Última actualización: 21 de mayo.
28 mars 2011, par
La Corporation Collectif d’avocats « Jose Alvear Restrepo » - CCAJAR - est une organisation non-gouvernementale colombienne à but non lucratif promouvant les droits de l’homme, composée de juristes professionnels ainsi que d’étudiants en droit.
28 mars 2011, par
Intellectuel colombien né à Medellín le 1er juillet 1913, son engagement aux côtés des causes populaires a fait de lui un humaniste et défenseur inlassable des droits de l’homme en Colombie.
28 mars 2011, par
Contribuer a la défense, la protection, la promotion et le respect des droits civiles et politiques, la lutte contre l’impunité et l’accomplissement de la vérité, la justice et la réparation intégrale, à travers des actions de nature juridique et politique tant au niveau national qu’international, et favorisant l’installation d’une démocratie juste et pacifique.
28 mars 2011, par
Chercher et établir la vérité, la justice et la réparation intégrale des violations des droits de l’homme et des crimes contre l’humanité commis en Colombie devant les instances nationales et internationales.
28 mars 2011, par
La Corporation Collectif d’Avocats Jose Alvear Restrepo naît du travail de l’Association Nationale de professionnels, Asonalpro, qui rassemblait des professionnels en provenance de disciplines distinctes et travaillant en faveur des secteurs sociaux et populaires, de la défense des prisonniers politiques, de l’assistance intégrale aux victimes de violations des droits de l’homme et à leurs familles, telles la disparition forcées, les exécutions sommaires, les massacres et la torture.
11 de junio de 2010, por
Hoy en horas de la mañana la Juez Segundo especializada de Popayán-Cauca, leyó el sentido del fallo dentro del juicio seguido contra 7 militares involucrados en la muerte de Edwin Legarda, esposo de la líder indígena Aida Quilcué.
4 de mayo de 2009, por
Recientemente, se tuvo conocimiento que durante los últimos años, el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- de forma abiertamente ilegal ha venido interceptando comunicaciones (chuzadas), haciendo seguimientos y recopilando información sobre personas y organizaciones a quienes ese organismo considera “enemigas” del gobierno. Así, por ejemplo, bajo su inquisidora lupa han estado en la mira Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros de la oposición, sindicalistas, defensores de derechos humanos, entre otros infortunados “elegidos”.
13 de mayo de 2008, por
El Embajador de Estados Unidos en Colombia William Brownfield afirmó recientemente frente a la extradición de los 14 jefes paramilitares que “con esta extradición, Colombia y EEUU serán mejores países[i]”, fundamentándose en la armoniosa relación entre ambos países y alegando que se han respetado todos los procedimientos establecidos en las leyes colombianas, que compartirán información con las autoridades de nuestro país y que el “sistema legal de Estados Unidos también reconoce el derecho de las víctimas de pedir compensación y recompensa en un proceso legal (...)[ii]
12 de mayo de 2008, por
Ninguna propuesta para reparar integralmente a las víctimas - judicial o administrativa - es de suyo un obstáculo para garantizar sus derechos humanos. Obviamente es el contenido de la propuesta, el que permite comprender cuál es el nivel de compromiso institucional para cumplir con las obligaciones internacionales sobre los derechos de las víctimas. De allí la importancia de examinar el contenido del decreto 1290 de 2008 del Gobierno Nacional para reparar a las víctimas de crímenes de lesa humanidad y demostrar que el objetivo gubernamental es, -como se recuerda en aquel pasaje bíblico-, comprar a las víctimas con un plato de lentejas a cambio de dejar de lado la discusión histórico - política sobre lo sucedido en el país.
20 de junio de 2007, por
El 18 de enero de 1989, quince funcionarios judiciales investigaban en el departamento de Santander graves violaciones de derechos humanos, entre ellas, la desaparición forzada de 19 comerciantes. De repente, fueron abordados por varias decenas de hombres armados que se presentaron como miembros de las FARC, quienes procedieron a desarmarlos y encerrarlos alrededor de dos horas y media. Seguidamente, los ataron con las manos en la espalda y los introdujeron en dos camperos, siendo conducidos al sitio “La Rochela”. Allí, a sangre fría fueron ejecutados uno a uno, en total estado de indefensión y vulnerabilidad.
Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
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