El Buró internacional de la Federación Internacional de Derechos Humanos -FIDH- reunido el 6, 7 y 8 de marzo de 2008 en el Cairo manifiesta en relación con Colombia:

Tomando nota de la muerte de Raúl Reyes y de otros 20 guerrilleros de las FARC en territorio del Ecuador, varios de los cuales han sido ultimados en el operativo militar de las Fuerzas Armadas de Colombia según lo ha denunciado el gobierno del Ecuador;

Considerando que este ataque militar en el territorio de un país vecino sin ninguna consulta con su gobierno, ha generado una grave crisis diplomática con los gobiernos de Ecuador y Venezuela que venían ofreciendo sus oficios para la liberación de todas las personas cautivas en poder de las FARC;

Tomando nota de la resolución de la Organización de los Estados Americanos del 4 de marzo de 2008 en la cual se reafirma el principio de inviolabilidad del territorio, se crea una comisión de investigación de los hechos que tendrá que proponer “formulas de acercamiento entre ambas naciones (Colombia y Ecuador)” y se convoca a una reunión para el próximo 17 de marzo en la cual se adoptarán recomendaciones;

Teniendo en cuenta que estos graves hechos tienen consecuencias en la escalada del conflicto armado en Colombia, que trasciende las fronteras vecinas y puede contribuir a la desestabilización de la región, con su impacto negativo sobre los derechos humanos y el incremento del drama humanitario;

Considerando que Colombia vive desde hace más de medio siglo un conflicto armado, que el drama humanitario ha ocasionado más de 4 millones de personas desplazadas, 31 mil personas detenidas y desaparecidas [1] , que existen 3588 fosas comunes identificadas y más de 60 mil ejecutadas extrajudicialmente, que cerca de 700 secuestrados estarían en manos de las FARC, y seis millones de hectáreas de tierra apropiadas ilegalmente por los paramilitares;

Considerando que durante la política de Seguridad Democrática de Alvaro Uribe, según cifras del Ministerio de Defensa de Colombia, de agosto de 2002 a diciembre de 2007, 107.850 colombianos y colombianas fueron víctimas de homicidio2, que durante el llamado proceso de “desmovilización paramilitar” más de 4 mil personas han perdido sus vidas a manos de estos grupos y, que se registran más de mil ejecuciones extrajudiciales en este periodo imputables a las Fuerzas Armadas;

Valorando que la movilización masiva del 4 de febrero de 2008, expresó claramente el repudio a las guerrillas, en particular contra las FARC, que mantiene personas secuestradas en condiciones infrahumanas y, que los organizadores de dicha movilización no permitieron que se condenaran los crímenes de todos los actores armados en Colombia, en concreto los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que también son imputables al Estado y los grupos paramilitares;

Valorando que el 27 de febrero, las FARC liberó unilateralmente 4 ex-parlamentarios más, gracias al apoyo de la senadora Piedad Córdoba y del gobierno de Venezuela, en una operación que contó con la colaboración del gobierno de Colombia;

Tomando en cuenta que el Presidente Uribe, en reiteradas ocasiones, ha atacado la independencia del poder judicial, denigrando la labor de la Corte Suprema de Justicia e incluso ha acusado penalmente al Presidente de la misma ante un Congreso que le es afín, por las gestiones que esta corporación ha adelantado en investigaciones penales de 52 parlamentarios cercanos al gobierno, por vínculos con el paramilitarismo o, por negarle a los paramilitares el tratamiento de “delincuentes políticos”;

Considerando que todas las víctimas del conflicto armado en Colombia, merecen nuestro homenaje y apoyo, para que se reconozca sus derechos irrenunciables a la verdad, a la justicia y a la reparación, y que la movilización de ayer propuesta por el movimiento nacional de victimas de crímenes de lesa humanidad también merecía apoyo pleno;

Tomando en cuenta los agravios, calumnias y amenazas a organizaciones victimas, organizaciones de defensa de los derechos humanos y movimientos sociales, en el contexto de las movilización del 6 de marzo, propiciadas por voceros del gobierno colombiano o por personas afines al mismo;

Considerando todo lo anterior, el Buró Internacional de la FIDH en cabeza de su presidenta Souhayr Belhassen, sus quince vicepresidentes, sus cinco secretarios generales, su director ejecutivo así como sus secretarios generales adjuntos, manifiesta:

Condenamos los crímenes internacionales y otras violaciones masivas de derechos humanos cometidas por todos los actores del conflicto armado en Colombia.

Respaldamos el llamado « Por la Vida, la Paz y la Democracia » y saludamos el cuarto encuentro de las organizaciones de víctimas de crímenes de lesa humanidad en Colombia, en el cual se convoca a la movilización de este 6 de marzo. Estimulamos la movilización de todas las víctimas del conflicto armado en Colombia, sin distinción entre ellas ni entre los autores de crímenes internacionales y reiteramos nuestro apoyo para que sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación sean plenamente respetados.

Llamamos a las Naciones Unidas, a la OEA y a la Unión Europea a contribuir de manera inmediata a una mediación que contribuya a resolver el conflicto diplomático de Colombia con los países vecinos, a reforzar el grupo de países amigos para impulsar el acuerdo humanitario que facilite la liberación inmediata de todas las personas cautivas y, más allá para que contribuyan a una salida política negociada al conflicto armado.

Exigimos al gobierno colombiano que garantice una efectiva desmovilización de los grupos paramilitares y, que no queden impunes sus crímenes atroces.

Respaldamos plenamente la gestión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que ha conducido investigaciones contra 52 parlamentarios por sus vínculos con el paramilitarismo y complicidad con sus crímenes. Exigimos al gobierno que garantice la independencia efectiva del poder judicial.

Instamos al gobierno colombiano a que ponga fin a la práctica de las ejecuciones extrajudiciales y que se separe del servicio activo y sancione a quienes las han promovido por acción u omisión.

Exigimos a las guerrillas a que ponga fin a la práctica del secuestro y toda otra forma de crímenes internacionales. Urgimos la liberación inmediata e incondicional de Ingrid Betancourt, y demás secuestrados civiles así como la garantía de su integridad.

Urgimos al gobierno colombiano a abstenerse de desarrollar operativos militares que pongan en peligro la vida de los secuestrados y a que, respete plenamente el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Insistimos sobre la plena justificación, oportunidad y urgencia que se active una investigación para todos los crímenes que son de la competencia de la Corte Penal Internacional desde el 1° de noviembre del año 2002.

Demandamos a todos los actores de la comunidad internacional de manifestar su solidaridad con todas las víctimas del conflicto armado interno en Colombia, y apoyar la finalización urgente de un acuerdo humanitario y también una salida política negociada del mismo que es la única solución posible.

* Souhayr Belhassen – Presidenta

* Yusuf Alatas – Vice-presidente

* Aliaksandr Bialiatski – Vice-presidente

* Amina Bouayach – Vice-presidenta

* Juan Carlos Capurro – Vice-presidente

* Cynthia GABRIEL -Vice-presidenta

* Sorraya Gutierez Arguello – Vice-presidenta

* Fatimata Mbaye – Vice-presidenta

* Vilma Nunez de Escorcia – Vice-presidenta

* Raji Sourani – Vice-presidente

* Arnold Tsunga – Vice-presidente

* Dan Van Raemdonck – Vice-presidente

* Tanya Ward – Vice-presidenta

* Peter WEISS- Vice-presidente

* Dismas Kitenge Senga -Vice-presidente

* Karim LAHIDJI – Vice-presidente

* Luis Guillermo Perez – Secretario general

* Olivier De Schutter – Secretario general

* Florence Bellivier – Secretaria general

* Driss El Yazami – Secretario general

* Paul Nsapu Mukulu -Secretario general

* Sophie Bessis – Secretaria general adjunta

* Jiri Kopal – Secretario general adjunto

* Elizabeth Allès, Secretaria general adjunta

* Janette Habel, Secretaria general adjunta

[1] Según cifras de la Comisión Colombiana de Juristas