A las 10:00 de la mañana del día 17 de mayo unidades militares del Ejército Nacional -Brigada móvil 24, Compañía Alfa 1- realizaron un allanamiento a la vivienda del presidente de la junta de acción comunal de la vereda la Esperanza, del municipio de Apartadó, y que dicho registró se produjo en momentos en que los habitantes se encontraban fuera de esta casa participando de una reunión de la Junta de Acción Comunal de dicha vereda, convocada en la escuela por la organización campesina.

 

El Comité de y Para los Derechos Humanos de San José de Apartadó denuncia ante la comunidad nacional e internacional, y ante los organismos de control y responsables de la protección de los derechos humanos y de las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario que:

A las 10:00 de la mañana del día 17 de mayo unidades militares del Ejército Nacional -Brigada móvil 24, Compañía Alfa 1- realizaron un allanamiento a la vivienda del presidente de la junta de acción comunal de la vereda la Esperanza, del municipio de Apartadó, y que dicho registró se produjo en momentos en que los habitantes se encontraban fuera de esta casa participando de una reunión de la Junta de Acción Comunal de dicha vereda, convocada en la escuela por la organización campesina.

En momentos en que se producía el allanamiento de la casa de este líder comunitario se presentaron combates con unidades de la guerrilla de las FARC. La comunidad denuncia que se entablaron combates durante media hora aproximadamente, y que se prolongaron por los alrededores de la vivienda. Los soldados del Ejército entablaron los combates desde al interior de la casa, mientras los combatientes de las FARC atacaban desde afuera.

Exigencias a las partes

– A las FARC-EP y al Ejército Nacional les exigimos respeto por las personas y bienes protegidos, según las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario. Pues las acciones miliares que estamos denunciando constituyen una clara violación a las garantías para los pobladores civiles.

– Hay que recordarles a las partes que ninguna ventaja militar justifica la exposición de la vida, la integridad de la población o de los bienes necesarios para su supervivencia.

– Al Ejército le exigimos que se pronuncien y aclaren la situación, en el sentido de poder justificar si tal registro a la propiedad del líder comunitario contaba con autorización judicial, y si acaso estaban acompañados por los operadores judiciales pertinentes.

– También le exigimos al Ejército que permita al Comité de Derechos Humanos, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo, conocer sobre la orden de operaciones del día 17 de mayo para las unidades del Ejército que se encontraban destacadas en esta región. Todo ello como un gesto de transparencia, a fin aclarar si esta violación a la población civil ha contado con la orientación de los responsables militares, o si se trata de iniciativas de mandos medios.

Exigencias a los operadores de justicia y a los organismos responsables de la protección a la población civil

– Que inicien las investigaciones necesarias a fin de esclarecer la responsabilidad de cada una de las partes en esta violación a la población civil.

– Que inicien la recolección de información que permita aclarar la participación del Ejército en lo que puede tratarse de un allanamiento ilegal y persecución política de líderes campesinos. Así mismo, que se dispongan medidas para que el Ejército inicie la reparación a las víctimas.

– Que inicien las acciones necesarias para proteger a la familia que ha sido víctima de dicha violación. Los organismos de protección han de ser conscientes de que una de las etapas de mayor vulnerabilidad para las víctimas es justo desde el momento en que se inicia la denuncia de las violaciones sufridas.

– Que se acerquen a la región a fin de verificar la situación de presión y malos tratos a los que ha estado sometida la población civil, tales como: intimidación y tratos degradantes. Todos ellos debidos a su participación en las organizaciones sociales y campesinas.

Por último, el Comité quiere hacer saber que por tratarse de una situación extrema y que puede derivar en afectaciones posteriores para las víctimas, se iniciará una campaña de monitoreo a esta situación. Y desde ahora anuncia que una vez expedida esta comunicación, se entenderá que todo agravamiento de la situación de las víctimas –posteriores violaciones como retaliación por la denuncia- corre bajo la responsabilidad de órganos como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal de Apartadó y la fiscalía.