El 25 de mayo de 2000, Jineth trabajaba para el diario El Espectador y cuando se disponía a realizar una entrevista periodística, fue secuestrada en la entrada principal de la cárcel La Modelo de Bogotá. Jineth fue privada de la libertad durante 16 horas, torturada física y psicológicamente, y violentada sexualmente por sus captores. Finalmente, fue abandonada en cercanías a Villavicencio, Meta.
A pesar de que en su momento el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y de que la CIDH pidió especial protección e investigación, los avances judiciales han sido mínimos. Once años después, el proceso sigue en etapa de investigación en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, sin que haya alguna persona procesada por lo sucedido.
El Estado colombiano ha incumplido su deber de investigar y sancionar a los responsables, durante un periodo de tiempo razonable. En el caso de Jineth Bedoya se violaron la libertad de expresión, integridad física, garantías judiciales y el derecho de la mujer, a vivir libre de violencia. De igual forma, el Estado incumplió su deber de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la tortura, todos ellos previstos en la Constitución, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y normas concordantes.
Ante esta clara violación a los derechos humanos y ante la inoperancia de la administración de justicia para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, la FLIP presenta este caso a consideración de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos – CIDH, para que el Estado colombiano responda por sus actuaciones y omisiones en estos hechos.
El caso de Jineth no fue solo contra una mujer o contra una periodista en particular, sino contra los derechos de las mujeres, la libertad de expresión, el derecho a informar y el derecho que tienen los ciudadanos a estar informados. El estado de impunidad en que se encuentra la investigación debe ser motivo de vergüenza para las autoridades competentes.
