En particular la ley estatutaria representa un grave retroceso para las garantías de los derechos humanos en el país, y en particular para la protección de la población civil ante los abusos o excesos que pueda cometer la fuerza pública en sus acciones en el marco del conflicto armado, al establecer conceptos como el de ‘blanco legítimo’, el cual permite dejar al arbitrio de la fuerza pública atacar a los civiles si piensa que puedan representar un peligro, por lo cual se altera la esencia protectora del derecho internacional humanitario (Dih).
Uno de estos principios del Dih que pierden vigencia con la ley estatutaria y con el concepto de ‘blanco legítimo’ es el principio de distinción, el cual establece que en todo momento los combatientes en un conflicto armado internacional o no internacional -este último el caso colombiano- deben distinguir entre la población o las personas civiles y los combatientes.
Con el concepto de ‘blanco legítimo’ se legalizaría el asesinato de civiles a manos de la fuerza pública -ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias-, conocidas como ‘falsos positivos’. Estos y otros crímenes que cometan los miembros de la fuerza pública, quedarían en la impunidad además porque el acto legislativo y la ley estatutaria establecen que será la justicia penal militar será la que investigue y juzgue los delitos cometidos por la fuerza pública. .
Por ello es importante que como ciudadanos nos pronunciemos en contra de estas normas que atentan contra el Estado de Derecho, contra las garantías de las normas internacionales de derechos humanos y los principios básicos del derecho internacional humanitario, contra la democracia y contra las posibilidades de paz.
