EL ENOJO DE ECUADOR

Recientemente, el reconocido diario El Tiempo, publicó en la sección de opinión, un artículo de Eliseo Restrepo Londoño (embajador de Colombia en Ecuador durante el estreno y apogeo del Plan Colombia, titulado: Una actitud insolidaria, no se ha dado ninguno de los efectos perversos atribuidos al Plan Colombia , donde destacaba enfáticamente que las declaraciones de altos funcionarios de gobierno del vecino país, en rechazo constante a las fumigaciones y a la insistencia de Colombia para que se inmiscuyera en el conflicto armado y social interno, se correspondía con una actitud que “sigue siendo insolidaria con Colombia”. Sea este el punto de partida para echar un vistazo a la coyuntura binacional.

 

 

Recientemente, el reconocido diario El Tiempo, publicó en la sección de opinión, un artículo de Eliseo Restrepo Londoño (embajador de Colombia en Ecuador durante el estreno y apogeo del Plan Colombia), quien titulaba su columna: Una actitud insolidaria, no se ha dado ninguno de los efectos perversos atribuidos al Plan Colombia [1] , donde destacaba enfáticamente que las declaraciones de altos funcionarios de gobierno del vecino país, en rechazo constante a las fumigaciones y a la insistencia de Colombia para que se inmiscuyera en el conflicto armado y social interno, se correspondía con una actitud que “sigue siendo insolidaria con Colombia”. Sea este el punto de partida para echar un vistazo a la coyuntura binacional.

En términos más técnicos, las relaciones que se establecen entre pueblos se basan en la solidaridad (basta una mirada a la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos), pero la relación que se establece entre gobiernos se basa en el respeto, y este respeto descansa en el ideario de Soberanía, que, tal y como ha señalado el Procurador General de la Nación corresponde a un concepto evolucionado en el ámbito de las relaciones internacionales, “en el sentido de entender que, en la actualidad, éste se manifiesta en la capacidad de los Estados para ejercer su actividad internacional por su propio poder” y de “aceptar que existen reglas superiores a las que deben someterse todos los Estados para lograr la ’igualdad soberana’ de los mismos”. Es así como, hoy por hoy, el derecho internacional no se interpreta en función del Estado soberano sino de la comunidad internacional. “Los órdenes internos de las Naciones ya no son absolutos (…)” [2]

De esta manera, el concepto de soberanía se refiere a que la actuación de los Estados armoniza con los supuestos por los cuales se rige la comunidad internacional, y halla clara comprobación en el respeto, garantía y protección de los Derechos Humanos.

Estando así las cosas, un balance de solidaridad sólo puede hacerse entre pueblos, y para el caso que nos ocupa, no cabe duda en la inmensa solidaridad de los pueblos colombiano y ecuatoriano, cuyas organizaciones sociales, no gubernamentales y académicas integran el Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones -CIF-, que ha activado mecanismos legales en búsqueda de la justiciabilidad de los derechos violados a propósito de la perversa dinámica de las fumigaciones aéreas [3], el estandarte antinarcóticos del Plan Colombia, llegando inclusive a las instancias del Sistema Interamericano.

Pero no puede predicarse lo mismo en términos de respeto entre ambos Estados. El gobierno colombiano implementa el Plan Colombia desde el año 2000 como estrategia política, militar y económica junto con los Estados Unidos en una inversión conjunta que sobrepasa los diez mil millones de dólares [4]. Aunque es una política binacional Colombia – EEUU, ha tenido la pretensión permanente y agresiva de extenderse territorial y políticamente hacia el vecino país.

Existen cuatro hechos que ilustran la anterior afirmación. Primero, con la instalación inconsulta con el pueblo ecuatoriano de la Base Militar de Manta en 1999, de la que recientemente afirmó Javier de Delucca, Comandante del Puesto de Avanzada de las operaciones de Estados Unidos en Manta, que formaba parte de las operaciones del Plan Colombia.

Segundo, con la insistencia por parte del gobierno colombiano para que el ecuatoriano se integre como parte activa en la lucha contra el terrorismo en términos de geopolítica posterior al 9-11, es decir, en la confrontación activa contra la insurgencia colombiana, ante lo cual Ecuador ha mantenido una política de “no involucramiento”.

Tercero, con la realización por parte del Ejército nacional de Colombia en varias oportunidades de acciones militares en territorio ecuatoriano, unas en el marco de operativos de fumigación aérea y otras en operativos contrainsurgentes, llegando incluso a violar el derecho a la vida, al debido proceso, a la integridad y dignidad de pobladores ecuatorianos como sucedió el pasado mes de octubre con Blanca Vega y su hijo Héctor Monar, en hechos aún no esclarecidos [5] .

Cuarto, en la realización de fumigaciones aéreas en la línea fronteriza, que han impactado el territorio y la población ecuatoriana, afectando la producción de alimentos, contaminando fuentes de agua, generando desnutrición infantil, enfermedades en niños, mujeres y adultos mayores, desplazamiento de la población, deserción escolar, entre otros, lo que se traduce en violación de sus derechos a la salud, medio ambiente, seguridad alimentaria, trabajo, educación, con lo cuál, tal y como lo señalaba una Resolución Defensorial del vecino país,

“generan lo que en la doctrina del derecho Ambiental se denomina como daño transfronterizo, que es la lesión, daño o pérdida ambiental ocasionado a las personas o a los bienes que se encuentran en el territorio o jurisdicción de un Estado, por causa atribuible a cualquier actividad humana desarrollada total o parcialmente, en el territorio o jurisdicción de otro Estado. Para el caso, el daño o lesión es atribuible al Estado Colombiano que desarrolla su actividad de fumigación provocando afectación directa incluso con sobrevuelos en el territorio del Ecuador que han generado daños en las personas, propiedades y cosas. El daño se agrava cuando el Ecuador, es sujeto pasivo de las fumigaciones, ya que no participa en tales acciones.- El principio 21 de la Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano, establece que los Estados tienen la responsabilidad de asegurar que las actividades desarrolladas dentro de su jurisdicción, no causen daños al ambiente de otro u otros estados y de hacerlo y el principio 22 de la misma Declaración establece la obligatioriedad de indemnizar ” [6]

El enojo de Ecuador tiene fundadas razones. No se puede pedir a un país vecino que cargue con los impactos de la aplicación de políticas erradas y perversas del orden interno bajo el pretexto de la solidaridad, de la corresponsabilidad o bajo el chantaje que propone el lenguaje posterior al once de septiembre y que de hecho beneficia, casi exclusivamente, a la indrustria bélica y química estadounidense, en detrimento de la búsqueda de paz negociada en Colombia.

Mucho menos se debe pretender engañarle con la negación recurrente del efecto deriva de las fumigaciones aéreas [7] , con la presentación de estudios científicos ya hace tiempo desacreditados, como el de la CICAD [8] , con la promesa de futuras mesas de concertación binacional para el desarrollo fronterizo que sólo se refieren al aspecto militar, y le obligan al Ecuador a seguir a Colombia en el camino de la economía desproporcionada de la guerra ni con el distractor de la presunta siembra de coca del lado ecuatoriano, apelando a la realización de actos de inteligencia, toma de fotografías aéreas con tecnología estadounidense en clara muestra de la violación del territorio, espacio aéreo, seguridad nacional y soberanía ecuatoriana.

A lo que está sucediendo actualmente en Ecuador, no se le están dando las justas proporciones en Colombia. No solamente se trata de una coyuntura diplomática, sino que va adquiriendo un lenguaje y una dinámica social, política y económica de alcances que no deben menospreciarse.

 

 

Cómo terminará esta coyuntura?. Colombia suspenderá definitivamente la fumigación aérea en la zona fronteriza de los 10 kilómetros que ha pedido Ecuador, y se dispondrá a reconocer las reparaciones colectivas con destino a la población ecuatoriana afectada? Y si lo hace, qué pedirá a cambio, una mayor militarización de la frontera, el involucramiento definitivo de Ecuador en las operaciones contrainsurgentes del Plan Colombia, aprovechando la presencia norteamericana en la Base de Manta?

O definitivamente Ecuador tendrá que resignarse, por un lado, a soportar las fumigaciones y encargarse de planes de mitigación de una actividad de la que no es responsable, y por el otro, a resistir la presión que se avecina desde los Estados Unidos, gracias a la hendija abierta por el Director de la Policía Nacional de Colombia que les atribuye la siembra de la hoja de coca en su propio territorio?,

Al enojo de Ecuador le asisten sobradas razones. Como fuere que concluya esta coyuntura, ambos gobiernos deben recordar sus obligaciones frente sus ciudadanos, el deber de garantía, protección y respeto de sus derechos humanos, la obligación constitucional que tienen ambos respecto de la observancia del PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN en materia ambiental, y la real dimensión que tiene el concepto de SOBERANÍA, en el marco actual de las relaciones internacionales actual.

 

 

Notas

[1El Tiempo. Diciembre 22 de 2006. Columna de Opinión. “Una actitud insolidaria”. Por: Eliseo Restrepo Londoño

[2Concepto del Ministerio Público en Sentencia C-008/97.

[3Nótese que no hablamos de “fumigación de cultivos ilícitos”, en tanto los cultivos de coca o amapola no son ilícitos en sí mismos sino en el uso que se les da, ni hablamos de “fumigación de cultivos de uso ilícito”, en tanto en las fumigaciones aéreas no sólo se afectan cultivos de uso ilícito sino cultivos de pancoger también, con lo cuál, sólo resta calificar a esta práctica perversa, como Fumigaciones Aéreas.

[4Plan formulado como programa de gobierno durante la administración de Andrés Pastrana, incorporado a la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe, legalizado a través de convenios binacionales firmados con estados Unidos desde la década de los cuarenta y que no han tenido el control constitucional y político del que habla la Constitución Política de 1991.

[5La misión internacional a la frontera ecuatoriana con Colombia ralizada entre el 20 y 22 de junio de 2005 integrada por miembros de FIDH, FIAN, RAPAL, OCIM, CEAS, la Defensoría Nacional del Pueblo del Ecuador y el CIF, tuvo la oportunidad de constatar hechos precedentes, que fueron consignados en el informe publicado en diciembre de 2005.

[6Resolución No. DAP-001-2004, suscrita por Dr. Rubén Chávez del Pozo, Defensor Adjunto Primero.

[7Sólo creído a pie juntillas por la embajada de Estados Unidos en Bogotá y por el Departamento de Estado de EEUU.

[8Ver documento de la Universidad Nacional: www.idea.unal.edu.co/public/docs/Observ_IDEA_a_doc_CICAD.pdf

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