En carta dirigida al Juez Penal del Circuito Especializado de Sincelejo, Carlos Ángel Caicedo, quien lleva sus casos, y al Consejo Superior de la Judicatura, las madres, padres y hermanos, le solicitan celeridad, por cuanto “no hemos visto cumplido nuestro derecho de justicia, el cual implica, no solo una investigación imparcial, sino el que haya juicio y castigo a los responsables”
Hace cuatro años, precisamente en el mes de julio, empezaron las primeras desapariciones. Deiner José de Hoyos, Frank Arley Padilla y Jhon Jairo Colón, nunca más regresaron a sus hogares. Con ellos se fueron uno a uno, los otros jóvenes, Carlos Alberto Baleta Jimenez, Luis Alberto Pérez Mercado, Julio Rafael Julio Olivero, Juan Bernardo Patron Viloria, Miguel Enrique Jiménez Chamorro, Luis Fernando Mejía Vides, Cristian Javier Vergara Osuna y Evin David Paternina Parra, único de ellos, que aún se encuentra desaparecido.
Se fueron engañados, creyendo en propuestas laborales que les mejorarían la vida, realizadas por varios reclutadores – como se les conoce – y a quienes, a la fecha, a pesar de haber terminado sus juicios, no se les ha definido su situación jurídica.
Esto pasa con Andrés Gregorio Pacheco, que tuvo su última audiencia pública en noviembre de 2008, con Robinsón Barbosa Almaza, quien terminó su juicio en el 2009 y con Andrés Corrales cuyo proceso culminó en el 2010.
Pero lo mismo sucede con los militares implicados, los soldados Luís Miguel Sierra e Iván Contreras, quienes eran los enlaces entre los reclutadores y los miembros del Ejército, pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta que operaba en la región, entre éstos, el Mayor Orlando Céspedes Escalona, a quien le acaban de proferir resolución de acusación, y el Coronel Luis Fernando Borja, que se acogió a sentencia anticipada, por estos hechos.
