Editorial

Última actualización: 28 de julio.

  • Cárceles abren sus puertas para dar salida a paramilitares, sin que los derechos de las víctimas hayan sido reconocidos

    28 de julio

    Entre noviembre de 2003 y agosto de 2006, se desmovilizaron formalmente más de 30.000 miembros de fuerzas paramilitares en Colombia. De las 40 estructuras paramilitares que existían en 2003, se desmovilizaron 34, a cuyos integrantes comprometidos en violaciones a derechos humanos se les aplicó el marco jurídico de la Ley 975 de 2005, llamada Ley de Justicia y Paz. Esa normativa creó una serie de beneficios legales para los desmovilizados, entre ellos penas alternativas de 5 a 8 años sobre la base de aportar a la verdad plena sobre los crímenes cometidos, las estructuras operativas, los beneficiarios, y los responsables intelectuales y materiales de estos crímenes.

  • El Presidente Santos debe solicitar captura y deportación de María del Pilar Hurtado, durante su visita a Panamá

    24 de julio, por Ccajar

    El proceso de extradición se sigue dilatando de manera inexplicable, y en perjuicio de las víctimas, la justicia y la sociedad colombiana. El presidente Santos tiene el deber como jefe de Estado de contribuir a que María del Pilar Hurtado sea puesta a disposición de la justicia colombiana, de hacer cumplir las reglas del Tratado de Extradición suscrito entre Panamá y Colombia en 1928, y de pedir una rectificación urgente de la decisión de la Interpol para que se haga viable la circular roja que permita su captura.

  • Decisión de la Interpol de no tramitar circular roja sobre exdirectora del DAS es una bofetada contra el Estado colombiano

    17 de julio, por Ccajar

    Llamamos al presidente Juan Manuel Santos, en su condición de Jefe de Estado, a presentar de inmediato una nota formal de protesta y una solicitud para que se reconsidere la decisión tomada por la Interpol. El Presidente de la República debe advertir que esta decisión constituye una afrenta a la administración de justicia en Colombia que actuando con independencia y en garantía del debido proceso, ha investigado y juzga a María del Pilar Hurtado por graves delitos comunes que han lesionado seriamente los derechos humanos de las víctimas, afectado la institucionalidad colombiana y la democracia.

  • Un urgente llamado al congreso: No aprueben la ampliación del fuero penal militar

    14 de julio, por Ccajar

    En una jugada sagaz, el gobierno aprovechó este proyecto para revivir la ampliación del fuero penal militar que tumbó la Corte Constitucional el pasado mes de octubre. En esta oportunidad, sin embargo, dicha ampliación tiene de lejos, muchísimo más alcance al establecer que la justicia penal militar entraría a conocer de un amplísimo espectro de delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos,además de todas las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH. El artículo 8 del malhadado proyecto, de manera genérica, establece que serán de competencia de la justicia penal militar los delitos de homicidio, las infracciones al DIH, los delitos contra la población civil, contra la seguridad y existencia del Estado, los delitos contra la protección de la información y los datos, y los delitos contra la fe pública.

  • Puertas giratorias en la justicia: dos pasos adelante, tres atrás

    10 de julio, por Ccajar

    Exigimos a los candidatos a Contralor, Edgardo Maya, Carlos Ardila y Gilberto Rondón que depongan sus aspiraciones, den muestren desprendimiento y generosidad dando campo a la renovación y depuración que el país pide a gritos. Es hora de pronunciarnos activamente sobre las propuestas de revocatoria a los magistrados de todas las altas cortes, lo mismo que participar en las decisiones que se vayan a tomar en relación con la reforma a la justicia. Entre tanto, esperamos que las sentencias que anularon los nombramientos se hagan públicas lo más pronto posible y que su cumplimiento se dé sin dilación alguna. La sociedad no entiende cómo decisiones tan trascendentales se demoran tanto para ser dadas a conocer en su integridad y menos por qué se dilatan las notificaciones a los afectados cuando ellos laboran en las mismas oficinas judiciales que las han dictado.

  • Demanda de las Islas Marshall: Voz de esperanza desde un paraíso olvidado

    24 de junio, por Ccajar

    Se trata de la demanda presentada por la República de las Islas Marshall ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra nueve potencias nucleares, acusándolas de violar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNPN) suscrito en 1968. En esta acción acusa a EE.UU., China, Francia, Reino Unido, Rusia, Israel, la India, Pakistán y Corea del Norte de "violaciones flagrantes" de la legislación internacional. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo saluda esta acción histórica, convoca a rodear al pueblo y al gobierno de las Islas Marshall y exige a las autoridades colombianas, especialmente al jefe de estado electo a pronunciarse sin vacilación en apoyo de esta iniciativa en pro de la paz mundial, como derecho de la humanidad y deber de los gobernantes.

  • Fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá sobre asilo de María del Pilar Hurtado no puede ser revisado

    24 de junio, por Prensa - Colectivo

    Esta actuación de la Procuraduría panameña es una maniobra dilatoria impulsada por el gobierno del presidente Ricardo Martinelli que busca seguir protegiendo de manera irregular a la señora María del Pilar Hurtado, prófuga de la justicia colombiana. El fallo es irrevocable y el comunicado de prensa oficial de la Corte Suprema de Justicia de Panamá lo convierte en hecho notorio, por tanto, la notificación es una formalidad.

  • La opción de las víctimas es la paz

    12 de junio, por Luis Guillermo Pérez Casas

    Estas víctimas no sólo se expresan desde su intuición, sino desde su larga experiencia y, actúan valorando históricamente lo que está en juego. Han sido y seguirán siendo críticos de Santos. No llaman a votar por el presidente candidato, para entregarle un cheque en blanco. No hacen campaña del miedo, aunque sienten un gran temor, no por ellos, porque se han jugado su libertad y su vida a lo largo de su existencia; tienen miedo de lo que pasará con Colombia y con la región si gana Uribe-Zuluaga.

  • La masacre de Mapiripán: entre la justicia y la impunidad

    11 de junio, por Prensa - Colectivo

    “…considero yo que si los paras han venido desde tan lejos, no ha sido precisamente para deleitarse con el paisaje de la región, pronostico en los próximos días una serie de matanzas y asesinatos”. Así el Mayor Orozco alertó sobre la inminente masacre al General Uscátegui, y él le ordenó cambiar el texto del oficio y, en todo caso, no dio ningún aviso a otras autoridades civiles o militares, ni realizó ninguna acción para prevenir los hechos. Esta grave omisión, además del reconocimiento de la CSJ de su jurisdicción militar, hace recaer en cabeza del general la responsabilidad penal por la ocurrencia de la masacre. Esto es lo que el derecho penal denomina Comisión por Omisión.

  • María del Pilar Hurtado hace gestiones para salir a un tercer país

    30 de mayo, por Prensa - Colectivo

    El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” hace un llamado URGENTE al presidente de la República Juan Manuel Santos, a la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y al Señor Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre Lynet para que de manera inmediata soliciten a las autoridades panameñas la entrega de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado.

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