Editorial

Última actualización: 15 de abril.

  • Al Presidente no le compete restituir al Alcalde Mayor

    15 de abril, por Rafael Barrios Mendivil

    Cuando el presidente Juan Manuel Santos dice que acatará la decisión de un juez si este le ordena restituir al ex Alcalde Mayor Gustavo Petro le miente a la opinión pública. Una eventual restitución ya no pasa por el Ejecutivo. Su afirmación no sólo es falsa sino que es un mensaje tardío de respeto a la justicia y se contradice con el desprecio que ha mostrado en varias ocasiones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, SIDH.

  • Juicio contra Noguera: En busca de justicia para la no repetición

    10 de abril, por Ccajar

    Hoy la Corte Suprema de Justicia tiene la oportunidad de sentar jurisprudencia sobre límites de la inteligencia estatal en un Estado democrático de derecho. En este sentido, es vital que los interrogatorios que vienen a partir del próximo 22 de abril permitan a las víctimas contextualizar su testimonio, narrar de manera suficiente todos los impactos en su vida familiar, social y laboral por la persecución sufrida. Así la Corte podrá identificar las dimensiones del daño ocasionado para determinar la gravedad del delito y la pena a aplicar. Con fundamento, las víctimas han venido reclamando en varias oportunidades que se deben investigar los delitos de persecución política y tortura que constituyen crímenes de lesa humanidad.

  • ¿Acudir a la CIDH es atacar la independencia de los jueces?

    7 de abril, por Rafael Barrios Mendivil

    En la Rueda de Prensa donde anunció su decisión de no acoger las Medidas Cautelares de la CIDH, el presidente Santos dijo, en primer lugar, que Petro sí había podido acceder a la justicia colombiana a través de las tutelas, y que por esa razón no se podía decir que sus derechos estaban en peligro; en segundo lugar, sostuvo que el Sistema Interamericano, SIDH es “subsidiario y complementario”, es decir, que para que el Sistema se pronuncie sobre un caso primero se deben agotar los recursos internos. En síntesis, Santos planteó que ir a las cortes internacionales es traicionar a la justicia colombiana, lo cual es una gran tergiversación.

  • Proteger la voz del otro

    2 de abril, por Rafael Barrios Mendivil

    Es necesario proteger la voz del otro cuando ésta ha sido acallada por la destitución e inhabilidad emanadas desde un funcionario administrativo. Cuando se ha pedido que esta voz se proteja por medidas cautelares de la Comisión Interamericana, CIDH, y el más poderoso la desobedece e incumple, la democracia se debilita.

  • Celebramos la vida de la lideresa campesina Gilma Benitez

    26 de marzo, por Prensa - Colectivo

    (Foto: Notiagen) La Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” lamenta profundamente el fallecimiento de la dirigente campesina Gilma Benitez Benavides, luchadora incansable por el derecho a la tierra y la vida digna en el campo, en cada una de las organizaciones en las que participó durante su larga trayectoria, y hasta sus últimas tareas: la Marcha de Mujeres Campesinas y la Coordinación Nacional Campesina.

  • Desacato Presidencial

    20 de marzo, por Prensa - Colectivo

    Todos los sistemas jurídicos nacionales e internacionales consagran las medidas cautelares. Colombia no es una excepción. Igualmente están previstas las medidas cautelares en los sistemas de protección de derechos humanos, tanto en Naciones Unidas, como los Sistema Europeo, Interamericano y Africano, con naturaleza diferente también la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia contemplan este instrumento jurídico. La razón de ser de las medidas cautelares en el mundo es que son vinculantes, y esta es una regla universal.

  • Comunicado público: Medidas Cautelares de la CIDH a favor de Gustavo Petro son de obligatorio cumplimiento

    19 de marzo, por Prensa - Colectivo

    La Corporación Colectivo de Abogados ’José Alvear Restrepo’, recuerda a la opinión pública que el gobierno colombiano ha sido respetuoso de las medidas cautelares ordenadas por Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en relación con el actual Alcalde de Bogotá, el propio Presidente de la República Juan Manuel Santos, ha manifestado que acataría las decisiones que obligan al Estado colombiano, por tanto queremos hacer énfasis en que:

    En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional de Colombia ha sido enfática en señalar que las medidas cautelares ordenadas por la CIDH son de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano.

  • Las Medidas Cautelares de la CIDH son vinculantes

    12 de marzo, por Rafael Barrios Mendivil

    El comunicado del Consejo de Estado sobre su decisión en la Tutela interpuesta por el alcalde de Gustavo Petro quiere confundir a la Opinión Pública y a la Comisión Interamericana con mecanismos que duran meses y años. La medida cautelar de urgencia que contempla la justicia contenciosa administrativa colombiana está en pleno laboratorio, no ha funcionado en casos similares y al momento de que se solicite la medida ya los derechos fundamentales del ciudadano Gustavo Petro y de sus electores podrían haber sido conculcados al materializarse un perjuicio irreparable que conlleve a un daño consumado.

  • El Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" nunca ha llamado ni llamará al desacato de las decisiones de los jueces de Tutela en Colombia

    7 de marzo

    Por consiguiente, rechazamos las afirmaciones del candidato a la vicepresidencia Germán Vargas Lleras, cuando afirmó en Elespectador.com del día 7 de marzo de 2014, que: “Condeno la declaración del abogado del alcalde cuando advirtió que no cumpliría las providencias judiciales a la espera de un pronunciamiento de la CIDH”.

  • Los verdaderos intereses dentro del Ministerio de Minas y Energía

    6 de marzo, por Organizaciones Sociales

    Hacemos un llamado a que el país debata la defensa irregular de los intereses corporativos que hace el Estado colombiano y sus instituciones y a que se exija transparencia por parte del presidente y el ministro, quienes deben explicar los intereses que hay entretelones en la construcción de las políticas públicas sobre nuestros bienes naturales.

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