Derecho a la Justicia

Última actualización: 30 de julio.

  • ¿Podremos encontrarlos? Foto reportaje

    27 de julio, por Yhoban Camilo Hernández Cifuentes - IPC

    ¿Estarán allí? ¿Cuántos habrá? ¿Cómo estarán? ¿Podremos encontrarlos? ¿Cuánto tardará? Con más incertidumbres que certezas, con más nostalgia que alegría, pero con mucha esperanza, comienza la búsqueda de personas desaparecidas en las escombreras de la Comuna 13, occidente de Medellín. Este lunes 27 de julio de 2015 las víctimas realizaron un acto simbólico para dar inicio al proceso.

  • Plantón Nacional: Por la soberanía, no a la extradición

    22 de julio, por FCSPP

    La campaña “por la soberanía no a la extradición “es un espacio de denuncia e incidencia de carácter nacional e internacional abierta y amplia que evite la extradición de colombianos como herramienta que socaba la soberanía. Se enmarca y se desarrolla en el punto 5 de la plataforma general del movimiento nacional carcelario. A través de ella se busca visibilizar la situación jurídica y carcelaria de las personas extraditadas, el procedimiento con que opera este mecanismo y las consecuencias que acarrea para nuestra soberanía.

  • Narváez no sólo determinó sino que fue coautor mediato del crimen de Jaime Garzón: abogados de la familia

    21 de julio, por Prensa - Colectivo

    José Miguel Narváez no se limitaba a impartir su ideología anticomunista a paramiltares y batallones del Ejército por igual, sino que era el puente entre unos y otros, según testimonios de paramilitares y de oficiales en retiro que lo reconocieron como un Teniente de la Reserva del Ejército y profesor de la Escuela Superior de Guerra donde impartía un curso denominado “guerra política” consistente en demostrarle al alto mando militar que los dirigentes sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos y personalidades de la sociedad civil de la izquierda eran más peligrosos que los “guerrilleros en armas”, e incluso suministraba listados de personas que debían ser asesinadas.

  • Nuevo falso positivo judicial: Detención de campesino dirigente de la Fundación DHOC y Marcha Patriótica

    16 de julio, por DHOC

    Cerca de las 5:20 de la tarde el defensor de Derechos Humanos ESMER MONTILLA GUTIÉRREZ salió a hacer una recarga de celular de la oficina de la Fundación DHOC,de la Mesa Unidad Cívico Agraria y Popular del Oriente Colombiano –MUCAPOC-, y del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica. A cerca de una cuadra de la sede se encontró con dos dirigentes de DHOC y MUCAPOC, en ese momento llego un vehículo del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía – CTI. Luego los agentes que descendieron del vehículo se dirigieron a ESMER lo requisaron y lo capturaron.Luego los agentes del CTI lo llevaron a la sede social y política para recoger documentos y finalmente se lo llevaron para las instalaciones de la fiscalía y lo pusieron a disposición de la fiscalía 48 especializada.

  • Militares procesados por ejecución extrajudicial del campesino Aicardo Antonio Ortiz insisten en solicitar libertad

    15 de julio, por Humanidad Vigente

    Estas reiteradas solicitudes con las cuales la defensa de los militares pretende la libertad para los procesados, se realizan quizás con la intención de que éstos no comparezcan ante la justicia una vez se dicte sentencia, debido a que en el juicio que se adelanta contra los militares, las pruebas ya fueron practicadas y solo falta se realice una última por parte de la defensa de los acusados y así un juez proceda a dictar sentido del fallo.

  • Víctimas, organizaciones y congresistas demandan reforma al fuero penal militar

    15 de julio, por CCajar

    La reforma señala que al momento de investigar conductas delictivas que ocurran en el marco del conflicto armado, fiscales y jueces deben aplicar el Derecho Internacional Humanitario. Este cambio, de acuerdo con el espíritu de la reforma y la sustentación de la misma en los debates legislativos, significa que en estos casos se excluye la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, regla contraria a las normas internacionales que establecen que los derechos humanos se aplican en todo tiempo y lugar. Como se recodará, ya la Corte Constitucional había declarado la inconstitucional del Acto Legislativo 02 de 2012 por vicios de forma, y en esta oportunidad se espera que se pronuncie de fondo y establezca que el nuevo texto constitucional contradice tratados internacionales de derechos humanos y la voluntad del constituyente de 1991.

  • La defensa de Paola Salgado rechaza señalamientos de la policía

    14 de julio, por Equipo Jurídico Pueblos

    El señalamiento efectuado por el máximo comandante de la policía nacional es una nueva violación al debido proceso y a las garantías mínimas que deben tener los procesados en un Estado de Derecho, es otra trasgresión de la presunción de inocencia que se da en un proceso como este, lleno de arbitrariedad e ilegalidad; pero ahora también se ataca el acceso a la justicia de toda la sociedad colombiana y el ejercicio de la abogacía, tal y como dice la abogada defensora, Gloria Silva.

  • Cumbre agraria, campesina, étnica y popular rechaza la persecución política y los falsos positivos judiciales contra el movimiento social

    13 de julio, por Cumbre Agraria

    En el transcurso del día las personas detenidas ascendían a 15.Desde la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, manifestamos nuestra preocupación ante
    con este nuevo caso de detención masiva en que se sindica a lideres sociales de pertenecer a la guerrilla y cometer actos terroristas. Lo que observamos es una persecución política, dado que las personas capturadas como sospechosas son jóvenes destacados dirigentes sociales y estudiantiles, miembros en su mayoría, del Congreso de los Pueblos a quienes sin indicios ni pruebas se les condena públicamente de ser miembros de grupos guerrilleros.

  • La aplicación correcta de la justicia en el caso de las quince personas detenidas por los atentados en Bogotá

    13 de julio, por CCEEU

    En diferentes medios se caracterizó a los supuestos terroristas, presentando como indicios de sus actividades criminales el hecho de estudiar o haber estudiado en universidades públicas; de ser dirigentes estudiantiles o barriales, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos; de pertenecer al Congreso de los Pueblos, o de tener vínculos laborales con la administración distrital. Sus actividades, junto con las publicaciones de estas personas en redes sociales, fueron suficientes para que fueran expuestas públicamente, sin consideración a sus familias, ni a sus derechos y garantías judiciales.

  • La Escuela Nacional “Orlando Fals Borda” rechaza públicamente la detención arbitraria de los 13 líderes y lideresas estudiantiles, comunitarios y defensores de derechos humanos

    13 de julio, por Escuela Nacional Orlando Fals Borda

    Este accionar de las autoridades es lo que se conoce como “falsos positivos judiciales” que son sistemáticos montajes judiciales contra dirigentes del movimiento social y población civil en general en el afán de mostrar resultados. Según datos del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, estos “falsos positivos judiciales” han representado más de 13.000 demandas administrativas al Estado por errores judiciales, lo que compromete cerca de 27 billones de pesos del presupuesto nacional.

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