Llamamos al presidente Juan Manuel Santos, en su condición de Jefe de Estado, a presentar de inmediato una nota formal de protesta y una solicitud para que se reconsidere la decisión tomada por la Interpol. El Presidente de la República debe advertir que esta decisión constituye una afrenta a la administración de justicia en Colombia que actuando con independencia y en garantía del debido proceso, ha investigado y juzga a María del Pilar Hurtado por graves delitos comunes que han lesionado seriamente los derechos humanos de las víctimas, afectado la institucionalidad colombiana y la democracia.
El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”como representante de víctimas de la persecución política orquestada por el DAS durante el gobierno de Uribe Vélez y cómo víctima de las mismas actuaciones criminales, se permite expresar:
La decisión de la Interpol de negarse, por segunda ocasión, a tramitar la circular roja para posibilitar la captura y deportación de la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, hacia Colombia, constituye una afrenta inaceptable contra el Estado y la sociedad, así como una violación del Estatuto que le dio vida, y que prohíbe expresamente en su artículo 3º: “toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”. Al negarse a cooperar con la administración de justicia en Colombia, la Interpol se está politizando para favorecer la impunidad de crímenes comunes por los que se juzga a la ex funcionaria.
El Estatuto de la Interpol también establece como uno de sus fines en su artículo 2º, literal a): “conseguir y desarrollar, dentro del marco de las leyes de los diferentes países y del respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, la más amplia asistencia recíproca de las autoridades de policía criminal”. Por lo tanto consideramos inaceptable que incumpla sus fines al negarse a capturar a una prófuga de la justicia, juzgada por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, que podrían ser sancionados con una pena mínima de prisión de 10 años.
Desde el primer momento María del Pilar Hurtado ha contado con todas las garantías para su defensa y ha tenido y tiene un abogado de su confianza. El poder judicial ha actuado con total autonomía e independencia. Por otra parte, María del Pilar Hurtado no está siendo perseguida por delitos políticos y el asilo que le fuera otorgado irregularmente en Panamá, fue revocado por la Corte Suprema de Justicia de este país.
La respuesta de la mayor organización policial internacional del mundo, no está conforme con lo que establece el artículo 83 del Reglamento de Tratamiento de Datos que regula las notificaciones ó “circulares” rojas: La señora María del Pilar Hurtado está siendo juzgada por delitos graves de derecho común, no por asuntos culturales o de comportamiento, ni de carácter privado o administrativo, que son las excepciones allí contempladas.
La decisión de la Interpol ampara a la señora María del Pilar Hurtado con un estatus de inmunidad del que carecen incluso jefes de Estado acusados de delitos comunes y violaciones a los derechos humanos.
Llamamos al presidente Juan Manuel Santos, en su condición de Jefe de Estado, a presentar de inmediato una nota formal de protesta y una solicitud para que se reconsidere la decisión tomada por la Interpol. El Presidente de la República debe advertir que esta decisión constituye una afrenta a la administración de justicia en Colombia que actuando con independencia y en garantía del debido proceso, ha investigado y juzga a María del Pilar Hurtado por graves delitos comunes que han lesionado seriamente los derechos humanos de las víctimas, afectado la institucionalidad colombiana y la democracia.