Conflicto, Sociedad y Política en los territorios fronterizos
Por: Moisés MEDRANO B. [*]
CODHES- coord. Area de Fronteras
Presentación Son 57 municipios de zonas de frontera o de influencia sobre las fronteras terrestres que Colombia comparte en 6.335 kilómetros con Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y Panamá. En estos cordones fronterizos hay un incremento de zonas de cultivo de uso ilícito, ejecución del componente militar del Plan Colombia y militarización por parte de los gobiernos de países vecinos que han expresado preocupación por la influencia del conflicto colombiano en sus territorios. El desplazamiento forzado desde y entre zonas de frontera y la búsqueda de refugio más allá de los limites nacionales, es un indicador del deterioro de la situación de estas regiones como consecuencia de la ampliación de la guerra irregular hacia estos territorios.
Introducción
Las zonas de frontera, territorios internacionales y conflicto armado interno en Colombia
De fronteras y conflicto: Escenarios de vigentes del conflicto. Las zonas de fronteras comparten como característica distintiva, la ocurrencia de pasos transfronterizos, motivados por la extensión del conflicto a estos escenarios territoriales estratégicos del conflicto interno colombiano. Cada kilómetro de los 6342 kilómetros de territorio que conforman las fronteras terrestres colombianas, se ha convertido en objeto de disputa territorial y política entre las partes en conflicto.
Las regiones fronterizas más afectadas comprenden un vasto territorio en el que la presencia de la institucionalidad es precaria, como expresión de la Relación Centro- Periferia, caracterizada históricamente por la exclusión y marginalidad.
Una creciente crisis de violación de derechos humamos e infracciones al DIH, expresada en prácticas de bloqueos de la acción humanitaria, las débiles acciones de protección en los ámbitos binacionales, la militarización e implementación progresiva de megaproyectos; el desarrollo de la – IRA- Iniciativa Regional Andina y el Plan Colombia, la violación del Derecho Internacional de los Refugiados, la insistencia en privilegiar la Agenda de Seguridad vs Agenda de Protección y un contundente analfabetismo de “lo fronterizo”, manifiestan en el desconocimiento de las dinámicas políticas, económicas y de relaciones internacionales que implica la condición de región fronteriza.
Contexto general del desplazamiento en zonas fronterizas colombianas- Las vecindades afectadas, situación humanitaria en las zonas de fronteras
La valoración actual del concepto de fronteras, en el contexto del conflicto armado interno colombiano, trasciende las implicaciones de integración cultural, social y económica existentes, concentrándose en la dimensión política y de seguridad nacional en nuestro caso particular. Esta dimensión/ interpretación regional de las fronteras se expresa en la creciente militarización fronteriza sustentada en la Iniciativa Regional Andina- IRA- ampliada a la generalizada opinión pública que supera las históricas dimensiones de encuentro cultural e integración social entre los territorios colombianos y los vecinos espacios fronterizos de la región andina y Panamá. Las relaciones de familiaridad cultural, superan los vínculos formales y las limitaciones de diferencias y restricciones nacionales, ampliando el ámbito de las zonas fronterizas a espacios de permanente interacción y vecindad.
El conflicto armado en Colombia ha asumido dinámicas de expansión territorial en desarrollo de lógicas de control estratégico y geopolítico que imponen en las fronteras, escenarios de tensiones y confrontación en los que se hace más grave la crisis humanitaria y social que subyace a la prolongada guerra interna del país. Son las zonas de fronteras, escenarios de la dinámica expansiva del conflicto, toda vez que la aplicación del Plan Colombia, el incremento de la presencia y acción de grupos paramilitares, los paros armados y otras formas de presión de las guerrillas, han agudizado el conflicto y agravado su intensidad regional con la población civil en medio del conflicto y como objetivo militar de grupos combatientes que continúan desconociendo las normas humanitarias que regulan los conflictos armados de carácter no internacional.
Las dimensiones de regionalización del conflicto colombiano, están mediadas por la necesidad estratégica de control territorial de corredores para las partes en conflicto, lugares de protección y constitución de zonas apropiadas por la vía de la expulsión y desalojo masivo de comunidades. En estas condiciones se incrementa la vulnerabilidad estructural del Estado colombiano (institucional y social) en las zonas de fronteras para proveer protección a los colombianos y colombianas integrantes de las comunidades y familias localizadas en dichas áreas, haciendo más complejas las oportunidades para prevenir los movimientos transfronterizos hacia los países de la región andina y Panamá. En el marco internacional se ha difundido una creciente vulnerabilidad en los temas de protección, consistente en el endurecimiento de las políticas de seguridad nacional de los países y las medidas que restringen el reconocimiento de la condición de status de refugio a los y las solicitantes: cierre de fronteras, aproximaciones e implementación legal desarticulada de los contextos de conflictos armados internos, respuesta militarista, precaria atención humanitaria y estigmatización de la condición de la población vulnerada como potencial parte en conflicto, por ser base social, soporte estratégico y/o político.
El escalamiento del conflicto colombiano y sus formas de degradación son, entre otras, las principales causas del desplazamiento en las zonas de fronteras y de movimientos transfronterizos que generan preocupaciones y tensiones en los países que limitan con Colombia, quienes perciben tal afluencia como potencial amenaza a su seguridad nacional.
República del Ecuador, En las fronteras del Plan Colombia
Las condiciones de los colombianos en busca de refugio en Ecuador, tienen como característica la estigmatización generada por el lugar de origen, si llegan de Putumayo, su opción de refugio se agrava por ser considerados “cocaleros” y sus oportunidades para ser calificados como refugiados se restringen. Es también preocupante la comprensión parcial del conflicto armado interno en Colombia, pues se interpreta al desplazamiento interno como una alternativa al refugio en Ecuador Ecuador es segundo socio comercial de Colombia en América Latina, esta favorable condición de beneficio mutuo, amplía los escenarios de integración culturales, académicos y localizados de la frontera.
La dimensión comercial ha prevalecido hasta hace algunos años sobre la fuerte presencia militar en ambas caras de las fronteras.Se comparten también marginalidades y exclusiones sociales de las comunidades indígenas, afros, colonos, mestizos, quienes acceden precariamente a servicios de salud, concentración de analfabetismo, desempleo, desnutrición, ampliación de la agricultura en detrimento de los bosques y débil presencia estatal en ambos territorios.
Situación de refugio
Con un número aproximado de 12.000 personas, se inició el año 2001 en términos de movimientos transfronterizos hacia Ecuador, en este caso producido por el paro armado de las FARC en Putumayo. Se estimó el retorno voluntario de 9.000 quienes entraron nuevamente a Colombia por el Departamento de Nariño. En el período de enero a agosto del 2001, 3639 colombianos solicitaron status de refugio y se otorgaron de manera positiva 1500 solicitudes.
El escenario del Plan Colombia, las fumigaciones en Nariño y Putumayo, la implementación de los Pactos Sociales en Putumayo, la militarización del Putumayo, las acciones militares ecuatorianas en Sucumbíos, la Base de Manta, son factores de necesaria recurrencia cuando se mira hacia el sur de Colombia y al norte ecuatoriano.
La situación de Putumayo y Nariño, tiende a agravarse por la degradación del conflicto armado, pero no provocaría un éxodo a Ecuador, la tendencia continua siendo el desplazamiento interno, escalonado y sucesivo entre estos departamentos más Cauca, Valle y Huila, especialmente los centros urbanos de Pasto, Popayán, Neiva.
Al sur, entre Manta y Putumayo, respuestas erráticas al problema migratorio forzado en la frontera ecuatoriana- año 2002
Escenario natural del Plan Colombia (fumigaciones, pactos sociales y militarización en Putumayo) y de la Iniciativa regional Andina (Base de Manta, en Ecuador), la frontera de Colombia con Ecuador ha sido una de las más afectadas por el incremento del conflicto colombiano y, a partir de la ruptura de los diálogos de paz desarrollados durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana. Los enfrentamientos entre las guerrillas (FARC y ELN) y los grupos de autodefensas, por el control del litoral pacífico nariñense y por el control de los cultivos de coca del Putumayo, han provocado el desplazamiento de personas hacia otros departamentos colombianos, y también hacia el país vecino de Ecuador.
La frontera ecuatoriana fue militarizada y reforzada con más de 10 mil hombres desde mediados del año 2002. El gobierno ecuatoriano cerró e inhabilitó en las noches el puente internacional que da paso de un país a otro. Desde el mes de septiembre, Ecuador exige un salvoconducto o documento andino a todas las personas que traspasan la frontera, en el cuál debe constar el motivo del viaje y los datos personales de cada migrante. Sin el cuál, cualquier persona que cruce la frontera puede ser detenida por las autoridades ecuatorianas; aún a pesar de que sean ciudadanos colombianos que están huyendo de la violencia u otras causas que amenazan gravemente su vida e integridad.
Según la Diócesis de Tulcán, en este lugar se ha venido aumentando la presencia militar ecuatoriana en la frontera, lo cuál se evidencia en la creación de cuatro nuevos puestos cada uno con cien soldados, para un total de ochocientos, con miras a ser ampliado a mil soldados. Los ciudadanos solicitantes de protección en Ecuador (2.399- ACNUR) se debaten entonces, entre las razones que los motivaron a huir de Colombia, y las difíciles circunstancias a las que se deben enfrentar para sobrevivir en el país vecino. La situación económica de Ecuador está atravesando por un difícil momento, que se evidencia en las altas tasas de desempleo y de pobreza, que sobrepasan las tasas colombianas, lo cuál determina la precaria situación y medios de supervivencia de los solicitantes de refugio colombianos en dicho país. La legislación ecuatoriana sobre el refugio, se convierte en un inmenso obstáculo para la adaptación y superación de las dificultades de los solicitantes de refugio en dicho país, pues no se le permite trabajar a estas personas mientras es definida su situación como refugiados.
Entre enero y diciembre de 2002 se registraron aproximadamente diez ataques a poblaciones de los departamentos de Nariño y Putumayo por parte de las FARC, y un ataque por parte del ELN. Algunas de las poblaciones afectadas por los enfrentamientos como Iscuandé, Mosquera y Bocas de Satinga en Nariño, temen que los eventos violentos puedan repetirse, por lo cuál prefieren migrar, bien hacia los departamentos colombianos cercanos, o bien hacia Ecuador, como lo muestra la cifra de más de 12.000 colombianos que cruzaron fronteras en busca de protección. Asì mismo las tasas de expulsión en esta región, Putumayo (4.107), Nariño (670) manifiestan como se articulan proceso migratorios internos y hacia fronteras, como alternativas de resguardar la vida y la integridad.
República Bolivariana de Venezuela. Expectativas por Ley de Asilo y Refugio en el contexto de la crisis gubernamental
La valoración de la condición de refugio de los colombianos en la República Bolivariana de Venezuela, es incierta mientras se implementa la Ley Orgánica para Refugiados o refugiadas y Asilados o Asiladas. Se mantienen las diferencias en cifras reales, basadas preponderantemente en el temor a iniciar acciones tendientes a solicitar refugio, situación que genera sub-registro de la dimensión real del fenómeno migratorio por causa del conflicto colombiano. Según cifras del ACNUR se estima que 1’500.000 colombianos y colombianas viven en Venezuela, un tercio como residentes legales, sin embargo sólo 27 de ellos están reconocidos en su condición de refugiados . Sólo en San Antonio- se promedian 800 deportaciones mensuales de colombianos.
El imaginario de la “patria común” referido a la vecindad y hermanamiento con Venezuela, ha trascendido al antecedente histórico, a las interdependencias que la globalización imprime a las relaciones internacionales. Compartimos fronteras, en las que la ocurrencia de hechos de violencia o de integración social repercuten en las dinámicas particulares de cada país. El imaginario también evoca las connotaciones de distancia social entre “nosotros” y “ellos” promovida por la permanente migración de colombianos y colombianas a Venezuela en búsqueda de oportunidades laborales, que principalmente se concentraron en labores de baja calificación.
Hoy se comparten preocupaciones pertinentes al conflicto armado interno, proceso de Paz, relaciones comerciales globales y evidentes divergencias en las relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos.
Situación de refugio
La integración fronteriza con la República Bolivariana de Venezuela, se ha caracterizado por relaciones migratorias de colombianos en búsqueda de oportunidades laborales y establecimiento en el vecino país. El conflicto interno colombiano, ha ampliado el volumen de colombianos que buscan protección en Venezuela a lo largo de la frontera y desde la Serranía del Perijá, El Catatumbo, La Pista, La Gabarra, Arauca y recientemente el Vichada. Entre Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, se considera la seguridad fronteriza desde la dimensión típicamente militar, estableciéndose una importante red de relaciones entre fuerzas armadas, para evitar la “exportación de ingobernabilidad” colombiana hacia Venezuela. Así, el principal escenario de los movimientos transfronterizos hacia Venezuela, está constituido por la militarización en la zona, con Teatros de Operaciones que controlan el acceso y las autoridades migratorias responsables de la deportación de colombianos y colombianas, sin el concurso de organizaciones civiles de apoyo y protección y el ACNUR.
La promulgación de la Ley Orgánica para Refugiados o refugiadas y Asilados o Asiladas, se planteó en un momento en que se incrementó el control y la disputa territorial especialmente por la región del Catatumbo y el Departamento Arauca y su zona fronteriza, en medio de la incertidumbre política en la República Bolivariana de Venezuela.
Anónimos en las fronteras, colombianos y colombianas en las zonas fronterizas venezolanas- año 2002 La Serranía del Perijá, El Catatumbo y la zona fronteriza del Departamento de Arauca, conforman los ejes de desplazamiento màs cruciales en la frontera con la República Bolivariana de Venezuela. Siendo esta una de las fronteras más extensas (2.219 kilómetros) y más heterogéneas en la medida en que la dinámica del conflicto armado interno en cada uno de los departamentos fronterizos es diferente, durante el 2002 la situación que se presenta en términos de conflicto armado, derechos humanos y derechos internacional humanitario es bastante crítica.
La lucha por el control de zonas cultivadas con coca, enfrentamientos, ataques a las poblaciones, reclutamiento forzado, son entre otras las causas de salida de colombianos hacia Venezuela. 900.237 personas conforman los municipios de la zona fronteriza del Departamento de Norte de Santander, con una tasa de expulsión de 1.704 personas para el período de enero a diciembre de 2002. Las tasas de expulsión para Cesar (1.915), Guajira (814), Arauca (1.116), expresan las continuas y sistemáticas dinámicas de evolución del conflicto regional en esta zona fronteriza, generando desplazamientos transfronterizos masivos, que si bien fueron la tendencia más notoria a lo largo de 2002, no excluyeron un gran número de desplazamientos gota a gota hacia diferentes puntos de la frontera venezolana.
Las preocupaciones fundamentales frente a la situación de los refugiados colombianos en Venezuela, están fundamentadas en la ocurrencia de algunas incursiones y ataques directos de grupos armados a refugiados al otro lado de la frontera que han hecho que se den nuevos desplazamientos del otro lado de la frontera hacia zonas de llegada diferentes a las que han llegado en principio las comunidades. Adicionalmente la falta de implementación de la Comisión de elegibilidad, establecida en la Ley Orgánica para refugiados de Venezuela no ha entrado en vigor y adicionalmente, la presencia de conceptos difusos como el de “desplazados en tránsito”, una figura usualmente utilizada en Venezuela impide tener claridad sobre su situación. Muchos solicitantes de refugio están hoy en espera. En el mes de julio el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela recibió una solicitud de amparo a favor de 1.200 refugiados colombianos que podían ser devueltos al país porque ese gobierno no ha aplicado la Ley sobre refugiados y Asilados aprobada en el mes de octubre de 2001.
La característica principal en esta frontera es la invisibilización y subregistro de desplazamientos transfronterizos, en la medida en que el mayor porcentaje de estos desplazamientos son de carácter individual o gota a gota, por lo tanto es difícil tener un estimativo general del total de población que se ha desplazado hacia Venezuela, si bien, si se han podido identificar fácilmente los desplazamientos masivos que se han dado y que no han sido pocos a lo largo de 2002. Otra característica es el movimiento de población indígena que se dinamiza fundamentalmente hacia el Estado del Táchira como consecuencia de las amenazas que representa para su comunidad y para la vida individual el conflicto armado interno.
Estimada en 9.500 personas, la población se ha desplazado hacia el otro lado de la frontera buscando refugio y protección frente a un conflicto que es cada vez más intenso y violento, las incursiones de grupos armados al otro lado de la frontera hacen que esta amenaza continúe. Algunas organizaciones han denunciado incursiones de grupos armados en asentamientos de refugiados al otro lado de la frontera que han sido saqueados, provocando nuevos desplazamientos, esta vez, hacia otras zonas en Venezuela.
Caso Panamá. Las repatriaciones: praxis para revisar.
Con repatriaciones cuestionadas públicamente por ONGs panameñas y colombianas, organismos gubernamentales colombianos y ACNUR en Colombia, se vulnera la voluntariedad de dicho proceso y se cuestiona la salida de colombianos de Panamá. La presencia de los colombianos, es interpretada como una amenaza para la seguridad de las poblaciones panameñas en las que permanecen desde noviembre de 1996.
Según estimaciones de CODHES alrededor de 1400 colombianos y colombianas buscaron protección en la zona fronteriza del Darién panameño durante el año 2000 y entre enero y septiembre de 2001 la cifra se aproxima a 427 personas. Colombia y Panamá comparten El Darién como zona fronteriza, que para Colombia implica la región conocida como Urabá e incluye el Parque Nacional los Katíos; es una zona de extracción maderera, aurífera, bananera entre otras riquezas. Para Panamá, es la zona de frontera con Colombia que abarca la Provincia que lleva su nombre y la zona Kuna Yala. En ambos países la riqueza de la zona compartida está también en la diversidad étnica, en el potencial de comunicación, a pesar de las condiciones de accesibilidad y provisión de agua, acceso histórico a tierra fértil por colonización y convivencia de población kuna, emberá y waunán, afrodescendientes, colonos paisas y costeños (llamados “chilapos” por los chocoanos).
Condición de refugio, repatriación y deportación de colombianos y colombianas – Panamá
Durante el año 2001 y en el contexto del conflicto, la frontera panameña, ha registrado paso fronterizo de 157 personas que llegaron a Jaqué en la fronteriza provincia del Darién panameño. Pero el proceso que más ha motivado la atención en esta frontera, es la repatriación de colombianos. El total de colombianas y colombianos repatriados es de 181 y 401 deportados a 15 de Octubre de 2001.
Se plantea una consideración generalizada en la opinión pública local acerca de la necesidad de salida de los colombianos del Darién panameño, manifiesta en solicitudes expresas de repatriación al gobierno colombiano , con quien se estableció un acuerdo de coordinación bilateral de protección de población víctima del conflicto armado. Los problemas de protección son frecuentemente señalados por los colombianos y colombianas en Jaqué, Puerto Obaldía, Tuira, poblaciones que concentran principalmente a los connacionales que han buscado protección en Panamá. Se cuestiona en este caso la voluntariedad de las repatriaciones, que se inscriben en un contexto de excesivo control a las personas colombianas por parte de la fuerza pública local, restricciones en actividades sociales, imposición de multas, que presiona la necesidad de regresar a Colombia, en donde la ocurrencia de hechos de violencia en Juradó- frontera sobre el pacífico colombiano- demuestra la ausencia de garantías de seguridad para los y las repatriadas. A estos hechos, se suman las presiones y limitaciones de subsistencia e información para fundamentar su repatriación, el establecimiento de un cronograma de repatriaciones que condiciona a la población, denuncias de tortura, detenciones injustificadas y acoso de las autoridades fronterizas. Es importante reconocer los esfuerzos de ambos gobiernos por atender el tema fronterizo, pero se hace necesaria la presencia activa y permanente de ACNUR en Panamá, como garante de acuerdos y veedora de los derechos y voluntad de retorno de los colombianos desde Panamá.
Potencialmente los desplazamientos transfronterizos a Panamá siguen latentes, como lo demuestra la nueva salida de 12 familias del proceso de Cacarica al Darién panameño, lugar en el que residían antes del desplazamiento de 1996. Este proceso expresa la necesidad permanente de verificación y acompañamiento a las comunidades del Urabá chocoano especialmente, colonos, afrodescendientes e indígenas, quienes enfrentan las presiones de las partes en conflicto, las operaciones militares, quemas de caseríos, los desplazamientos internos, individuales y silenciosos por ríos y zonas de difícil acceso, las limitaciones de acciones humanitarias a organizaciones presentes en la región y las frecuentes amenazas y algunas muertes selectivas a miembros de las Comunidades de Paz del Atrato . 266 kilòmetros de olvido. Conflicto geo- estratégicos en la frontera con Panamá. Año 2002 Discriminación y rechazo a los colombianos, son frecuentes en la zona fronteriza con Panamá. Las comunidades que habitan las zonas del Urabá chocoano, la región del medio y bajo Atrato, han vivido la intensificación del conflicto en sus territorios. Alrededor de 300 colombianos han cruzado la frontera con Panamá, a pesar de las sostenidas prácticas de deportaciones del gobierno panameño. La tasa absoluta de expulsión para los municipios fronterizos de Acandì, Ungía, Riosucio y Juradó es de 7.610 personas para el año 2002.
Comunidades de las cuencas del Jiguamiandò, del Cacarica, de Riosucio, Juradò y Ungía conforman los sitios de salida de colombianos hacia el Darién panameño, por causa de los continuos ataques de paramilitares y guerrilla a la población civil. Es importante destacar que las Comunidades de Paz de San Francisco de Asís, Natividad de María y Nuestra Señora del Carmen, así como la comunidad Autodeterminación, Vida, Dignidad del Cacarica- CAVIDA, han sido víctimas de ataques a sus líderes, vulnerando su permanencia en los territorios titulados colectivamente.
La respuesta a la situación humanitaria regional está caracterizada como inmediatista, de reacción ante hechos específicos. Es así como la respuesta estatal binacional se restringe a políticas militares y de atención humanitaria ante masacres y desplazamientos. De esta manera, desde el 31 de octubre, Panamá reforzó la seguridad y la asistencia en su frontera con Colombia, sin embargo aún no existe una política clara para atención de refugiados en el vecino país, un elemento que da nuevas muestras del enfoque de respuesta precaria que tienen estados vecinos acerca del desplazamiento y refugio en la región.
Este panorama muestra la grave situación de enfrentamientos, bloqueos, desplazamientos, masacres, secuestros, tráfico de armas, etc, que afecta directamente a la población civil, no sólo al interior del Departamento del Chocó, sino en la vecina Repùblica de Panamá. Estos acontecimientos hacen inminente el restablecimiento de la agenda binacional, no sólo en el plano de la seguridad y la atención humanitaria sino en el de una presencia más efectiva desde los àmbitos administrativo y social en la región. Es por ello que la legislación de ambos países debe ser revisada en aras de un mayor compromiso gubernamental para con la población afectada, máxime cuando la tendencia señala la existencia de un cerco paramilitar desde el Río Atrato hacia el noroccidente, cerco que bloquearía la salida de pobladores ante futuros ataques, dejando como única vía de escape la frontera con Panamá. Ambos gobiernos deben ser conscientes de esta amenaza, para así responder desde la planeación y no desde la coyuntura a una situación de refugio no reconocido. Menospreciar una vez más a esta región, dejarla en el olvido y la invisibilidad ante los hechos, se convierte no sólo en una muestra del abandono estatal sino en la posibilidad de que el conflicto colombiano y la tragedia humanitaria se amplíe hacia un país cuya legislación y políticas tampoco están preparadas para ello.
Agenda Pendiente
La invisibilización del refugio en los Andes y en Panamá, es el eje principal de la posición política de los estados vecinos a Colombia. En la región norte de Sur América y Panamá, las expresiones de la política pública y el cumplimiento de La Convención de 1951, de los acuerdos e instrumentos internacionales, manifiestan como tendencias: la aplicación restrictiva de dichos mecanismos e instrumentos, la implementación de anillos de seguridad, la respuestas precarias, las figuras de status temporal y las deportaciones de colombianos y colombianas que buscan protección de los estados vecinos.
Las situaciones que ha generado esta forma de internacionalización del conflicto armado, tales como el flujo de población en búsqueda de protección hacia los países vecinos especialmente las fronteras con Panamá, Ecuador y Venezuela ha empezado a preocupar a los gobiernos de estos países. Esta dinámica de cruce, búsqueda y aplicación de mecanismos de protección, puede caracterizarse con los siguientes elementos, que pueden ser tendencias que perfilen las respuestas a las necesidades de protección de los colombianos que busquen protección en la región:
1. Insistencia en las soluciones precarias a las necesidades de protección, explícita en el reconocimiento de status temporal a los solicitantes de refugio, provisión de asistencia alimentaria e impedimentos para la realización plena de los derechos de los ciudadanos colombianos que requieren la protección de los estados vecinos. 2. Cierre de fronteras, manifiesto en debates como la solicitud de visas en Ecuador y Panamá, las deportaciones y la violación al derecho a las garantías judiciales. 3. Tensión entre la agenda de protección internacional vs la agenda regional de seguridad. 4. Cruces fronterizos en zonas de difícil acceso y verificación, por goteo e invisibilizados por las condiciones de inseguridad- por refugiarse en zonas de disputa, estratégicas para tráfico y/o potencial control de recursos naturales-. 5. Las repatriaciones sin plenas condiciones de voluntariedad, garantías de seguridad y dignidad, por cuanto se presentan como única opción ante la precariedad de la implementación de soluciones duraderas. Parte de las alternativas implican establecerse en las cabeceras de los ríos, selva adentro o en las provincias fronterizas en medio de las comunidades rurales de los países vecinos, generando tensiones entre las poblaciones receptoras y los “desplazados” colombianos, carentes en términos de desarrollo local – sin estar cobijados por ningún tipo de medidas de protección y asistencia por parte del Estado y lejos de la protección y acompañamiento deberían brindarle los Estados conforme al Derecho Internacional de los Refugiados.
Bibliografía de referencia
Boletín- CODHES INFORMA No 39- Guerra y diáspora. Colombianos y colombianas en Fronteras: non status. CODHES. Moisés Medrano B. Octubre de 2001.
Caught Between Borders. Pluto Press- Norwegian Refugee Council. Oslo 2001
Constitución Política de la República de Panamá.
Decreto No 100 de 1981. Ministerio de la Presidencia- Panamá
Estudio Comparativo Legislación sobre Asilo, Desplazamiento y Refugio. PCS. Autores varios. Noviembre de 2002.
La Situación de los Refugiados en el Mundo. ACNUR. Icaria Editorial. 2000
Los Desplazamientos de colombianos a Darién. Documento de Reflexión. Cáritas Panamá. 1997- 2001
Puertas Cerradas. Unidad de Estudios Humanitarios. Icaria Antrazyt 169. Serie Paz y Conflicto 2001
Protección del Refugiado. Guía de Campo para ONGs. Asociación España con ACNUR. Septiembre de 2000. Registro y monitoreo de prensa nacional, regional e internacional. 2001- 2002CODHES- Fronteras www.codhes.org.co
RUT Informa. Estudio de Caso Darién. Conferencia Episcopal Colombiana. Boletín Trimestral No 5/ año 2000 Síntesis 2001. IEPRI- UN. Luis Alberto Restrepo Moreno. Abril de 2001
Un País que Huye. CODHES- Informe Comisión humanitaria. 1997
UNHCR. Global Report 2001. UNHCR. Global Appeal 2002. UNHCR. Mid year report 2002. www.codhes.org.co/ link – fronteras
Notas
* Docente- Investigador Universidad Externado de Colombia- Trabajador Social U de Cartagena Esp. Cooperación Internacional (regresar)