Docentes de Colombia se movilizan nuevamente para exigir el cumplimiento de los acuerdos con el Gobierno

Docentes de Colombia se movilizan nuevamente para exigir el cumplimiento de los acuerdos con el Gobierno

La Federación Colombiana de Educadores (FECODE) convocó el jueves 16 de febrero a docentes de todo el país a la primera jornada nacional de movilización del año 2012. Los motivos presentados por FECODE para la movilización son la defensa del régimen especial de salud, el derecho a la gratuidad de la educación, la instauración de un estatuto único de la profesión docente y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el Gobierno en junio del año anterior tras constantes movilizaciones.

 

El sector del magisterio se congregó en las principales ciudades de cada departamento o cabeceras municipales para expresar sus exigencias. En Bogotá la jornada de protesta fue respaldada por la Asociación Distrital de Educadores (ADE) y tuvo lugar frente al Ministerio de Educación entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde bajo un fuerte sol que obligó a los manifestantes a cubrirse bajo parasoles. Docentes de diversas localidades y de las diferentes jornadas fueron llegando incluso desde antes de las 10 a la cita.

La movilización también denunciaba algunos atropellos que se vienen presentando en contra de los y las docentes de Colombia y para rechazar la reforma pensional que pretende aprobar el Gobierno de Juan Manuel Santos.


Gratuidad

Los docentes señalan que el Gobierno le miente al país cuando anuncia la gratuidad total desde el preescolar hasta la educación media mientras que no invierte el suficiente dinero para garantizarlo. Según explican, la asignación per capita que ha hecho el Gobierno para el año 2012 es de 65.000 pesos por estudiante de primaria y 90.000 en secundaria y media. Según FECODE, esto no alcanza para cubrir ni la primera semana de una gratuidad que debe incluir, como mínimo, nutrición, salud, útiles escolares y transporte, entre otros.

Incremento salarial insuficiente

ambién protestan contra el incremento salarial del año 2012 para el magisterio y empleados del Estado que es del 5% mientras que el aumento del salario mínimo fue del 5,8%. Este porcentaje que podría ser entendido como algo insignificante no es visto así por el gremio que sostiene que durante los últimos 12 años el incremento salarial del magisterio ha estado puntos porcentuales por debajo de los otros sectores del país. Ello ha generado que el magisterio haya venido perdiendo su poder adquisitivo.

Además, esta medida es vista como una imposición unilateral porque el Gobierno no ha concertado con las centrales obreras ni con FECODE el reajuste salarial del 5% para el funcionariado público.


Periodo de prueba como mecanismo de represión

Los sindicatos denuncian la evaluación del periodo de prueba instaurado por el Decreto 1278 —que regula el régimen laboral de los docentes que ingresaron a la carrera desde el año 2002— como un mecanismo de represión contra el profesorado ya que para acceder a laborar con el magisterio deben presentarse a un concurso que comprende prueba de conocimiento, prueba psicotécnica y pedagógica, además de entrevista y análisis de hoja de vida. No obstante, esos docentes deben someterse a un periodo de un año de prueba una vez hayan ingresado que es evaluado bajo criterio subjetivo de los o las rectoras de la institución donde labora.


Acuerdos incumplidos y campaña de desinformación de la Ministra

Durante el año anterior el magisterio se movilizó para exigir un servicio de salud digno y de calidad debido a las graves falencias que denuncian que tiene el régimen especial con el que cuentan. Este proceso de movilización llevó a los directivos sindicales a mantener reuniones con el Ministerio en las cuales llegaron a puntos afines y algunos acuerdos. Sin embargo, los sindicatos indican que estos acuerdos no se han cumplido mientras la ministra María Fernanda Campo ha dicho recientemente que ha negociado con el sindicato algunos puntos, declaraciones que miembros del sindicato niegan: «Hay acuerdos en algunas cosas pero no en lo fundamental».

Según FECODE, los acuerdos fueron la no participación de las Entidades Promotoras de Salud en el proceso licitatorio, la vigencia de 48 meses para la ejecución del contrato, un solo prestador por región que será el mejor calificado, preservación y ampliación del plan de cobertura.

El sector del magisterio considera que las medidas del Gobierno afectan su sistema de la salud pues metería a los docentes dentro de la Ley 100 —cuestionada por diferentes sectores del país que explican que solo ha servido para beneficiar a las empresas del sector salud— sin respetar el régimen especial que poseen.

Según la profesora Dary Barreto: «La Ley 100 se convirtió en un mercado de la salud en el que solo ganan las Empresas Promotoras de Salud mientras las personas se mueren frente a los hospitales; esa Ley se tiene que derogar y tenemos que luchar para que la salud y la educación sean derechos gratuitos para el pueblo colombiano».

Otros acuerdos que el Ministerio no menciona en su comunicado oficial son el reajuste del valor de la UPCM (Per cápita por usuario) una vez se haya concluido el estudio que adelanta el Centro de Investigación para el Desarrollo de la Universidad Nacional (CID-UNAL). Establecimiento de nuevas Zonas Especiales o mecanismos de compensación a favor de los maestros. Adopción de auditorías medicas en cada región, cuyo número de auditores dependerá de la población atendida por región. La posibilidad de que un oferente pueda presentarse hasta en dos regiones.

FECODE ha dicho que considera que el ocultamiento del Gobierno y del Vicepresidente del Fondo de Pensiones de la Previsora, Jorge Peralta, sobre estos acuerdos deja mucho que pensar frente al respeto al régimen de salud de los maestros. Igualmente explica que en dichos acuerdos de comienzos del mes de febrero no hubo consenso en lo referente a la participación de entidades de medicina prepagada y compañías de seguros en licitación, número y conformación de las regiones y funcionamiento del fondo de atención para enfermedades de alto costo.

Carga laboral

Respecto a la nueva carga laboral que tienen que asumir los docentes, aseguran que supone mayores dificultades para la calidad de la educación. Dary Barreto explica: «La ministra de Educación en contravía con las mismas indicaciones legales que se expresan en los decretos y en las leyes extiende la jornada de los educadores sin tener en cuenta el derecho adquirido y menos la posibilidad de un salario adicional».

El profesorado reclama que baje el número de estudiantes que cada docente atiende ya que normalmente debe atender en promedio entre 40 y 50 estudiantes por salón de clases, siendo un total de entre 280 y 300 estudiantes. Un coordinador académico o de convivencia debe atender y hacer seguimiento a unos 1.000 estudiantes. Según la profesora Marina Torres eso no es pedagógico pues cada educador debería atender alrededor de 25 estudiantes por salón y el número de cada coordinador debería ser mucho menor. La profesora Torres explica que solo de esta manera se podría conseguir una educación de calidad pues cada maestro o coordinador podría dedicarle mayor tiempo de calidad a cada estudiante, cosa que no es posible debido al número de estudiantes.

En este tema, el magisterio sindicalizado sostiene que el Gobierno desconoce los acuerdos del año 2009 y la legislación vigente ya que ordena a las entidades territoriales imponer una carga académica de 24 periodos de clase semanal a los docentes de secundaria. En la actualidad esa carga académica semanal está en 22 periodos. De concretarse esto, por cada 12 maestros uno se quedaría sin empleo, una cifra que alcanzaría cerca de 19.000 educadores y el consiguiente aumento de trabajo para los restantes. El resultado, según los sindicatos, sería el empeoramiento de la calidad educativa para niñas y niños de todo el país y una alta presión laboral que viene produciendo enfermedades físicas y mentales en un número indeterminado de educadores.

FECODE sostiene que los gobiernos anteriores impusieron el hacinamiento del alumnado mediante el incremento del número de niñas y niños por curso y la reducción del personal docente. La Federación que agrupa al gremio docente explica que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo impone normas como la desaparición del preescolar oficial, la reforma de la jornada laboral de los docentes (de 6 a 8 horas sin aumento de salarios), el currículo básico estandarizado frente al cual los docentes reclaman que las pruebas y el currículo sea construido de acuerdo a las realidades de cada región y por la comunidad. Según la Ley 115, todo colegio tiene que tener este currículo estándar que se divide en nueve áreas consideradas fundamentales: matemáticas, ciencias naturales, educación artística, educación religiosa, educación ética y valores, educación física, tecnología e informática, humanidades y ciencias sociales.


Otros acuerdos

Rechazan también el proceso de privatización mediante acuerdos de construcción de colegios de convenio y pago a etnoeducadores a través de terceros que, además de llevar a procesos claros y firmes de privatización, atentan contra las condiciones laborales del profesorado. Así como también rechazan la ampliación de la jornada laboral por parte de las diferentes entidades estatales de educación (Ministerio de educación y Secretarías Departamentales y Distritales).

En la jornada también denunciaron que el gremio de educadores sigue estando amenazado en su derecho a la vida y a la integridad física

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