Han transcurrido cerca de quince años, desde la última vez que funcionarios del alto gobierno firmaron acuerdos con campesinos en la región del Catatumbo, que bloqueaban las vías de acceso a la ciudad de Cúcuta, a la altura del municipio de El Zulia, lugar en donde se desarrolló un inmenso operativo militar-policial para impedir su arribo a la capital del departamento.
Al levantar la protesta, los campesinos exigían en términos generales lo mismo que ahora: mayor inversión y presencia del Estado, además de programas de apoyo para la sustitución de plantaciones de hoja de coca.
Esta marcha se presentaba dos años después de haberse movilizado en agosto de 1996 cerca de 20.000 campesinos dedicados en su mayoría a los cultivos de hoja de coca, que llegaron hasta la ciudad de Cúcuta, provenientes principalmente de los municipios de Tibú, El Tarra, Convención y Teorama.
Los campesinos regresaron a sus parcelas tras establecer diálogo con autoridades regionales, entregar un pliego petitorio y firmar un acta de compromiso, tras oír de autoridades regionales, con la mediación del Defensor Nacional del Pueblo José Fernando Castro Caicedo, adquirir algunos compromisos puntuales de adelantar obras como arreglo de vías de comunicación, el traslado de maestros, así como, puestos de salud con médicos y enfermeras. Ya para ese momento se comenzaba a exigir el cese de las operaciones de fumigación contra las plantaciones de hoja de coca. Estos hechos ocurrían en el marco de grandes movilizaciones y bloqueos que se desarrollaban en el sur el país: Guaviare, Putumayo y Caquetá.
Aquí comenzó a gestarse lo que más tarde se denominó el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible para El Catatumbo: Propuesta elaborada para darle continuidad a los compromisos adquiridos en las marchas campesinas del 1996 y 1998. Nada de lo que allí se propuso se ha cumplido.
A pesar de que este proceso contó con el acompañamiento y financiación del gobierno nacional -a través de la Red de Solidaridad Social y el programa PLANTE, el gobernador del departamento, algunos alcaldes, ECOPETROL y la comunidad organizada- este importante ejercicio, solo quedó para la historia. Un documento bien elaborado que contaba con el apoyo y la
legitimidad de la inmensa mayoría de las comunidades campesinas y el pleno respaldo de las autoridades locales.
Ayer como hoy esta inmensa y rica región del país, en recursos minero energéticos, presenta una nueva expresión de movilización campesina, producto entre otros, de la profundización de las condiciones de exclusión social, pobreza, miseria y violencia. A estas alturas el nivel de exigencia del campesinado es mayor y la indignación es proporcional al incumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno nacional, frente a las peticiones locales.
Por supuesto que el actual escenario de confrontación es diferente. Hoy los catatumberos cargan sobre sus memorias a miles de personas asesinadas, desaparecidas de manera forzada y desterradas de sus territorios. Muchos de los cuales han tenido que regresar sin ningún acompañamiento gubernamental, al resistirse a morir de hambre frente a la indiferencia institucional.
De los 282.000 habitantes que actualmente viven en la región, según las proyecciones del DANE, cerca de 52.000 personas víctimas del conflicto armado han registrado los hechos violentos ocurridos en su contra.
La región sufrió desplazamientos masivos en la mayoría de sus municipios. Lo mejor de su capital humano, fueron asesinados, desterrados a otras ciudades del departamento y del país, mientras que otros residen en países europeos y Canadá.
Los grupos de autodefensa ensañados contra la población civil desde el año 1999, desencadenaron la peor crisis humanitaria que tengamos conocimiento, aunque lo peor es que catorce años después de la incursión paramilitar esta gravísima situación vivida por sus habitantes, no ha sido resuelta. Es decir, no hablamos de cosas del pasado, ya que, para el año 2012, de las tres principales causas de mortalidad en la región, dos están relacionadas con el conflicto armado: las agresiones y los homicidios.
La situación es de tal magnitud que el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha emitido, desde el año 2001 alrededor de quince informes de riesgo y cinco notas de seguimiento, en donde ha llamado la atención acerca de la gravísima situación humanitaria de la región.
Gente buena y trabajadora que ha pagado caro, la decisión de habitar una tierra extraordinariamente fértil y que según información del gobierno nacional, registran rendimientos similares o superiores a los promedios nacionales con respecto al área cosechada por producto. Sobre todo en cultivos tradicionales como tomate, yuca, cebolla bulbo y piña. Esto demuestra el verdadero potencial agropecuario de la región, las ventajas comparativas y competitivas frente al resto de la producción nacional, si tuviéramos una infraestructura vial adecuada, acceso a líneas de crédito, mejoramiento en logística de cosecha y post cosecha y mejores niveles de seguridad y convivencia.
Pero todo lo anterior no deja de ser un sueño mientras tengamos el 68% de la red vial de la región como vías tercerías (1.373 km) por fuera del apoyo presupuestal de los entes nacionales, sobre todo cuando el mismo gobierno nacional ha detectado 68 puntos críticos que amenazan la transitabilidad, la calidad de la infraestructura y la seguridad en el tránsito por estos corredores viales.
Al parecer la riqueza agroecológica de la tierra, su ubicación geo estratégica y la bondad de sus gentes, no han sido suficientes para que las élites bogotanas, desde los ministerios y los entes descentralizados, destinen los recursos suficientes para avanzar en la solución de problemas elementales como salud, educación, electrificación rural, empleo digno, agua potable, alcantarillado y vías.
Al fin de cuentas, El Estado ha dejado a los nortesantandereanos y especialmente a los catatumberos, en manos del mejor postor: guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, contrabandistas y funcionarios públicos pusilánimes y corruptos, a quienes para nada les ha importado, la reserva forestal creada mediante la Ley 2 de 1959 y tampoco el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, para realizar sus actividades ilegales, como los 45 atentados a la infraestructura petrolera, realizados entre enero de 2011 y junio de 2012; o los nueve atentados contra la frágil infraestructura vial del Catatumbo realizados desde el año 2007, de los cuales cuatro fueron contra puentes y cinco contra carreteras.
Además de lo anterior, según Resolución del 2006 de la Defensoría del Pueblo, han destruido alrededor de 200.000 hectáreas de bosque, transformado el uso del suelo, desencadenado procesos erosivos, alterado la regulación hídrica y una importante pérdida de la biodiversidad.
En este escenario se podría explicar la aguda crisis social que vive la región; no hay justificación para que de los 11 municipios que conforman el Catatumbo, seis tienen cobertura de energía eléctrica por debajo de la media nacional (95,79%) a saber: San Calixto 61,67%, Teorama 70,20%, Hacarí 70,07%, Sardinata 72,95%, Abrego 82,86% y El Tarra 92,01%.
Así mismo ninguno de los municipios tiene plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR). Solo seis de ellos cuentan con servicio de agua 24 horas y la mayoría presenta problemas en la calidad del agua potable, pues se ha determinado que genera riesgo medio o alto para la salud humana.
Según el censo de 2005, la cobertura de acueducto no alcanzaba el 50% de la población y la de alcantarillado era inferior al 30% en la zona rural. Hay casos dramáticos como los municipios de El Tarra, Abrego y Convención que presentan coberturas de acueducto del 12,3%, 14,2% y 17% respectivamente; además de las vergonzosas coberturas de alcantarillado rural del 1,7%, 2,4% y 3,6% para los municipios de Abrego, San Calixto y Hacarí.
El país ha avanzado enormemente en ir cerrando la brecha de analfabetismo, coberturas y disminución de la deserción escolar. Pero al revisar las cifras educativas de la región, pareciera como si el Catatumbo no hiciera parte del país. Según la caracterización realizada en el marco del CONPES 3739 de enero de 2013, las mayores carencias de la región (pobreza multidimensional) se presentan en el tema educativo con un 83%. De igual manera, el censo general de población 2005, señala que la tasa de analfabetismo en los municipios de la región para la población de 15 años y más es del 30%, muy superior a la tasa nacional del 8,4%. Pero hay seis municipios que tienen cifras entre el 33% y el 36% como El Carmen (36,4%), El Tarra (36,5%), Hacarí (36,9%), La Playa (35,1%), Teorama (34,9%) y San Calixto (33,7%).
A lo anterior debemos agregar que en la actualidad solo tres de los once municipios están conectados a la Red Nacional de fibra óptica: Abrego, Ocaña
y Sardinata. En cuanto a la penetración de internet la tasa de la región es de 1,21%, frente a la nacional que es del 13,3%.
En consecuencia, las cifras de pobreza de la región se encuentran por encima del nivel de pobreza nacional (49%), con un promedio del 73% de la población en esta condición; algunos municipios como El Tarra y Hacarí presentan las mayores cifras del país, con el 92% y 93% respectivamente.
Estas son las razones de fondo que han generado la inconformidad campesina en el Catatumbo. La violencia no tiene justificación alguna, pero al escuchar y ver, a través de los medios de comunicación privados declaraciones de muchos campesinos que manifiestan abiertamente, que están dispuestos a dejar sus vidas, para que el gobierno nacional los escuche y responda a sus peticiones, comienza uno a entender que vivir en medio de la guerra, la pobreza y la estigmatización gubernamental, acaba con la paciencia de cualquiera.
Ojalá esta nueva oportunidad propiciada con las recientes marchas campesinas y su decisión de continuar buscando soluciones dialogadas, sea aprovechada por el gobierno nacional, la clase política departamental y las autoridades regionales y locales, para dar respuestas concretas y oportunas. Sería un gravísimo error seguir apostando al engaño y a la complicidad.
Estamos convencidos que los nortesantandereanos y los catatumberos merecemos tener por fin y para siempre, una segunda oportunidad sobre la tierra.
FUNDACIÓN PROGRESAR