione a los responsables de los mismos para evitar que las acciones de la justicia colombiana a favor de las víctimas sufra detrimento y no se afronten los problemas de impunidad existentes.
Bogotá, noviembre 4 de 2011
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