Un teniente, 10 soldados profesionales del Ejército Nacional y dos civiles, fueron condenados por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Valledupar a 37 años de prisión por el homicidio del indígena kankuamo Víctor Hugo Maestre, presentado como abatido en combate el pasado 4 de octubre de 2004.

 

 

El teniente Leonardo Burgos Suárez, los soldados Pedro Andrés Cubillos Bolívar, Elkin Rojas, Luis Carlos Pacheco Bolaño, Luis Carlos Maestre Montero, Fernando José Rodríguez González, Juan Manuel Mejía Rodríguez, Jesús González, Albert David Peralta, Willinton Vega y Leuder Castillo Sánchez, adscritos al Batallón “La Popa” de Valledupar para la época de los hechos, quienes simulando pertenecer a la guerrilla, llegaron a su lugar de vivienda ubicada en el corregimiento de Atánquez, lo privaron ilegalmente de su libertad y ejecutaron sumariamente.

Al día siguiente el cuerpo del líder indígena, según informaciones de la Fiscalía, fue trasladado por miembros del Batallón de Artillería No 2, La Popa, hasta la morgue del Instituto de Medicina Legal, donde fue reportado por éstos como “muerto en combate en zona rural”.

Los militares, según los familiares de la víctima que estaban presentes el día de los acontecimientos, vestían prendas militares de uso privativo del Ejército Nacional, pero sin insignias. Al parecer pretendían llevarse 9 indígenas más, pero a uno la familia no lo dejó sacar y el resto lograron huir.

Es de destacar que Víctor Hugo Maestre era un reconocido líder indígena que gozaba de protección de medidas provisionales otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas medidas fueron adoptadas el 2 de julio del 2004, a raíz de las constantes ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones y desplazamientos forzados, así como amenazas y atentados efectuados por paramilitares y militares adscritos al Batallón de Artillería No 2 La Popa de Valledupar, contra el pueblo indígena Kankuamo.

Para la Organización Indígena Kankuama – OIK-, la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC – y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, este fallo demuestra una vez más, no solo el grado de desprotección de los pueblos indígenas en Colombia por parte del Estado, el avance paramilitar que en connivencia con el Ejército Nacional ha ocasionado el exterminio de las comunidades indígenas, sino una realidad que a todas luces el gobierno quiere ocultar, sobre todo a nivel internacional a tan solo una semana que el propio relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Ejecuciones Extrajudiciales, llegue a Colombia.