El 30 de agosto se celebra el Día Internacional de los Desaparecidos.
Todos los años Amnistía Internacional, y otras ONG y asociaciones de
familiares, exigen justicia para las víctimas de desapariciones forzadas.
La organización hace campaña para que todos los Estados revelen la
suerte y el paradero de las personas desaparecidas y, si no las van a
poner en libertad, que las acusen de un delito común reconocible y las
sometan a un juicio justo conforme con las normas internacionales.
Convención de la ONU sobre personas desaparecidas
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas entró en vigor el 23 de diciembre de
2010, tras haberse convertido Irak en el vigésimo país que la ratificó.
La Convención tiene por objeto evitar las desapariciones forzadas,
determinar la verdad sobre estos delitos, castigar a los responsables y
ofrecer reparaciones a las víctimas y a sus familias. Hay un Grupo de
Trabajo de Naciones Unidas que se ocupa de este asunto.
Actualmente, 88 Estados han firmado la Convención y 29 la han
ratificado, incluido España. Amnistía Internacional pide a los Gobiernos
que ratifiquen esta Convención y muestren así su propósito de perseguir
esta grave violación de los derechos humanos.
El Grupo de Trabajo ha registrado más de 50.000 casos de desapariciones
forzadas en los últimos 30 años, aunque la cifra total de desaparecidos
es mucho mayor. Un buen número de casos no se denuncian, entre otros
motivos, por la pobreza, el analfabetismo, el temor a las represalias,
una mala administración de justicia, canales de información ineficaces,
sistemas institucionalizados de impunidad, una práctica de silencio y
restricciones a la labor de la sociedad civil.
Situación en el mundo
Amnistía Internacional ha documentado desapariciones forzadas en muchos
países. A continuación destacamos algunos de ellos por áreas geográficas.
Oriente Medio y Norte de África
Libia. Desde que comenzaron los disturbios en febrero de 2011, miles de
personas han sido sometidas a desaparición forzada por las fuerzas del
coronel Gadafi. Entre estas hay personas sospechosas de oponerse a
Gadafi, personas detenidas por las fuerzas de Gadafi en retirada y
quienes desaparecieron en enfrentamientos en el este del país. A algunas
se las llevaron tras redadas practicadas por fuerzas de Gadafi en
territorios bajo control de la oposición y a otras, al abandonar los
baluartes de la oposición. Desde el comienzo de los disturbios, los
familiares de presos políticos a los que ya mantenían recluidos las
autoridades de Trípoli no han tenido noticias de sus familiares
encarcelados. Muchas han podido sufrir tortura y otros malos tratos, e
incluso ser víctimas de ejecución extrajudicial.
Siria. Las manifestaciones para exigir reformas en Siria comenzaron en
febrero de 2011 y desde mediados de marzo las fuerzas de seguridad
sirias han llevado a cabo una campaña de violencia contra los
manifestantes. Al menos 1.800 personas han muerto -Naciones Unidas eleva
el número a 2.200-, incluidos más de 80 menores de edad. Se ha detenido
a miles de personas, muchas de las cuales permanecen recluidas en
régimen de incomunicación, bajo grave riesgo de ser torturados, y otras
muchas han sido desaparecidas. Recientemente, han sido recluidos cuatro
jóvenes activistas que ayudaban a organizar protestas pacíficas en
Damasco y sus inmediaciones. Se encuentran en paradero desconocido.
Líbano. En abril de 2011 Amnistía Internacional presentó un informe en
el que denunció que las autoridades libanesas han tomado pocas medidas
para investigar la suerte que han corrido miles de personas
desaparecidas desde la guerra civil de 1975-1990 pese a la campaña de
sus familiares por esclarecer la verdad.
Marruecos y Sáhara Occidental. El Consejo Consultivo de Derechos
Humanos, encargado de vigilar la aplicación de las recomendaciones de la
Comisión de Equidad y Reconciliación, publicó un informe en enero de
2010. Abarcaba en él el periodo transcurrido desde 2005, fecha en que la
Comisión de Equidad y Reconciliación, que había investigado las
desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos
ocurridas entre 1956 y 1999, había concluido sus trabajos. El informe no
incluía una lista exhaustiva de las personas desaparecidas, ni tampoco
conclusiones detalladas sobre casos individuales o información sobre si
proseguían las investigaciones sobre ellos.
El 14 de diciembre de 2010 se publicó con retraso una lista de 938
víctimas de desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos
como anexo al informe inicial. La información que se añadió a algunos
casos individuales era escasa e imprecisa. Se enumeraron seis casos
pendientes y se indicó que se investigarían en más profundidad.
América
México. Se ha producido un aumento en los informes de desapariciones a
manos de las fuerzas armadas en el contexto de operativos para combatir
el crimen organizado.
En otro orden, Amnistía Internacional ha documentado que la
investigación y el procesamiento de personal militar acusado de
violaciones de derechos humanos tienen lugar bajo la jurisdicción del
sistema militar. A consecuencia de ello, quienes sobreviven a los abusos
del ejército se enfrentan a múltiples obstáculos a la justicia. La
familia de Rosendo Radilla lleva más de tres décadas haciendo campaña
para derribar el muro de silencio que rodea su desaparición forzada.
Por otra parte, en junio de 2011, Amnistía Internacional lanzaba una
acción urgente sobre seis hombres detenidos ilegalmente y sometidos a
desaparición forzada por miembros de la Marina en el norte de México.
Pese a las convincentes pruebas, la Marina sigue negando su implicación,
y la investigación oficial parece haberse estancado.
Estados Unidos. En el contexto de la llamada “guerra contra el terror”
liderada por Estados Unidos tras los atentados del 11-S en Nueva York y
Washington, las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes
estadounidenses en Europa, Irak, Afganistán, Guantánamo y otros lugares
del mundo han sido muchas y variadas, y han incluido desapariciones
forzadas, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; en
algunos casos con resultado de muerte bajo custodia. Según la CIA, entre
2002 y 2007 se recluyó en el programa secreto al menos a 98 de los
detenidos denominados “de alto valor”.
Asia
Pakistán. Desde el 24 de octubre de 2010 hasta el 31 de mayo de 2011,
Amnistía Internacional registró 73 casos de presunta desaparición
forzosa y 108 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales de
activistas de Baluchistán, profesores, periodistas y abogados. En 93 de
los casos se había informado de su desaparición antes de aparecer muertos.
Sri Lanka. En 2010 Amnistía Internacional documentó informes de
desapariciones forzadas y secuestros con exigencia de rescate llevados a
cabo por miembros de las fuerzas de seguridad en muchas partes del país,
especialmente en Colombo y en el norte y el este de Sri Lanka. Además,
sigue sin conocerse el paradero de centenares de miembros de los Tigres
de Liberación de Eelam Tamil que desaparecieron tras haberse entregado a
las fuerzas armadas en 2009.
ÁFRICA
República Democrática del Congo. El ejército y los grupos armados
congoleños siguen cometiendo delitos de derecho internacional, como
violación y asesinato, en el este de la República Democrática del Congo
tras décadas de delitos similares en todo el país. Un nuevo informe de
Amnistía Internacional publicado en agosto de 2011 pide la reforma y el
fortalecimiento del sistema de justicia nacional del país para combatir
la impunidad, una impunidad que ha promovido un ciclo de violencia y
violaciones de derechos humanos, entre las que se incluyen las
desapariciones forzadas de personas.
Ruanda. Los secuestros, las desapariciones forzadas y las detenciones en
régimen de incomunicación –poco frecuentes en Ruanda en los últimos
años– aumentaron en el 2010. Amnistía Internacional lamenta
profundamente el rechazo de Ruanda a la recomendación de investigar los
casos de arresto y detención arbitraria y de desapariciones forzadas.
Ruanda manifiestó su intención de ratificar la Convención para la
Protección contra las Desapariciones Forzadas; sin embargo, continúa sin
querer investigar dichos casos.
Europa
Bosnia y Herzegovina. La determinación del paradero de las víctimas de
desaparición forzada de la guerra de 1992-1995 avanza lentamente. Debido
a la respuesta inadecuada del sistema de justicia, los responsables de
este delito solían gozar de impunidad. Aunque el Instituto de Personas
Desaparecidas continuó realizando exhumaciones en diversos
emplazamientos, siguió sin conocerse el paradero de entre 10.000 y
11.500 personas.
España. Para Amnistía Internacional la Ley de Memoria Histórica aprobada
en el Congreso de los Diputados en 2007 está alejada del derecho
internacional y, por tanto, no salda realmente la deuda pendiente del
Estado con todas las víctimas que padecieron graves violaciones de
derechos humanos. En especial, la organización recuerda a las
autoridades españolas que deben garantizar el acceso a la verdad, la
justicia y la reparación de las víctimas de desaparición forzada durante
la Guerra Civil y el Franquismo. Decenas de miles de personas fueron
víctimas de desaparición forzada tanto durante la Guerra Civil como
durante el franquismo. Mas de 114.000 personas así lo han denunciado
ante los tribunales españoles. Pero el Gobierno sigue obviando la
responsabilidad del Estado de investigar estas graves violaciones de
derechos humanos y garantizar justicia y reparación a las víctimas.
También la organización ha pedido reiteradamente a las autoridades
españolas que realicen todas las gestiones oportunas ante los Gobiernos
de Estados Unidos, Siria y Pakistán con el fin de conocer el paradero
del ciudadano español Mustafá Setmariam, desaparecido desde su detención
en 2005 en Pakistán, en el marco de las operaciones de la guerra contra
el terror. En abril de 2011 tras la presentación de un Informe de
Amnistía Internacional sobre la política exterior de la presente
legislatura, el Gobierno español se reunió con la esposa de Setmariam.
