Luego del desplante de Al Gore, el presidente Colombiano comenzó una campaña mediática, que bajo la excusa de defender los intereses de la nación, pretende arrinconar a los representantes de la oposición.
Para Álvaro Uribe, estos últimos días talvez hayan sido los más difíciles desde que asumió la Presidencia de Colombia allá por el año 2002. En el plano interno, la causa que investiga los nexos de las organizaciones paramilitares con el poder político sigue adelante -que ya llevó a la cárcel a ocho congresistas de la bancada oficialista- y amenaza con salpicar al entorno cercano al Primer Mandatario.
Por su parte en el plano internacional, Uribe recibió un “duro cachetazo” cuando se enteró que el escándalo de la parapolítica comenzó a afectar su imagen hasta en Estados Unidos, momentos en que el Congreso de ese país se apronta para definir el futuro del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con la nación colombiana.
Enfurecido ante los embates de la oposición, que lo acusan de tener estrechos vínculos con las organizaciones paramilitares -más precisamente con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)-, Uribe dio comienzo a una “contraofensiva” para así arrinconar a sus detractores.
En una rueda de prensa celebrada el pasado jueves en la Casa de Nariño, fiel a su costumbre el Primer Mandatario salió a atacar al senador del opositor Polo Democrático Alternativo(PDA), Gustavo Petro, debido a las acusaciones que este realizó en un plenario del Congreso, donde lo responsabilizó de la creación en Antioquia de varias Cooperativas de seguridad Rural (Convivir), las cuales fueron lideradas por personas que luego se convertirían en importantes jerarcas dentro de la estructura de las AUC: Salvatore Mancuso, Jorge Alfonso López, entre otros.
Furibundo porque el tema de la parapolítica llegó a Washington; una secuela de esto fue la negativa del ex Vicepresidente Estados Unidos, Al Gore, a asistir a una conferencia de la que también iba a participar Uribe; el Jefe de Estado en referencia al pasado de Petro remarcó que “eso de ser mediocre guerrillero y lúcido calumniador habla muy mal de la personalidad de la guerrilla”.
Asimismo señaló que las “calumnias” de la oposición comenzaron a provocar daños a los intereses del país en la comunidad internacional, según su opinión, a través del ataque a su persona, algunos intereses estarían buscando bloquear la ayuda militar y económica (el TLC) que el gobierno estadounidense le brinda a Colombia.
“Tengo pruebas de inteligencia militar y de Policía, de personas que dicen: Ya nos tiramos el Tratado en Estados Unidos, acusando al tal por cual de Uribe. Las coincidencias es que muchos de los críticos que han ido allá son adversarios aquí del TLC, pero no voy a hacer alusiones personales (…) Son congresistas (…) pregúntenle al doctor Peñate (…) Es que proceden muy evidentemente, no se cuidan tanto como creen cuidarse”, advirtió el Jefe de Estado colombiano.
A pesar que el director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Andres Peñate, rápidamente salió a desmentir que el gobierno estuviera realizando operaciones de inteligencia sobre las actividades que realizan los integrantes del PDA en Estados Unidos; varios representantes prominentes del escenario político colombiano salieron a repudiar los dichos de Álvaro Uribe.
Ante esto, el senador Jorge Robledo dijo: “Es una desfachatez que Uribe diga que la oposición está siendo seguida, infiltrada e intervenida por los cuerpos de seguridad. El Estado no puede poner fuerzas secretas, y muchas veces siniestras, para perseguir a quienes nos oponemos al régimen”.
Por su parte el líder del Partido Liberal, César Gaviria, afirmó que los dichos lo único que hacen es dejar traslucir “la manera como el presidente mira el Estado de Derecho que rige en Colombia”. Asimismo, el ex primer mandatario exigió a la Justicia que el hecho sea investigado por los distintos organismos de control.
Las preocupantes declaraciones de Álvaro Uribe no sólo conmocionaron a importantes sectores de la sociedad colombiana, sino que también produjeron repercusiones más allá de sus fronteras. Varios integrantes de alto nivel del Parlamento Europeo le mandaron una carta al mandatario latinoamericano para poder así expresarle su “asombro y preocupación” acerca del presunto “espionaje” que estarían sufriendo integrantes de los partidos políticos opuestos al TLC con Estados Unidos.
En uno de los párrafos más polémicos del escrito, los congresistas europeos reconocieron sentirse alarmados por algunas informaciones: “Según las cuales hace pocas semanas usted (Uribe) señaló públicamente a miembros de la oposición política como guerrilleros de civil, en un país en el que ese tipo de señalamientos han costado la vida a miles de colombianos y colombianas a lo largo de más de 40 años de conflicto armado”.
Para finalizar la misiva, que fue firmada entre otros por la Vicepresidenta del Parlamento, Luisa Morgantini, apeló a la buena voluntad del Mandatario colombiano para así garantizar el derecho de los ciudadanos de hacer política de manera democrática.
De acuerdo a varios analistas desde que comenzó el escándalo de la “parapolítica”, Álvaro Uribe ha venido utilizando un doble discurso para intentar así manejar la crisis surgida en el seno de su gobierno. Por un lado mientras en el exterior emplea un tono cauto y moderado, en el trajín de la política domestica fustiga fuertemente a sus detractores. Esto talvez pueda servirle para mantener el respaldo de ciertos sectores de la sociedad colombiana, pero también contribuye a incentivar el clima de violencia existente en el país.
En ese sentido, es que la actitud presidencial no contribuye en nada para intentar pacificar la difícil coyuntura que vive Colombia. A esto se suman las denuncias que existen acerca de la conformación de nuevos grupos paramilitares que ya están operando en el territorio colombiano. Una prueba de esto (y van…) es el reciente asesinato en Medellín de la líder comunitaria Judy Adriana Vergara.
Según el director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), Luis Fernando Quijano, detrás de este hecho estarían paramilitares que operan en la zona y que también serían responsables de la muerte de otro dirigente en agosto de 2006.
El clima de violencia también alcanzó a los principales políticos relacionados con el escándalo de la “parapolítica”, como por ejemplo el senador Gustavo Petro. Este durante los últimos días denunció que uno de los jefes de seguridad de la empresa estadounidense Drummond, Julián Villate, en enero de este año se reunió con un grupo de sicarios para planificar su asesinato.
Asimismo el funcionario remarcó que tanto su madre, Clara Urrego, como sus hermanos, también han sido amenazados por medio de escritos anónimos y llamadas telefónicas.
Para finalizar, se puede concluir que la actitud “combativa” del Presidente Álvaro Uribe sólo contribuye a caldear aún más los ánimos en el escenario político colombiano. El hecho de que el mandatario apueste al discurso polarizador, en vez de apoyar tangiblemente la causa judicial que investiga los alcances de la “parapolítica, sólo contribuye a incrementar el poderío de las fuerzas paramilitares, las cuales tienen la posibilidad de mantener intacta su impunidad.
Un posible escenario, en esta situación es que los paramilitares aprovechen para intensificar los embates hacia aquellos sectores que pretenden denunciar los alcances de su poder “parapolítico”.
