DICTAN ORDEN DE CAPTURA A MARIANO ENRIQUE PORRAS

A 7 años de prisión fue condenado Mariano Enrique Porras, mejor conocido como el urbanizador pirata, por fallo de segunda instancia emitido por el el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al tiempo que revocó la prisión domiciliaria de que gozaba ordenando su captura.

 

 

Igualmente fueron sentenciadas a una pena de 4 años, Marlen Yolanda Pérez Ortiz y Fabiola Peña de Guevara, quienes junto con Porras, promocionaron entre los años 1991 y 1992, entre personas de escasos recursos un plan de vivienda de autogestión y autoconstrucción.

Porras Buitrago, dirigente del movimiento político Unión Nacional Independiente y Renovadora (UNIR) para desarrollar este proyecto creó la sociedad Vivienda Social Limitada ? VISOCOL Ltda, el cual fue gerenciado por Fabiola Peña y la Corporación para el Desarrollo Humano Integral Vivienda Social, cuyo objeto era afiliar a las personas interesadas en adquirir las soluciones de vivienda que ellos promocionaban, así como recaudar el dinero que los afiliados aportaban, para la consecución del terreno en donde se construirían las unidades habitacionales.

Con dichos recursos, aportados por cientos de ingenuas personas , Porras a su nombre adquirió los predios Calandaima y Altamira, lugar donde se construyeron las unidades residenciales UNIR I y Unir II, en el sur occidente de Bogotá. Fue así como durante más de 18 meses, los potenciales adjudicatarios de vivienda consignaron periódicamente el dinero que previamente habían acordado en cuentas bancarias específicas o lo entregaban directamente en las oficinas que para ello tenían dispuestas, las cuales posteriormente desaparecieron, y con ellas el sueño de un centenar de personas.

El Tribunal encontró entre las irregularidades la falta de aprobación por parte del Departamento de Planeación Distrital de los planos de los predios Calandaima y Altamira. Igualmente quedó demostrado que Porras no contaba con permiso para enajenar vivienda o para adelantar programas con este fin, ?pese a lo cual realizó todas las gestiones tendientes a captar del público los recursos necesarios para la compra del terreno? .

Trece años después, las familias afectadas aún buscan infructuosamente quien les responda por sus dineros o en el mejor de los casos, les entreguen las viviendas que alcanzaron a ser construidas en dichos predios, al tiempo que esperan se haga justicia y las autoridades competentes cumplan con prontitud la orden de captura emitida por el Tribunal.

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