Colombia ante la Corte IDH por asesinato de senador Manuel Cepeda Vargas

Colombia ante la Corte IDH por asesinato de senador Manuel Cepeda Vargas

La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrará audiencia pública en el caso Cepeda Vargas vs Colombia los días 26 y 27 de enero, en su sede en San José, Costa Rica.

El caso del senador Manuel Cepeda Vargas es de gran relevancia en Colombia ya que es un crimen de lesa humanidad y esta es la primera vez que llega a la Corte Interamericana el asesinato de un líder político colombiano. Su muerte se produjo en el contexto del exterminio de miles de miembros, líderes y simpatizantes de la organización política Unión Patriótica (UP) desde el momento mismo de su surgimiento en el año 1985.

 

 

Manuel Cepeda Vargas fue el último congresista postulado por la UP y que resultó electo. Con este hecho se truncó la posibilidad de representación política en el Congreso por parte de dicha agrupación, lo que incidió a la postre en la pérdida de su personería jurídica.

El Estado de Colombia ha reconocido su responsabilidad en el asesinato del Senador. Este había sido amenazado en reiteradas ocasiones y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había ordenado medidas de protección a su favor.

El 9 de agosto de 1994 el Senador fue asesinado por militares y paramilitares colombianos, cuando se dirigía al Congreso de la República, en la ciudad de Bogotá. Cepeda había denunciado públicamente la existencia de un plan, de las altas esferas del Ejército, para asesinarlo a él y a otros líderes de la UP.

El asesinato del senador Cepeda se mantiene en un alto grado de impunidad después de 16 años de ocurrido. A pesar que de se probó que en el mismo participaron agentes del Estado y paramilitares ninguno de los autores intelectuales fue condenado.

Solamente dos autores materiales (los sargentos del Ejército Nacional Hernando Medina Camacho y Justo Gilberto Zúñiga Labrador) fueron condenados. Sin embargo, parte de la pena la cumplieron en instalaciones del Ejército, lo cual favoreció que siguieran cometiendo crímenes aún estando supuestamente en prisión. Asimismo, recibieron numerosos beneficios y actualmente se encuentran en libertad.

A pesar de que Carlos Castaño Gil, uno de los máximos jefes paramilitares en Colombia reconoció su participación en el asesinato de Cepeda, este resultó absuelto en 1999.

Tras la muerte del Senador, sus familiares fueron amenazados de muerte por parte de agentes del Estado. Sus dos hijos, María e Iván debieron abandonar el país por razones de seguridad. En 2004, Iván regresa a Colombia y vuelve a ser víctima de amenazas por lo que la CIDH ordenó medidas de protección a su favor.

El Estado colombiano en el litigio del caso ante la Corte Interamericana ha intentado manipular la historia y negar que haya existido una violencia sistemática en contra de los seguidores y militantes de la Unión Patriótica.

Los familiares de la víctima, la Fundación Manuel Cepeda Vargas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo esperan que la llegada de este caso a la Corte coadyuve al reconocimiento de la verdad, a alcanzar justicia y a que se adopten medidas de reparación integral que posibiliten que hechos como el de este caso no vuelvan a ocurrir en Colombia.

*Hechos del caso *

Manuel Cepeda Vargas fue electo por el voto popular como Representante a la Cámara del Congreso durante el período 1991-1994 y como Senador de la República para el período constitucional 1994-1998. Asimismo, se destacó como comunicador social y cumplió funciones en la dirección y el consejo de redacción del semanario “Voz”. En sus últimos años de vida escribió artículos acerca del exterminio de miembros y dirigentes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, e hizo un seguimiento de las investigaciones de casos sobre asesinatos por presuntos móviles políticos. Además, presentó denuncias contra altos mandos militares presuntamente involucrados en la organización y desarrollo de grupos paramilitares.

En 1993 Cepeda alertó sobre la existencia del plan denominado “Golpe de Gracia”, que tenía como propósito eliminar a los dirigentes de la UP y el PCC y solicitó que se implementaran las medidas de seguridad necesarias para proteger a Gilberto Viera, Álvaro Vásquez, Aída Avella y José Miller Chacón, entre otros dirigentes. En dichas denuncias se sostuvo que el plan estaba diseñado por altos mandos militares.

El 25 de noviembre de 1993 fue asesinado José Miller Chacón, miembro del Comité Central del PCC. Manuel Cepeda denunció al Ministro de Defensa por hacer “oídos sordos” a las denuncias sobre el plan “Golpe de Gracia”.

El 9 de agosto de 1994 cerca de las 9 a.m. cuando el Senador iba hacia el Congreso de la República acompañado de su conductor y de su escolta, fue interceptado por varios individuos, entre ellos los Sargentos del Ejército Nacional Hernando Medina Camacho y Justo Gilberto Zúñiga Labrador, quienes hicieron varios disparos que impactaron en el vehículo y asesinaron a Cepeda.

El Estado de Colombia ha reconocido que el Senador Manuel Cepeda se encontraba amenazado de muerte. El 8 de agosto de 1994 el Senador recibió una carta con una lista en la que figuraba su nombre y en la que se señalaba que él y otros líderes políticos serían ejecutados.

Asimismo, años después, el máximo jefe paramilitar Carlos Castaño confiesa que dirigió el comando que ejecutó a Cepeda y reconoce que siempre lo vigiló e interceptaba sus llamadas telefónicas. No obstante, Castaño fue absuelto por la justicia colombiana.

La muerte del senador Cepeda sobresale en el patrón de violencia contra los militantes de la UP, miles de quienes fueron ejecutados o desaparecidos. El asesinato de Cepeda constituye un crimen de lesa humanidad, ya que se produjo en el marco de la comisión sistemática de actos de violencia contra personas con idéntica pertenencia política, situación que ha sido reconocido por varios presidentes colombianos, así como el Congreso, la Corte Constitucional, y la Defensoría del Pueblo de ese país.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, en 1998 manifestó en su informe a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que: “la actividad política colombiana se caracteriza por el alto grado de intolerancia frente a los partidos y movimientos de oposición. El ejemplo más dramático es el caso de la Unión Patriótica, cuyos militantes han sido víctimas de ejecuciones sistemáticas. Más de 1.500 miembros de este partido han sido asesinados desde la fundación del mismo en 1985, incluyendo autoridades electas y la casi totalidad de sus representantes al Congreso. Otros han tenido que exilarse y abandonar sus cargos políticos”.

El movimiento político Unión Patriótica surgió inicialmente como resultado de las negociaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno del Presidente Belisario Betancur Cuartas. El partido se convirtió en un espacio amplio, logrando el respaldo de movimientos políticos de izquierda y logrando importantes resultados electorales en los comicios de 1986 y 1988. En varias regiones de Colombia –Urabá, Meta, Antioquia, Santander, Arauca, Cundinamarca- la UP logró representación en los consejos y asambleas, y por primera vez en la historia de los movimientos políticos de izquierda en Colombia, alcanzó una significativa representación en el Congreso de la República. Perdió su personería jurídica en el año 2000 tras el asesinato de miles de sus miembros y dirigentes, incluyendo dos candidatos presidenciales y buena parte de su representación parlamentaria.

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