Condenar al departamento de Cundinamarca por concepto de perjuicios morales y materiales de 285 desplazados de la Hacienda Bellacruz ubicada en el departamento del Cesar, quienes luego que el 19 de febrero de 1996 fueran desalojados violentamente por grupos paramilitares con la aquiescencia de Carlos Arturo Marulanda ex ministro de Estado, padecieran la estigmatización de su reubicación, debido a los señalamientos de la entonces gobernadora del departamento, Leonor Serrano de Camargo, ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en virtud de la violación de sus derechos fundamentales.

 

 

La historia de los desplazados de la Hacienda Bellacruz se remonta a principios del año 1996, fecha en la cual, un grupo de 40 paramilitares vestidos de civil,[[“Llegaron en tres volquetas a nuestras parcelas y en medio de gritos y golpes nos sacaron de nuestras viviendas. Primero llegaron a la vereda Trocadero, golpearon a los campesinos y no les importó maltratar a las mujeres, ancianos y niños. Nos decían que cumplían órdenes de Carlos Arturo Marulanda que reivindicaba las tierras como suyas. Llevaban armas de largo alcance, de las que usa el Ejército y para maltratarnos llevaban rejos de tres puntas de cuero de ganado; en cada punta de los rejos amarraron vainillas de fusil, para golpear dejando mayores heridas. Los paramilitares antes de proceder a las torturas nos preguntaban : ” Quieren conocer a Martin Moreno, el que quita lo malo y pone lo bueno “, luego procedían a los juetazos en la espalda. A uno de mis vecinos, padre de diez hijos que quiso oponerse a que le quemaran su rancho, lo golpearon salvajamente hasta que sangrante perdió el conocimiento, lo dejaron casi muerto.”]] torturó, sometió a tratos crueles y degradantes a aproximadamente 270 familias campesinas que habitaban en dicha Hacienda, a las que además les incendió sus pertenencias, viviendas y cultivos, amenazándolas de muerte dentro de los cinco días siguientes, si no desalojaban la zona.

El desalojo que culminó con la presentación nuevamente del grupo armado el 19 de febrero, se llevó a cabo luego que la empresa Marulanda Ramírez Ltda, representante de los intereses comerciales de la familia Marulanda, perdiera un recurso judicial en el que se reclamaba parte de la tierra ocupada por los campesinos.[[La legítima y valerosa lucha campesina, obligó al Estado colombiano a definir la propiedad de BELLACRUZ que quedó demostrada con tres sentencias del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA y el Consejo de Estado (Res 1551 de20.04.94 ; Res 1125 de 13.03.96 ; Exp 12005 de 28.06.96). ]]

Y es que dichos terrenos estaban siendo disputados desde tiempo atrás por la familia Marulanda, [[La familia Marulanda como innumerables latifundistas colombianos, se apropiaron y fundaron un latifundio de más de 20.000 hectáreas mediante de el uso de la violencia, las compras forzadas de las tierras de las poblaciones campesinas del sur del departamento del Cesar desde los años cuarenta. Durante décadas, las comunidades campesinas realizaron una larga lucha por recuperar las tierras usurpadas, siendo víctimas de todo tipo de violencia efectuada por las fuerzas militares, policiales y paramilitares : asesinatos selectivos de nuestros líderes como GABRIEL LOPEZ, GUMERCINDO VUELVAS, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, destrucción de cultivos, viviendas, cientos de desalojos violentos. La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ]]en cabeza de Carlos Arturo Marulanda Ramírez, ex ministro y embajador ante la Unión Europea, por ese entonces, quien aducía que la totalidad de la Hacienda era de su propiedad, desconociendo los derechos de los campesinos sobre la tierra, acusándolos además para lograr su propósito de tener nexos con grupos guerrilleros.

Cabe recordar que por estos hechos Carlos Arturo Marulanda fue detenido en España en julio de 2001 y luego puesto en libertad el 1 de noviembre de 2002, tras retirarse los cargos en su contra por la colaboración con grupos paramilitares en el desalojo de los habitantes de la Hacienda, en una clara muestra de impunidad que rebosa las instancias judiciales en nuestro país.

No obstante la historia no acaba ahí. Luego de tres tomas pacíficas de las instalaciones del Incora en Bogotá por parte de los desplazados de la Hacienda y una más de la defensoría del pueblo, en las que reclamaban la legitimidad de la posesión de sus tierras, pasados tres meses de incumplimientos del gobierno, el Incora finalmente se comprometió a negociar y lograr la obtención de algunos predios que pudieran servir de asentamiento definitivo al grupo de familias campesinas, y el Ministerio del Interior a buscar un lugar de ubicación temporal, entre tanto se lograba el cometido del Incora.

Sin embargo, y aún cuando se presumía ya todo estaba resuelto, los protagonistas de esta historia de violencia, persecución e intolerancia, tuvieron que armarse nuevamente de valor.

La razón: la en ese entonces gobernadora del departamento de Cundinamarca, Leonor Serrano de Camargo, luego de conocer que el Ministerio del Interior buscaba un lugar para reubicar a los desplazados, cito a varios alcaldes del departamento advirtiéndoles en el encuentro “que se abstuvieran de recibir a los campesinos desplazados de la Hacienda Bellacruz, ya que estas personas eran guerrilleros que acarrearían conflictos en la comunidad”, [[Respondiendo el oficio librado por el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá quien conoció de una Acción de Tutela impetrada por esta actitud de la Gobernadora, la Alcaldía Municipal de Viotá informó]] realizando similares declaraciones en los medios masivos de comunicación.[[En el Noticiero 7:30 CARACOL, aparece la mencionada funcionaría manifestando que “a mi me molesta todo lo que hagan a mis espaldas, en mi casa; porque es que en mi casa si no me pueden entrar elefantes a mis espaldas”. Igualmente aparece una autoridad local que manifiesta “la preocupación que tenemos es que se traigan unas personas que han sido desplazados de la violencia que son reinsertados del Cesar , traerlos sobre todo a La Mesa que es una zona de tranquilidad y de paz.”
]]

A su vez, el 20 de agosto de 1996, los alcaldes de los diferentes municipios de Cundinamarca, manifestaron por escrito al Presidente de la República, el rechazo ante la política ejecutada por el gobierno nacional en cuanto a la reubicación de los desplazados del departamento del Cesar, por considerar que reubicarlos en su jurisdicción equivaldría a trasladar el conflicto social al mencionado departamento.

Quedaban una vez más, cerradas las posibilidades y los infructuosos intentos por lograr una ubicación definitiva para estas familias campesinas desplazadas, frente a lo cual fue interpuesta una tutela el 25 de septiembre de 1996, contra Leonor Serrano de Camargo en la que se solicitaba tutelar los derechos fundamentales a la libertad de tránsito y fijación de residencia dentro del territorio nacional, a la igualdad, al buen nombre, a la honra, a la presunción de inocencia y al debido proceso.

Aún cuando en primera y segunda instancia, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente decidieron negar las pretensiones de la tutela interpuesta, la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, mediante sentencia T-227 del 5 de mayo de 1997, revocó ambas decisiones, y en consecuencia reconvino a la gobernadora de abstenerse de restringir la libre circulación de los desplazados por la violencia y de hacer expresiones públicas en su contra, y le ordenó darles un trato acorde con la dignidad humana.

Así mismo ordenó a la Defensoría del Pueblo, la iniciación de un curso de promoción de los derechos humanos, dirigido a la Gobernadora y todos los alcaldes del Departamento de Cundinamarca, mediante los mecanismos presenciales o semipresenciales que estimase.

Finalmente el 29 de diciembre de 1996, las familias campesinas desplazadas fueron reubicadas permanentemente en dos fincas adquiridas por el Incora para tal fin, ubicadas en el departamento del Tolima

No obstante, el calvario de estas familias campesinas, es hoy día el de muchos de los 3 millones de desplazados que tiene Colombia. ¿Quién responderá por las tierras despojadas? ¿Se les devolverá la vida a aquellos campesinos que asesinaron intentando salvaguardar sus predios? ¿Se podrá olvidar el daño causado y las estigmatizaciones de que fueron víctimas? ¿Basta con que los paramilitares devuelvan sólo unas de sus tierras, para reparar el daño causado?

De ahí que el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sea un antecedente jurídico de reparación importante, que de alguna manera da respuesta a algunos de los interrogantes planteados. Sin embargo ninguna cuantía, ni nadie podrá mitigar el dolor de personas, como Fernando Anaya [[Nombre cambiado. Desplazado de la Hacienda Bellacruz.]]uno de los afectados, cuando hace referencia a todo lo que toco vivir:

“Cuándo nos van a reubicar? Ya hemos tenido bastante pena sabiendo que a nuestras tierras no podemos volver. A dónde vamos a ir? A la gente le da miedo hablarnos. Porque con tanta propaganda que han hecho en nuestra contra diciendo que somos guerrilleros, nadie quiere exponer su vida hablando con guerrilleros o prestándole un servicio a un guerrillero. Mataron a un carnicero en Pelaya solamente porque nos vendía la carne y nos regalaba el hueso para hacer la sopa al albergue donde nos concentró el Gobierno, por la misma razón mataron a un tendero que nos fiaba el mercado y nos regalaba el queso. Cuánto hemos perdido nosotros? Quién nos restablecerá la estabilidad perdida? la salud perdida, las vidas perdidas? Hay muchos que pueden comenzar desde cero, yo ya estoy viejo, he comenzado muchas veces desde cero, ahora las fuerzas me empiezan a faltar, no tengo una pensión, no tengo ahorros y todo lo que me quedaba lo quemaron en Bellacruz.”

 

 

 

Notas