El pasado 15 de septiembre, se dió inicio al Consejo Verbal de Guerra que tuvo como fin juzgar a los militares implicados en la masacre de Pueblo Rico, Antioquia, del 15 de agosto de 2000. Como se recordará, aquella mañana fueron asesinados por el ejército, los niños Alejandro Arboleda Rua (10 años), Paula Andrea Arboleda Rua (8 años), Marcela Sánchez (6 años), Harold Giovanni Tabares Tamayo (7 años), David Andrés Ramírez López (10 años) y Gustavo Adolfo Isaza Carmona (9 años).
Como se recordará, aquella mañana fueron asesinados por el ejército, los niños Alejandro Arboleda Rua (10 años), Paula Andrea Arboleda Rua (8 años), Marcela Sánchez (6 años), Harold Giovanni Tabares Tamayo (7 años), David Andrés Ramírez López (10 años) y Gustavo Adolfo Isaza Carmona (9 años).
En el mismo hecho fueron heridos los niños Cesar Arboleda Rua (10 años), Oswaldo Alejandro Muñoz Madrid (7 años), Cristian Isaza (5 años) y Andrea Sánchez (15 años), todos alumnos y alumnas de la Escuela Rural de la vereda “La Pica” en jurisdicción del municipio de Pueblo Rico (Antioquia), quienes se encontraban haciendo una excursión escolar.
El paseo ecológico fue silenciado por los fusiles del Batallón de Infantería No. 32 “Pedro Justo Berrío”, perteneciente a la IV Brigada del Ejército Nacional.
Este hecho, más conocido como la “Masacre de Pueblo Rico”, fue asumido desde sus inicios por el Fuero Penal Militar debido a que todo se manejó como un error militar, puesto que las autoridades manifestaron que se había presentado una confusión porque los niños iban vestidos de vivaces colores, como miembros de la guerrilla.
Tras años de clamor para que el delito quedara en manos de la justicia ordinari, el Consejo Superior de la Judicatura definió que pasara a la justicia militar, la cual emitió el año pasado Resolución de Acusación contra un Sargento Segundo y 10 soldados por homicidio culposo y lesiones personales culposas, mientras que cesó el procedimiento contra un Capitán Primero, un Capitán Segundo y 15 soldados regulares.
Humanidad Vigente, que ha seguido atentamente el proceso, reitera en esta ocasión su llamado al Estado colombiano a que asuma integralmente las obligaciones contraídas internacionalmente y establecidas en los diferentes pronunciamientos en los Informes para Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y muy especialmente la Recomendación No. 45 de las Observaciones Finales para Colombia del Comité de los Derechos del Niño, emitidas el pasado 8 de junio que claramente dice:
“El Comité insta al Estado Parte a que acabe con la legalidad de la impunidad, realice con urgencia investigaciones penales de violaciones de derechos humanos en casos en los que niños han perdido la vida y vele por que los autores comparezcan ante la justicia con carácter de máxima prioridad. Además, el Comité solicita que el Estado Parte respete sus obligaciones jurídicas internaciones en relación con las garantías de un juicio justo y se asegure de que todas las investigaciones se llevan a cabo de forma independiente e imparcial”.