Ante las amenazas denunciadas por varias organizaciones defensoras de derechos humanos, el Defensor del Pueblo hizo un vehemente llamado a las autoridades del orden nacional y local y, especialmente, a los cuerpos de seguridad del Estado para que protejan la labor de quienes dirigen e integran estas organizaciones.

El Defensor del Pueblo puso de presente que la actividad de los trabajadores de los derechos humanos está sustentada en compromisos de carácter internacional adquiridos por el Estado, lo mismo que en la Constitución Política que establece como un deber de todos los colombianos defender y difundir los Derechos Humanos como fundamento de la convivencia pacífica. De igual manera, esta actividad, precisó Pérez Ortiz, está protegida por normas de carácter específico expedidas por nuestras autoridades, en especial por la Directiva Presidencial número 07, en la que se destaca la importancia de las organizaciones nacionales o internacionales que tienen por objetivo velar por la realización de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, quienes contribuyen a consolidar la democracia y se constituyen en elementos de control de las actuaciones del Estado y de los particulares y en fuente de iniciativas en la búsqueda de la paz y del reconocimiento de la dignidad del hombre.

Dicha Directiva, señaló el Defensor, condena las amenazas contra los miembros de organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos, y de cualquiera otra organización social, sindical, política, cívica, académica o comunitaria.

Recordó, a su vez, que la citada Directiva ordena a los servidores públicos abstenerse de cuestionar la legitimidad de las organizaciones de Derechos Humanos y sus miembros, que actúan de acuerdo con la Constitución y las leyes; de proferir afirmaciones que descalifiquen, hostiguen o inciten al hostigamiento a las mismas organizaciones, así como emitir declaraciones públicas o privadas que estigmaticen la labor propia de estas organizaciones y abstenerse de hacer falsas imputaciones o acusaciones que comprometan la seguridad, y el buen nombre de las organizaciones defensoras de derechos humanos y sus miembros.

Afirmó el Defensor que, de acuerdo con las quejas recibidas por su Despacho, las amenazas proferidas contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos provienen, al parecer, de grupos armados al margen de la ley. Agregó, que es responsabilidad del Estado y sus organismos garantizar de manera efectiva la tarea que vienen cumpliendo esas organizaciones, así como la seguridad de sus integrantes; razón por la cual, solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer su origen y deducir las responsabilidades de quienes realizan los actos intimidatorios y las amenazas denunciadas por las organizaciones no gubernamentales.

Recalcó, una vez más, que en un Estado social y democrático de derecho no se puede aceptar, bajo ninguna circunstancia, las amenazas e intimidaciones contra quienes se dedican a promover y defender los derechos humanos.

Del mismo modo, llamó la atención de los grupos armados al margen de la ley para que respeten de manera decidida las normas protectoras del derecho internacional humanitario y que imponen la obligación de excluir a la población civil de cualquier acto de hostilidad, incluidas las tácticas de terror y las amenazas contra quienes no toman parte en las hostilidades.

Finalmente, el Defensor del Pueblo, hizo llegar su voz de solidaridad a las organizaciones defensoras de derechos humanos y les reiteró su apoyo en el ejercicio de su legítima labor.