Ginebra, 12 de marzo de 2007
INTERVENCIÓN DE LA DRA. MARIA FERNANDA ESPINOSA, MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACIÓN DEL ECUADOR.
Señor Presidente,
Señores Delegados:
En los últimos años le ha correspondido a la comunidad internacional enfrentar un momento trascendental en el ámbito de los derechos humanos, que se refleja en el proceso de transición histórica de la anterior Comisión a la creación y funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos. Esto ha permitido dar respuesta eficaz a un clamor generalizado de contar con un órgano renovado y eficiente, encargado de promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas, con un origen de indiscutible legitimidad y con principios que garanticen la consecución de sus altos objetivos.
La Comunidad Internacional ha entregado por tanto un mandato claro, y debemos hacer los esfuerzos necesarios para que la revisión del andamiaje institucional y de procedimientos del nuevo organismo se concrete dentro del período de transición de un año que culmina el 18 de junio de 2007.
El Ecuador se encuentra siempre dispuesto a contribuir con propuestas orientadas a renovar y examinar medidas innovadoras que fortalezcan la visión y principios que guían la vigencia de los derechos humanos y su eficaz cumplimiento.
Constituye un logro muy importante del Consejo la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Tal aprobación determina un avance en el camino de la reafirmación de la identidad cultural de los pueblos indígenas. El significativo esfuerzo que implicó su aprobación debe ser refrendado al interior de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por lo que todos debemos comprometernos en su aprobación final.
De igual manera, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas constituye otro hito en el trabajo inaugural del Consejo. Nos congratulamos por este importante logro, que fue aprobado por la Asamblea de la ONU en septiembre de 2006 y finalmente abierto para la firma en París, Francia, el 6 de febrero de 2007.
La labor del Consejo debe abarcar el ámbito de la prevención de las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, a través de mecanismos y procedimientos efectivos que nos corresponde diseñar. En este punto tenemos el reto de convertir al Consejo en una instancia clave para la identificación oportuna de eventuales crisis de derechos humanos y el desarrollo de mecanismos que permitan conjurarlas y evitar sus nocivos efectos.
Confiamos plenamente en el logro de entendimientos tanto para el Examen Periódico Universal como para los procedimientos especiales a fin de que éstos canalicen con fidelidad el mandato de la Resolución 60/251. Sólo así haremos de ellos mecanismos completos, objetivos, no selectivos, que contengan procedimientos equitativos e igualitarios, que propendan al más amplio diálogo y cooperación con el Estado examinado, que produzcan resoluciones con una amplia participación de los miembros del Consejo y cuyo seguimiento contemple elementos de transparencia, cooperación y respeto hacia los Estados examinados.
El Consejo de Derechos Humanos tiene como principio rector de su existencia la promoción y el respeto universal de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo. Por esta razón el Ecuador ha querido traer a conocimiento de este alto foro una realidad dolorosa sobre la cual aspiramos a crear una consciencia internacional, pues afecta gravemente los derechos a la vida, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los habitantes de la región fronteriza ecuatoriana con la República de Colombia. Se trata de la práctica del Gobierno de ese país, de realizar aspersiones aéreas con el herbicida “glifosato” y sustancias coadyuvantes en territorio limítrofe con el Ecuador, para erradicar plantaciones ilícitas de coca, sembradas en territorio de Colombia, que causan daños físicos a las personas, destruyen cultivos lícitos y contaminan las aguas en territorio ecuatoriano.
Esta problemática, que acarrea claros perjuicios para mi país, resurge a partir de diciembre de 2006, cuando el Gobierno de Colombia reinició el proceso de aspersiones aéreas con glifosato a los cultivos ilícitos de coca en su territorio limítrofe con el Ecuador, incumpliendo así el acuerdo alcanzado por los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países el 7 de diciembre de 2005. Dicho acuerdo estableció el compromiso colombiano de suspender las fumigaciones aéreas con glifosato e incrementar sus brigadas de erradicación manual de los sembríos ilícitos existentes en Colombia en la zona limítrofe con el Ecuador, como procedimiento alternativo.
Pese a los continuos llamados efectuados por el Gobierno del Ecuador a su similar de Colombia para que cesen las actividades de aspersiones aéreas con glifosato, dicho país ha continuado realizando esta lesiva actividad en la zona limítrofe con el Ecuador durante los meses de enero y febrero de 2007, situación que continúa provocando perjuicios a los derechos humanos de los habitantes de las comunidades de frontera, afectando su salud física y psicológica, sus cultivos lícitos y alterando el medio ambiente.
No es extraño, por tanto, que los gobiernos locales y los pobladores ecuatorianos afectados por las consecuencias de las aspersiones aéreas hayan presentado numerosas demandas y que un fallo del Tribunal Constitucional obligue al Estado ecuatoriano a adoptar medidas que eviten nuevas afectaciones.
Recientemente hemos convenido con el Gobierno de Colombia en establecer una Comisión Científica Técnica-Binacional, que esperamos inicie sus labores en breve, para verificar los efectos de las aspersiones aéreas con glifosato y sustancias coadyuvantes sobre la salud, el ambiente y las actividades productivas.
Mi país quiere dejar en claro, que el pedido formulado a Colombia de suspender las aspersiones aéreas con glifosato y emplear métodos alternativos de erradicación de los cultivos ilegales, de ninguna manera significa que Ecuador no cumpla con sus compromisos, adquiridos por convicción propia, para combatir la producción y el tráfico ilegal de narcóticos. Ecuador no es un productor de drogas ilegales pero lamentablemente es un país de tránsito y ha dado muestras evidentes de su lucha contra este flagelo mundial. Además el Ecuador invierte ingentes cantidades de recursos humanos y financieros para garantizar que sus Fuerzas Armadas mantengan un control y monitoreo permanente de las áreas potenciales de cultivo y está avanzando con sus escasos recursos programas de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de su población fronteriza.
La gravedad de este asunto ha suscitado desde hace algún tiempo la preocupación de la comunidad internacional y en particular de los órganos, mecanismos y procedimientos especiales de derechos humanos de Naciones Unidas. Estos han incluido información y recomendaciones sobre los efectos en territorio ecuatoriano y colombiano de las aspersiones aéreas con glifosato que realiza el Gobierno de Colombia en su país y que me permito citar muy someramente:
El Comité de los Derechos del Niño ha mencionado la preocupación por los perjuicios que la fumigación aérea de cultivos ilícitos con glifosato realizada por el Gobierno colombiano, genera en el medio ambiente y la salud de los niños, tanto en territorio del Ecuador como de Colombia.
El Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas. Sr. Rodolfo Stavenhagen, en los Informes relativos a sus visitas oficiales a Ecuador (2006) y Colombia (2004) ha dedicado varios párrafos a expresar la preocupación sobre los daños que han reportado las fumigaciones aéreas con glifosato en la salud de las personas, particularmente de comunidades indígenas y los efectos negativos sobre los recursos naturales en territorio de ambos países.
El Grupo de Trabajo sobre la Utilización de Mercenarios como medio de violar los Derechos Humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, en su visita oficial a Ecuador en el 2006 llamó la atención sobre las consecuencias de las fumigaciones realizadas en el marco del Plan Colombia para las personas que viven en la región fronteriza ecuatoriana, habiendo recibido denuncias de daños genéticos por parte de mujeres ecuatorianas.
En estos casos los propios órganos de derechos humanos de este Consejo instan al Gobierno colombiano a suspender las aspersiones.
Existen, además, otros pronunciamientos de la comunidad internacional que cuestionan las aspersiones aéreas con glifosato. A manera de ejemplo, en días anteriores, el Representante de la Comisión Europea para Colombia y Ecuador, Adrianus Kutsenratjer declaró ante la prensa de ese país que la “aspersión con glifosato atenta contra el medio ambiente” e informó que el Gobierno de Colombia se ha comprometido a no fumigar con glifosato las áreas donde están en marcha proyectos de desarrollo alternativo patrocinado por la Unión Europea.
En este contexto, reiteramos la invitación formulada en el mes de diciembre de 2006, a los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y sobre los efectos nocivos del traslado y vertimiento ilícitos de productos tóxicos y peligrosos, a fin de que visiten oficialmente el Ecuador. De esa manera podrán constatar in situ, en territorio ecuatoriano, las consecuencias para los derechos humanos, en especial los efectos en la salud de las personas y animales, afectación en los cultivos lícitos y el medio ambiente, a causa de las aspersiones aéreas de glifosato que realiza el Gobierno colombiano.
Esperamos que estas visitas puedan concretarse en el corto plazo, en el marco de la invitación formal y abierta presentada por mi país en el año 2002 a todos los mecanismos y procedimientos especiales del sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos.
El Ecuador renueva su llamado a redoblar todos los esfuerzos para llevar a feliz término la culminación del examen de todos los mandatos, mecanismos, funciones y responsabilidades de la antigua Comisión, a fin de que el Consejo de Derechos Humanos cuente con una estructura legítima y eficiente para la consecución de sus objetivos.
La aspiración de lograr que el Consejo sea en la práctica un órgano legítimo y funcional, que fortalezca verdaderamente el multilateralismo, constituye uno de los retos fundamentales de la agenda internacional actual. No desmayemos en el afán de cumplir con nuestra responsabilidad histórica para lograr que el Consejo de Derechos Humanos sea un órgano efectivo y práctico para la promoción, protección y respeto de los derechos humanos, de todos y para todos, sin excepciones.
Señoras y señores,
Muchas Gracias.
