Otra actividad menos importante en cuanto a niveles de producción, pero que constituyen la base de la alimentación campesina son los cultivos tradicionales de maíz, yuca y plátano.
Con el inicio de la explotación petrolera por parte de la empresa canadiense Petrominerales han iniciado una serie de problemas que afectan a la población y al medio ambiente, convirtiéndose esto en un conflicto entre la empresa Petrominerales junto con sus empresas contratista y las comunidades. La comunidad desde inicios del 2010 ya viene haciendo las respectivas denuncias por afectación al medio ambiente y a las diversas fuentes hídricas ante la alcaldía municipal y ante las autoridades ambientales, frente a lo cual el mismo alcalde ha declarado sentirse con las manos amarradas ante la legislación tan laxa del Ministerio de medio Ambiente que permite que la empresa Petrominerales continúe realizando vertimientos de aguas contaminadas del proceso a los ríos Upia, Cabuyarito.
Mientras la empresa manifiesta estar preocupada por el medio ambiente, lo que han recibido los habitantes y sus recursos naturales es la constante mortandad de animales y de peces, además de la afectación a los cultivos. Definitivamente la vida se ha transformado. Ya ni la subienda se siente en el Rio Upia y la pesca que era una actividad que generaba ingresos a los pescadores de la región está en vía de ser abandonada.
De otra parte la empresa Petrominerales ha desarrollado una política de fragmentación social en el municipio coptando sectores de la población para que sirvan de defensores de sus intereses. La misma comunidad denuncia que muchos líderes que luchaban por los derechos de las comunidades se han retirado porque les han ofrecido trabajo en Petrominerales. “En las mesas de concertación éramos 18 y ahora estamos únicamente tres, por lo que la presión por la protección del medio ambiente ha disminuido” insistió Gómez (Nota Periodística).
En la vía de mantener una explotación intensiva del recurso Petrominerales, sin darle a sus habitantes la posibilidad de formarlos para que laboren en el proceso productivo, ha privilegiado la mano de obra foránea, dejando en el desempleo a la gran mayoría de la población económica mente activa, en medio de un municipio en el cual, según datos de la alcaldía municipal los índices de pobreza superan el 40.21% . Es más, la comunidad denuncia que ni siquiera se respeta lo ordenado por las licencias ambientales en el empleo de la mano de obra no calificada puesto que es constante ver que trabajadores que llegan al municipio con la fachada de ser contratados como mano de obra calificada finalmente desempeñan la labor de obreros.
También Petrominerales en su política de fragmentación social ha impedido que las formas asociativas de la comunidad se organicen. Se denuncia la intromisión a través de presiones y directrices en Juntas de Acción Comunal y por otro lado realiza campañas de desprestigio para que otras formas organizativas no se concreten. Hay que señalar la presión que ejerció para que los trabajadores NO pudieran conformar la Subdirecdtiva de la Unión Sindical Obrera en el Municipio. Primero en campañas de intimidación a los trabajadores para que no se afiliaran, esto a través de sus empresas contratistas, posteriormente con la desvinculación laboral de todos los trabajadores que habían hecho parte de la Junta Directiva, y por último la presión para que los dirigentes sindicales renunciaran al sindicato y lo hicieran a través de documentos registrados en notaría.
Es claro que si la comunidad no cuenta con formas organizativas para defender y establecer reglas en materia medio ambiental, laboral, de inversión social, de defensa de los finqueros, en el suministro de bienes y servicios, será Petrominerales quien impondrá las reglas que regularán estas relaciones, tal como hoy viene sucediendo.
Definitivamente La llegada de la industria petrolera no se ha traducido en una real inversión social, la industria local no se incentiva, el bajo empleo local y los bajos salarios no mueven la economía local. El desarrollo agro industrial y la capacitación de la población a ese ritmo está lejos de generar un real desarrollo.
Hoy después de estos años de intentar el diálogo para una real concertación con la empresa la población de Barranca de Upía ha vencido el temor para levantarse y exigir condiciones laborales dignas, que se repare el daño generado al medio ambiente y se establezcan mecanismo de protección, que las empresas petroleras paguen su deuda hacia la región por medio de una inversión social que produzca bienestar para todos los ciudadanos, que los bienes y servicios necesarios al funcionamiento de la industria petrolera sean comprados en el municipio y en el departamento, produciendo un desarrollo económico real y duradero. Por ende que se establezcan mecanismos de protección y de seguimiento a los derechos humano, para que jamás vuelva a repetirse la masacre que ocurrió en la región petrolera.
Desafortunadamente la reacción desde el estado a la manifestación que inició de manera pacífica por parte de la población, ha sido más hacia la protección de los intereses de la Empresa Petrominerales de tal forma que ha recurrido a la fuerza pública a través del ESMAD, atacando a la población con sus gases lacrimógenos y bombas de aturdimiento dejando ya varios niños y personas lesionadas, generando con ello la natural reacción de quien se siente agredido. La agresión de la fuerza pública, la política del estado en favorecimiento a las empresas petrolera y la negativa de la empresa Petrominerales a establecer una mesa de diálogo con la comunidad lo que está propiciando es una mayor polarización social con sus potenciales consecuencias.
PETICION DE LAS COMUNIDADES ANTE LA EMPRESA PETROMINERALES Y EL GOBIERNO
Las comunidades del área de impacto de las explotaciones que viene desarrollando la empresa Petrominerales solicitamos:
1. Que de manera inmediata cese la acción policial emprendida por la fuerza pública en contra de las comunidades de Barranca de Upia y Cabuyaro que se encuentran en reclamación de sus derechos. No debe emprenderse ningún tipo de acción judicial ni penalización en contra de los pobladores.
2. Que de manera urgente se habilite una mesa de diálogo en la cual participe la empresa Petrominerales, la comunidad de Barranca de Upia, la comunidad de Cabuyaro, la Unión Sindical Obrera, y que cuente con el acompañamiento del gobierno nacional que actué como garante de de los compromisos que se establezca entre empresa y comunidad.
La comunidad presentará formalmente un pliego donde se consignen todas sus peticiones y demandas ante la empresa Petrominerales en las cuales se establezcan los temas relacionados con el medio ambiente, derechos humanos, los aspectos laborales, la inversión social, los bienes y servicios y lo relacionado con los dueños de fincas impactados por la actividad petrolera desarrollada en el área.
JUNTA DIRECTIVA USO BARRANCA DE UPIA
Barranca de Upia (Meta), 9 de septiembre de 2011.
