Editorial
Última actualización: 30 de noviembre de 2009.
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El alcance del paramilitarismo en los partidos uribistas
30 de noviembre de 2009, por
Durante los últimos tres años, las investigaciones adelantadas en Colombia por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación han empezado a demostrar una nueva dimensión de los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las estructuras paramilitares, que confirman los nexos del Estado colombiano y el paramilitarismo, tal y como se ha reiterado en varias sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –COIDH- que ha declarado la responsabilidad del Estado Colombiano por violación a la Convención Americana . Estas recientes investigaciones visibilizan el alcance del paramilitarismo en la rama legislativa y como su accionar responde a una política sistemática y planificada desde los más altos niveles del Estado con el objetivo de consolidar un proyecto político y económico para los intereses de élites locales, nacionales y transnacionales.
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Llamado a juicio
13 de mayo de 2009, por
Jorge Noguera, el ex director del DAS y mano derecha del Presidente, ha sido llamado a juicio por los homicidios de sindicalistas, defensores de derechos humanos, y políticos que denunciaron el pacto entre el paramilitarismo y la clase política colombiana.
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La “pesadilla del DAS” continua
4 de mayo de 2009, por
Recientemente, se tuvo conocimiento que durante los últimos años, el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- de forma abiertamente ilegal ha venido interceptando comunicaciones (chuzadas), haciendo seguimientos y recopilando información sobre personas y organizaciones a quienes ese organismo considera “enemigas” del gobierno. Así, por ejemplo, bajo su inquisidora lupa han estado en la mira Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros de la oposición, sindicalistas, defensores de derechos humanos, entre otros infortunados “elegidos”.
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El nuevo Procurador General y sus primeros 70 días de impunidad
29 de marzo de 2009, por
Pese a que la Procuraduría General de la Nación se ha erigido como una institución que tiene como misión la lucha contra la corrupción, la defensa, garantía y protección de los derechos humanos, y la salvaguarda de los derechos e intereses de los ciudadanos y del patrimonio público, y se le ha dotado de funciones de prevención, investigación y sanción a los servidores públicos que incurran en faltas disciplinarias, lo cierto es, que en transcurridos 70 días de ejercicio del nuevo Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado, el panorama no puede ser más desalentador en materia de derechos humanos y lucha contra la impunidad.
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la impunidad de Chiquita Brands International
21 de octubre de 2008, por
Después de la interposición del recuento de los hechos en el caso en contra de Chiquita Brands International ante el Juzgado del Distrito de Columbia, EEUU, el 14 de Marzo de 2008, en lo cual se constataba que Chiquita Brands International, mediante su filial en Colombia Banadex S.A., efectuó pagos mensuales por más de seis años a la estructuras paramilitares en las zonas de Urabá y Santa Marta, el presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, declaró ante los medios que no encontraba inconveniente alguno en que la justicia colombiana pidiera en extradición a los directivos de la empresa. “La extradición debe ser de aquí para allá [EE.UU.] y de allá para acá [...]. La decisión [de pedirla] está en manos de la Fiscalía", afirmó el mandatario en este momento.
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No avanzan los procesos en contra altos funcionarios del gobierno por sus presuntos nexos con el paramilitarismo
24 de septiembre de 2008, por
Ahora bien, respecto a la rama ejecutiva, siendo ésta un conjunto de departamentos, ministerios y agencias, la infiltración del paramilitarismo no es tan identificada como en la corporación legislativa. Asimismo, el fuero de estos funcionarios implica que sean investigados por la Fiscalía General de la Nación, en vez de la Corte Suprema de Justicia, como es el caso de los parlamentarios. Tal vez por estas razones, los procesos adelantados contra funcionarios de la Rama ejecutiva han sido más ocultos y más invisibilizados; sin embargo, pese a esa circunstancia, de ninguna manera puede hablarse de “caso aislados” en tratándose de los más altos funcionarios que definen las políticas de las entidades y del Estado, como es el caso del DAS donde el ex director nacional, además de varios directores seccionales, enfrenta cargos penales por sus presuntos nexos con el paramilitarismo.
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Los directivos de Chiquita Brands
23 de julio de 2008, por
Por más de seis años, desde 1997 hasta alrededor del 4 de Febrero de 2004, Chiquita Brands International, mediante su filial en Colombia Banadex S.A., efectuó pagos mensuales a la estructura paramilitar en las zonas de Urabá y Santa Marta, lo cual significó más de 100 pagos por más de $1.7 millones de dólares. Dentro de este contexto, el 5 de noviembre de 2001 se desembarcaron e se introdujeron al territorio nacional tres mil fusiles AK 47 y cinco millones de cartuchos calibre 5,62 mm, para los mismos, arsenal transportado en el barco Otterloo. Este desembarco se produjo en el puerto de Zungo, específicamente en los patios de la empresa Banadex S.A., lugar de donde partieron las armas en catorce camiones con destino a las organizaciones paramilitares de Córdoba y Urabá. Estos hechos, que convierten a Chiquita Brands en uno de los más importantes financiadores y promotores de las AUC, impulsaron la masiva comisón de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos cometidas por organizaciones paramilitares en estas dos regiones, incluyendo desplazamiento forzado, homicidios, tortura, desapariciones forzadas, entre otros crímenes.
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Sin justicia, sin verdad, sin reparación
13 de mayo de 2008, por
El Embajador de Estados Unidos en Colombia William Brownfield afirmó recientemente frente a la extradición de los 14 jefes paramilitares que “con esta extradición, Colombia y EEUU serán mejores países[i]”, fundamentándose en la armoniosa relación entre ambos países y alegando que se han respetado todos los procedimientos establecidos en las leyes colombianas, que compartirán información con las autoridades de nuestro país y que el “sistema legal de Estados Unidos también reconoce el derecho de las víctimas de pedir compensación y recompensa en un proceso legal (...)[ii]
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¿Otro engaño para las víctimas?
12 de mayo de 2008, por
Ninguna propuesta para reparar integralmente a las víctimas - judicial o administrativa - es de suyo un obstáculo para garantizar sus derechos humanos. Obviamente es el contenido de la propuesta, el que permite comprender cuál es el nivel de compromiso institucional para cumplir con las obligaciones internacionales sobre los derechos de las víctimas. De allí la importancia de examinar el contenido del decreto 1290 de 2008 del Gobierno Nacional para reparar a las víctimas de crímenes de lesa humanidad y demostrar que el objetivo gubernamental es, -como se recuerda en aquel pasaje bíblico-, comprar a las víctimas con un plato de lentejas a cambio de dejar de lado la discusión histórico - política sobre lo sucedido en el país.
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El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre La Rochela
20 de junio de 2007, por
El 18 de enero de 1989, quince funcionarios judiciales investigaban en el departamento de Santander graves violaciones de derechos humanos, entre ellas, la desaparición forzada de 19 comerciantes. De repente, fueron abordados por varias decenas de hombres armados que se presentaron como miembros de las FARC, quienes procedieron a desarmarlos y encerrarlos alrededor de dos horas y media. Seguidamente, los ataron con las manos en la espalda y los introdujeron en dos camperos, siendo conducidos al sitio “La Rochela”. Allí, a sangre fría fueron ejecutados uno a uno, en total estado de indefensión y vulnerabilidad.
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