Derecho a la Justicia

Última actualización: 2 de septiembre.

  • A Juicio cuatro integrantes de la Fuerza Pública por masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja

    31 de agosto, por Prensa - Colectivo

    Por decisión de la Fiscal 34 de la Unidad de Derechos Humanos y DIH, delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga, un coronel de la Policía, un mayor y dos tenientes del Ejército deberán responder en juicio por la masacre del 16 de mayo de 1998 cometida en Barrancabermeja, Santander. Según el llamamiento a juicio, el grupo paramilitar Ausac fue coautor de la masacre junto con integrantes de la V Brigada del Ejército que planearon la masacre como estrategia de expulsión de las guerrillas de las Farc, el ELN y el EPL, junto con oficiales de los batallones Nueva Granada y 45 Héroes de Majagual, miembros de la Policía del Magdalena Medio y Barrancabermeja, del DAS regional, de la oficina de seguridad de Ecopetrol y comerciantes de la región.

  • Aprendizajes y recomendaciones desde las víctimas: Dos documentos sobre extradición y desmantelamiento del paramilitarismo

    31 de agosto, por Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" Cajar, FCSPP, Movice

    Los presentes documentos son el resultado del trabajo conjunto de varias organizaciones colombianas de derechos humanos, con el apoyo de Open Society Foundation, que buscaron analizar la extradición de jefes paramilitares a cárceles estadounidenses en el marco de la desmovilización de estas organizaciones pactada con el Estado colombiano, así como el estado real del desmantelamiento de las estructuras paramilitares en el país. Consulte y desargue aquí las versiones actualizadas de estos trabajos.

  • El próximo domingo 30 de agosto nos movilizamos en contra de la desaparición forzada en Medellín: ¡Por una paz sin desaparecidos!

    28 de agosto, por Corporación Jurídica Libertad

    Por eso, convocamos a movilizarnos, desde todos los rincones de la ciudad de Medellín, el domingo 30 de agosto, para exigir la erradicación de estas prácticas por parte de agentes estatales, la creación de un mecanismo especializado de búsqueda de personas vivas, un programa nacional de identificación de las más de 20.000 personas catalogadas como N.N.’s que reposan en cementerios sin que sus familias sepan que han muerto y el enjuiciamiento y sanción de los autores intelectuales y materiales de los hechos.

  • Por la vida, por la esperanza, por la memoria de Leonardo Posada Pedraza

    28 de agosto

    El uso del lenguaje común fue una de sus banderas. Criticaba a los que usaban un discurso elaborado y en su vida procuró transmitir sus ideas con la palabra del pueblo. Así lo recuerda el cineasta colombiano Lisandro Duque, hoy gerente de Canal Capital, quien hace unos años reconstruyendo la memoria de este líder político recordaba sus épocas de trabajo en el Periódico Rojo de la Juventud Comunista (Juco), “... yo estaba encargado de producir el periódico y Leonardo -más joven que yo- me explicaba lo del antiimperialismo, la nueva democracia, la dialéctica. Él nunca citaba un texto con aire de sapiencia”.

  • Gobierno colombiano insiste en profundizar impunidad con reforma al Fuero Penal Militar

    21 de agosto

    Ese paquete de iniciativas se consolidó en el Acto legislativo 01 de 2015, aprobado el pasado 10 de julio por el Congreso de la República en donde de manera ambigua, se tergiversa el Derecho Internacional Humanitario (que es un mecanismo de protección en acciones de guerra), para mantener viva la figura del "blanco legítimo" y del "daño colateral" entre otras, que interpretan que el DIH otorga licencias para matar civiles en determinadas circunstancias

  • Líder de comunidad afrodescendiente víctima de homicidio

    11 de agosto, por Amnistía Internacional

    El líder de una comunidad afrodescendiente Genaro García, del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, fue víctima de un homicidio el 3 de agosto en el municipio de Tumaco, en el sur de Colombia. Había recibido amenazas y estaba bajo la protección del Estado; podría haber otras personas en situación de riesgo.

  • La lucha de las mujeres en la comuna 13 mueve montañas

    8 de agosto, por Periferia

    Las mujeres han exigido que se les garantice el acompañamiento psicosocial durante todo el proceso y han construido una propuesta de campamento permanente, adecuado para que puedan estar allí diariamente unas diez personas entre víctimas y psicólogos, donde pueda adelantarse, además de la labor de veeduría, un trabajo de memoria. Explican que se trata no solo de recoger los relatos individuales de las víctimas, sino de la reconstrucción de la memoria colectiva de la Comuna 13 y lo que ésta ha significado para la vida de la ciudad entera.

  • La escombrera: Inician excavaciones con 13 años de retraso

    6 de agosto, por Agencia de Prensa IPC

    Cerca de las nueve de la mañana arribaron las mujeres. Se reunieron en círculo dentro en un conteiner para ajustar detalles del día, y a las diez fueron agarrando sillas de plástico. Se ayudaron entre sí a tomar asiento y se pusieron una al lado de la otra, para contemplar un espectáculo que tenía lo mismo de terrible que de esperanzador: el operario de una excavadora apostada en un barranco esperaba la orden del antropólogo forense John Fredy Ramírez para poner marcha a la maquinaria.

  • La escombrera: fosa de impunidad en la guerra global contra los pueblos

    1ro de agosto, por Tejido de Comunicación ACIN

    Un país que ha servido como experimento de esta maquinaria es Colombia. Allí se han sembrado cadáveres en todo el país en una estrategia genocida con fines económicos y políticos del capital. En el 2006 hubo una masacre cometida por paramilitares cada 8 días y siguen absolutamente impunes.

  • Juez archiva la investigación contra el periodista Jorge Eliécer Orozco por calumnia agravada

    31 de julio, por FLIP

    La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) celebra esta decisión, pues el acoso judicial se ha convertido en una de las principales estrategias de censura contra los periodistas en Colombia. A los comunicadores se les amedrenta con denuncias penales o civiles para impedir que opinen o que informen, algo que no permite la libertad necesaria para cumplir con su oficio.

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