La Organización Indígena de Antioquia OIA rechaza de forma vehemente el anuncio de golpe de Estado que el día 26 de junio de 2008 hizo el presidente de la República, en respuesta a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia CSJ que condena a la ex representante a la Cámara Yidis Medina por recibir prebendas a cambio de un voto positivo al acto legislativo que aprobó la reelección. La sentencia prueba sin dudas que la reelección es resultado de un delito.

Frente a esta decisión judicial, el presidente señala temerariamente a la Corte de prevaricar y de actuar dentro de la estrategia del terrorismo. Y para tapar el proceso ilícito anuncia un referendo para que se “repitan las elecciones del 2006”. Como un dictador, pretende que una aclamación popular perdone los abusos y una gavilla lo defienda. El presidente Uribe desacata la sentencia y arremete contra la Corte Suprema de Justicia con el claro propósito de ocultar lo inocultable: que su reelección es fruto del delito, tanto en la aprobación del acto legislativo que reformó la Constitución para permitir su reelección, como en las elecciones mismas, donde la intervención de grupos paramilitares es la base de sus mayorías en muchas regiones del país, tal como ha sido demostrado también por la Corte Suprema en los procesos judiciales que se han adelantado contra congresistas de la bancada del presidente y que han sido vinculados y condenados por actuar dentro del proyecto paramilitar.

La Corte Suprema de Justicia reunida en Sala Plena respondió las acusaciones del presidente señalando que compulsar copias a la Corte Constitucional para que revisen la legalidad del acto legislativo que permitió la reelección es completamente legal y conforme a derecho y no un acto caprichoso y de persecución como lo señalo Uribe.

El presidente de la República debe renunciar. Un referendo para burlar la justicia y con nombre propio es indecente y totalmente inaceptable por el desconocimiento del Estado Social de Derecho.

Los indígenas de Antioquia llamamos a las organizaciones indígenas y sociales a que nos sumemos de forma inmediata en una movilización nacional exigiendo la renuncia del gobierno. Llamamos a los partidos políticos indígenas y alternativos a que se pronuncien sin dudas por la democracia y el Estado de derecho, contra el desacato a la justicia que ha cometido el presidente y contra el intento de golpe de Estado que se cocina en la Casa de Nariño. Llamamos a los pocos sectores democráticos que apoyan al gobierno a que se distancien claramente.

Las organizaciones sociales debemos defender y rodear a la Corte Suprema de Justicia y sus decisiones que son fruto del debido proceso y no de amaños para ocultar la verdad, esta situación nos confirma lo importante que es mantener la independencia de los poderes de un estado social y democrático de derecho, para evitar que el presidente y otros de igual talante pisoteen impunemente los derechos constitucionales que la voluntad popular definió en 1991.

Debemos defender las expresiones legítimas de protesta contra la injusticia social, la impunidad, la corrupción, la parapolítica y la violencia de Estado, para que estas no sigan siendo señaladas de terroristas, y no sean utilizadas como mecanismos de defensa de un Gobierno que gana simpatías populares a través de la complicidad de los medios masivos de comunicación, que a su vez se deben a los grupos económicos que venden los recursos del país al mejor postor.

Igualmente solicitamos a las organizaciones sociales y al conjunto de la sociedad que rodeemos y acompañemos a la Corte Constitucional para que el proceso jurídico de revisión que esta debe iniciar, no se vea entorpecido por amenazas, señalamientos y abusos del poder presidencial.

Tras la salida de Uribe Vélez de la presidencia, llamamos a conformar un gobierno de transición democrática que limpie al Estado del cáncer de la corrupción, la politiquería y el paramilitarismo que se lo han tomado en este gobierno, que convoque a un proceso de refundación democrática del país y que adopte de inmediato una salida política al conflicto armado.

Exigimos se nos respete la vida, nuestra autonomía y nuestro derecho a resistir.
Frente a las políticas de exterminio, resistencia y vida
ORGANIZACIÓN INDÍGENA DE ANTIOQUIA
COMITÉ EJECUTIVO