Cuando una persona pierde el empleo, inmediatamente pierde también los ingresos; al mes siguiente pierde la seguridad socia; y si su situación de desempleo se alarga, consumirá sus escasos ahorros y arriesgará que sus hijos, si están en colegios y universidades privadas, sean excluidos por falta de pago. Según el Ministerio de la Protección Social, en 2007 se otorgaron 80.600 subsidios de desempleo, y 26.806 en los primeros cuatro meses de 2008. En esto consiste la política de “protección” que el Estado le otorga a los desempleados, que sólo cubre al 2.8% de la población desempleada.
Para la población cesante y desempleada del país el Estado Social no existe.
Cuando una persona pierde el empleo, inmediatamente pierde también los ingresos; al mes siguiente pierde la seguridad socia; y si su situación de desempleo se alarga, consumirá sus escasos ahorros y arriesgará que sus hijos, si están en colegios y universidades privadas, sean excluidos por falta de pago.
Según el Ministerio de la Protección Social, en 2007 se otorgaron 80.600 subsidios de desempleo, y 26.806 en los primeros cuatro meses de 2008. En esto consiste la política de “protección” que el Estado le otorga a los desempleados, que sólo cubre al 2.8% de la población desempleada. Y lo hace con recursos de los propios trabajadores, pues son las Cajas de Compensación Familiar las que se encargan de pagarlo mediante la entrega de un bono equivalente a 1.5 salarios mínimos, ($745.350), el cual se divide y otorga en seis cuotas mensuales iguales, cada una de $124.225; cuotas que se hacen efectivas a través de aportes al sistema de salud, bonos alimenticios o de educación, según la elección que haga el beneficiario.
Contrasta esta política con los beneficios que el “Estado Comunitario” les otorga a los grandes empresarios nacionales y extranjeros. Según Salomón Kalmanovitz, (El Espectador, 24/03/09), las exenciones de impuestos a las empresas le representaron en el 2008 al fisco nacional $5,7 billones, equivalentes el 1,2% del PIB, o a cerca del 6% del recaudo total de la nación. Y el propio Ministro de Hacienda reconoció por Radio Caracol (25/03/09) que la reforma tributaria del 2006 les va a significar a los empresarios en el 2009 un punto menos en el impuesto a la renta y medio punto menos en timbre nacional, los que sumados equivalen a $2.2 billones, que es lo que los empresarios dejarán de pagar en este año por esos dos conceptos. Lo que significa que en solo dos años los grandes empresarios le dejaron de aportar al país $7.9 billones de pesos (¡!).
Si en vez de beneficiar con estas exenciones tributarias a los “riquitos”, como les dice el presidente, y estos recursos mejor se utilizaran para financiar el subsidio al desempleo, con los $5.7 billones de exenciones que tuvieron en 2008 se hubiera podido pagar, a todos los desempleados y cesantes (2´830.000 personas), un salario mínimo ($496.900) durante 4 meses. Y con los $2.2 billones que por exenciones dejarán de pagar en 2009, se podrá pagar un salario mínimo durante 8 meses a los 531 mil jefes y jefas de hogar que hoy están desempleados. O se podría darles a todos los desempleados un ingreso antiindigencia ($120.000) durante 6 meses.
Adicionalmente, el gobierno también podría encargarse de que ningún trabajador cesante pierda su acceso a la seguridad social. La gran mayoría de los trabajadores cesantes tienen un problema, y es que por su condición socioeconómica anterior a la pérdida del empleo, no clasifican para el SISBEN, por lo que al mes siguiente ya no aparecen en los sistemas de las EPS y se quedan completamente al margen de la seguridad social en salud. Adicionalmente, el gobierno también podría asumir la financiación del estudio en las universidades públicas para los hijos e hijas de los trabajadores que pierden el empleo.
El Gobierno está en la obligación de promover políticas públicas que hagan realidad la noción de Estado Social que acordamos en la Constitución de 1991, que hacen de Colombia un Estado “fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas”; un Estado que señala que “sus fines esenciales son los de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”; un Estado que le define a las autoridades de la República “el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y en asegurar el cumplimiento de los deberes sociales”; un Estado que tiene “la obligación de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta”.
Rebajarles los impuestos a los “riquitos” no va a significar mayor inversión ni mayor consumo, como lo afirma el Ministro de Hacienda. Al contrario, estos recursos terminarán en las cuenta de estas personas en algún paraíso fiscal. Los tiempos de crisis y recesión económica, como el que empezamos a vivir, en los que se va a incrementar el número de personas al margen de la protección social y sin ingresos, lo que exigen son políticas en otro sentido, como las iniciativas atrás propuestas. Estas políticas tendrán además un impacto positivo contra la crisis misma, en la medida en que al asegurar un mínimo de ingresos para toda la población cesante, el mercado interno se dinamiza afectando positivamente la industria, el comercio y los servicios, en un contexto en donde la industria está perdiendo mercados, como lo muestran la caída de la exportaciones hacia los Estados Unidos, Venezuela y Ecuador.