Con sorpresa y frustración recibió Sintraime declaratoria de ilegalidad de la huelga en Fenoco

Fenoco es la empresa encargada del mantenimiento de la vía férrea y de controlar los trenes que diariamente transportan 160 mil toneladas de carbón desde los complejos mineros que las multinacionales Drummond, Glencore, Vale y Golmand Sachs tienen en el departamento del Cesar, hasta los puertos de Santa Marta y Ciénaga.

Los trabajadores de Fenoco afiliados a Sintraime decidieron votar la huelga en respuesta a la negativa de la empresa a negociar el pliego de peticiones presentado el 30 de marzo, y que comprende puntos que tienen que ver con estabilidad y mejores condiciones salariales y laborales, garantías sindicales, inversión social en la región, y el reintegro de 17 trabajadores que, según este sindicato, fueron despedidos injustamente hace dos años.

La declaratoria de ilegalidad de la huelga se suma a la decisión que tomaron el pasado lunes los 335 trabajadores de Fenoco no afiliados a Sintraime, quienes, en asamblea convocada por la empresa, resolvieron levantar la huelga y dejar que el conflicto laboral sea dirimido por un Tribunal de Arbitramento. Fenoco tiene en total 624 trabajadores directos, de los cuales 320 pertenecen Sintravifer, un sindicato cuya creación la promovió hace dos años la misma empresa para contrarrestar a Sintraime. Actualmente es mayoritario y fue el que ayudó a promover la votación por Tribunal de Arbitramento.

Sin embargo, para Sintraime ambos hechos: el Tribunal de Arbitramento y la declaratoria de ilegalidad de su huelga, no se ajustan a la normatividad laboral colombiana y por tanto, según lo informó Félix Herrera, presidente nacional de esta organización sindical, apelarán ante las autoridades judiciales competentes, que en el caso de la declaratoria de ilegalidad será, en segunda instancia, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

“Para votar el tribunal de arbitramento la empresa presionó en forma ilegal a los trabajadores, con abuso de poder. Los visitó en sus casas e incluso buscó en la clínica a los enfermos para que fueran a votar. Eso es un atentado contra la libertad de huelga consagrada en la Constitución, y es un mal precedente porque quiere decir que los patrones pueden exterminar el derecho a la huelga, pues cuando se le antoje convocan a los trabajadores mediante chantaje a que voten un tribunal de arbitramento con el fin de acabar con una huelga”, señaló Félix Herrera, quien aclaró que aún no han recibido de la empresa ni del Ministerio del Trabajo la convocatoria del Tribunal de Arbitramento.

En cuanto a la sentencia de ilegalidad de la huelga por parte del Tribunal Superior de Bogotá, el dirigente se mostró extrañado, ya que el sindicato realizó todo el proceso de votación de la huelga con ajuste a la ley. Según él, el Tribunal acogió argumentos con los que no están de acuerdo, como que el sindicato no pasó oportunamente la notificación al Ministerio del Trabajo, que no pusieron urnas de votación en dos municipios donde había apenas 4 trabajadores afiliados al sindicato, que no se le permitió el ejercicio de la vigilancia a los trabajadores no sindicalizados, que cerraron algunas urnas antes de las hora fijada.


“No le vemos fundamento a ninguno de esos argumentos, porque además son asuntos de procedimiento de potestad interna del sindicato”
, concluyó.

Qué dice el Min-trabajo y la CUT

Consultado por esta agencia de información, el viceministro de Trabajo, David Luna, dijo que su despacho en este caso procederá de acuerdo con las normas legales, o sea con lo que decida la justicia. Está a la espera de la notificación oficial del Tribunal Superior de Bogotá en cuanto a la ilegalidad de la huelga, y también a la espera de que la empresa notifique lo relativo al Tribunal de Arbitramento para verificar en qué condiciones se tomó esta decisión y si está ajustada a la ley.

Enfatizó el Viceministro que el propósito del gobierno es que los conflictos laborales se resuelvan por la vía del diálogo, pero que también está en la obligación de respetar los fallos judiciales y la normatividad establecida en el código laboral. En ese sentido, en el caso de Fenoco, lamentó que en las 7 mesas de trabajo que tuvieron en Barranquilla, Bogotá y Santa Marta, a las que asistieron representantes del sindicato y la empresa, no se haya llegado a ningún acuerdo.

Por su parte Fabio Arias, Fiscal Nacional de la CUT, opinó que es un hecho ilegal que la empresa haya puesto a votar a los trabajadores por tribunal de arbitramento y el levantamiento de la huelga.

“Si fueron el sindicato y los trabajadores los que decretaron la huelga, son ellos los que la deben levantar. Pero desafortunadamente tenemos un gobierno complaciente con las multinacionales, que no salvaguarda los derechos de los trabajadores. Así que lo que hay es un hecho político, una marrulla que se ha hecho con la complacencia del Ministerio de Trabajo, que toleró esa situación y permite que la empresa maniobre y ponga en enfrentamiento a los trabajadores”, señaló el fiscal de la CUT.


Huelga en Carbones de la Jagua completa 28 días

Para el 27 de agosto quedó fijada la fecha del fallo que deberá proferir el Tribunal de Valledupar en torno a la legalidad de la huelga que desde el 19 de julio mantienen los trabajadores en el complejo carbonífero de La Jagua, Cesar, de propiedad de la trasnacional Glencore, cuya producción es de 9 mil toneladas de carbón al día.

Alfredo Tovar, directivo de Sintramienergética, sindicato que dirige la huelga en Carbones de la Jagua, dijo a esta Agencia que ayer el Tribunal de Valledupar escuchó los argumentos de la empresa y los trabajadores y con base en ellos decidirá sobre la legalidad de la huelga. Confía en que el fallo sea a su favor, toda vez que los argumentos de la contraparte no tienen ningún sustento.

Los trabajadores de CDJ, agremiados en el sindicato nacional Sintramienergética, presentaron pliego el 11 de mayo, pero la empresa presentó un contrapliego con el que pretende recortar conquistas vitales para los trabajadores y sus familias, como son el aumento salarial (el sindicato pide aumento entre el 5 y el 7% y la empresa sólo ofrece el 2%), algunos aspectos de salud ocupacional y seguridad industrial, de estabilidad laboral, de incapacidades médicas, beneficios en el transporte, entre otros puntos. La empresa tampoco quiere resolver el derecho a la igualdad salarial (frente a igual trabajo igual salario), que es una odiosa política discriminatoria que impuso Glencore para enfrentar a los trabajadores no sindicalizados con quienes sí lo están.

La empresa alega que los trabajadores no solo paralizaron labores en Carbones de la Jagua, sino también las de otras dos empresas que operan en la zona, y que además lo hicieron de manera agresiva y violenta; argumento este que el sindicato refuta porque en ningún momento se utilizó la fuerza, ya que es inevitable que la huelga paralice toda la actividad porque Carbones de la Jagua es la puerta de entrada a las otras dos empresas.

Por otra parte, el sindicato le ha solicitado al Ministerio del Trabajo que se declare la unidad de empresa de las tres empresas, ya que todas son de propiedad de la Glencore; tanto así que las tres operan con la misma maquinaria y tienen los mismos jefes. Precisamente por eso la Superintendencia de Sociedades multó a la Glencore por no registrarse como grupo empresarial, con el fin de obtener beneficios en impuestos de regalías.
Frente a este conflicto de La Jagua, el viceministro de trabajo David Luna dijo que se están haciendo esfuerzos para lograr acercar a las partes a un diálogo, y que en próximos días se pronunciará sobre el tema de unidad de empresa solicitada por el sindicato.

Por otro lado, el sindicato denunció las amenazas de muerte que el 27 de julio recibieron por vía telefónica los dirigentes sindicales Félix Herrera, Luis Morales, Dayro Mosquera, y Ever Causado.

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