Pero esa enorme ganancia contrasta con las indignantes
condiciones en que allí laboran cerca de 10 mil trabajadores
contratistas, claramente violatorias de sus derechos laborales
y su dignidad como personas, tal como lo pudo comprobar
la comisión de la USO que en días pasados visitó sus
campamentos; y lo verificó la Agencia de Información de la
ENS en reciente visita a la zona, donde entrevistó a dirigentes
de la USO y a varios obreros de Rubiales, cuyo drama
no es distinto del que padecen sus pares en otras regiones
donde ha llegado el boom petrolero (Vichada, Vaupés, Caquetá,
Putumayo, Montes de María).
Según la USO, hoy las petroleras emplean unos 70 mil
trabajadores mediante empresas contratistas y subcontratistas
(25 mil en Ecopetrol), la mayoría en condiciones laborales
que en nada compaginan con la riqueza que producen,
y que explican en buena parte la espontánea revuelta
que estos trabajadores protagonizaron a mediados del mes
pasado en Puerto Gaitán y el campamento Rubiales. Movilización
que contó con el apoyo de la comunidad, también
afectada por los desastres ambientales, el desplazamiento
poblacional y la poca, por no decir ninguna, responsabilidad
social de la multinacional canadiense en la zona, la
cual, según se lee en el informe de Portafolio, avanza hacia
el descubrimiento de otro gran pozo de petróleo en el Meta,
que podría tener el mismo tamaño de Rubiales.
Con el agravante de que en la zona donde opera, la Pacific
Rubiales se comporta como una especie de república
independiente, o “caja negra”, como le dicen los habitantes
de Puerto Gaitán, por el hermetismo con que actúa y proporciona
la información. Tanto es así que la comisión de
la USO que en días pasados logró llegar hasta allí, debió
sortear los obstáculos que la empresa puso en la carretera:
montículos, vehículos atravesados y zanjas hechas adrede;
en una carretera que es propiedad de la nación y por tanto,
se supone, por ella puede transitar cualquier parroquiano.
Vida en el campamento
Empecemos por contar dónde y cómo duermen los
trabajadores.
Duermen dentro de carpas como de circo y sobre estrechos
camarotes dobles, y hasta triples, provistos de colchonetas
de mala calidad a las que los tendidos se les cambia
una vez cada 21 días, que es el tiempo que dura el contrato de los trabajadores. O sea que a la falta absoluta de privacidad
se suma la insalubridad, la incomodidad, las altas temperaturas
(dentro de estas carpas el calor es casi criminal
porque la ventilación es escasa), y los olores corporales de
más de 140 personas, que es el número de trabajadores que se hacinan en cada carpa.
La diana de levantada suena a las 4 de la mañana, hora
en que empiezan las colas. Colas para bañarse (hay 40 duchas
por cada 1.400 hombres), y colas para hacer las necesidades
fisiológicas (hay un sanitario por cada 40 hombres).
Y se bañan los que alcancen, porque llega el momento en
que el agua se acaba.
A las 5 de la mañana se empieza a servir el desayuno,
que es de la misma calidad del almuerzo y la comida, o sea pésima y poco nutritiva, según coincidieron los trabajadores
entrevistados. Algo de lo que no culpan del todo a
la empresa que suministra la alimentación, pues ésta tiene
que ceñirse a los pliegos de condiciones que fija la Pacific
Rubiales, a la que al parecer poco le interesa tener sus trabajadores
bien alimentados.
A las 6 de la mañana la jornada laboral comienza con
una breve reunión y luego el traslado al campo, por unas
carreteras destapadas y en unos vehículos que dejan mucho
que desear en materia de seguridad y comodidad, pues
carecen de aire acondicionado y no tienen la hermeticidad
necesaria para evitar la entrada de polvo.
Ya en el campo el trabajador se enfrenta a la rudeza del
oficio, que tiene en el inclemente calor su peor aliado, y
en la posibilidad de un accidente una permanente amenaza
porque es un oficio de alto riesgo. Sólo que, según el Fiscal
de la USO, la mayoría de los accidentes no se reportan. Es
una forma de las empresas contratistas mantener bajo su
récord de accidentalidad para no afectar su desempeño a la
hora de firmar un nuevo contrato de operación. Es más, a
los accidentados y enfermos no se les renueva el contrato.
“Los echan como a perros. Tenemos el reporte de 34 casos
de personas que fueron despedidas enfermas e incapacitadas,
y que hoy engrosan la economía informal de Puerto
Gaitán”, anotó el fiscal de la USO.
Lo otro es que a los trabajadores no se les permite liderar
los Comités Paritarios de Salud Ocupacional, que son
administrados por las mismas empresas, que así se convierten
en juez y parte en los accidentes laborales. También la
USO denunció que algunas no cotizan oportunamente a la
seguridad social, o lo hacen parcialmente; y los trabajadores
no tienen la libertad de escoger a qué aseguradoras afiliarse.
Otra denuncia tiene que ver con el acoso sexual que
sufren las pocas mujeres que trabajan en el campamento,
y su nula estabilidad laboral: mujer embarazada es mujer
despedida, así sea madre cabeza de familia. Lo mismo ocurre
con las personas mayores de 45 años. Todo esto contrasta
con las garantías que tienen los obreros vinculados
a Ecopetrol, que gracias a su lucha sindical lograron en su
Convención Colectiva un capítulo entero dedicado al tema
de la salud ocupacional.
La jornada termina a las 6 de la tarde, hora del regreso
al campamento, y de nuevo a las colas para el baño, para
la comida, y hasta para ver televisión, pues cada carpa sólo
cuenta con un televisor. Tampoco los trabajadores tienen
sitios adecuados para la recreación (hay unas pocas canchas de basquetbol) y el único gimnasio lo usa el personal
administrativo.
Así que a las 9 de la noche los trabajadores ya están
profundamente dormidos, pero más por el cansancio del
cuerpo que por la comodidad del colchón. El problema es
que no se pueden dormir sin tomar precauciones con sus
pertenencias. Como no tienen lókers para guardar nada, los
robos entre ellos mismos son sucesos de ocurrencia diaria.
Y si lo que se les pierde es un objetos de dotación de la
empresa, ésta automáticamente lo descuenta del pago. Pero
no sólo los objetos robados, también los que se les dañe en
el desempeño de su labor. O sea que la Pacific Rubiales no
pierde nada.
“Nosotros aquí vivimos como en un campo de concertación”,
fue la frase que utilizó uno de los contratistas entrevistados,
y tal vez no haya una frase mejor para describir su situación.
Contratos basura
La modalidad y forma de contratación son, de entrada,
lesivas para el trabajador. En su mayoría son contratos con
empresas temporales (Sertempo y Servicios Asociados son
dos de ellas) y en menor escala con cooperativas de trabajo
asociado. Pero según la denuncia de la USO, algunas temporales
son de propiedad de empresas contratistas, o sea
que ahí se configura una doble intermediación, que necesariamente
rebaja más el salario y las condiciones de los
trabajadores. Y también dificultan sus reclamaciones, por
cuanto las oficinas de las temporales y las cooperativas no
están en Puerto Gaitán.
O sea que literalmente no tienen a
quién reclamar, pues su patrón está a cientos de kilómetros de allí. Y la Pacific Rubiales, como empresa operadora, no
asume la responsabilidad solidaria frente al incumplimiento
de los compromisos de las firmas contratistas y subcontratistas.
Por lo general los contratos son por 21 días, sin pago
de festivos y dominicales, a razón de 12 horas diarias y sin
pago de horas extras. El trabajador tiene 7 días de descanso,
que en realidad no descanso sino vacancia porque no se los
pagan, lo cual configura una flagrante violación del derecho
al descanso y a las vacaciones. Cuando no es que les
programan hasta 40 días de trabajo continuo, sin descanso.
Con el agravante de que los 7 días de supuesto descanso en la práctica se les recorta, porque por lo menos 2 días se les
va viajando (la mayoría son foráneos, tienen su familia en
otras regiones), y porque es usual que la firma de un nuevo
contrato se demore 2 días, y entonces tienen que esperar en
Puerto Gaitán pagando hotel y comida cara.
Lo otro es que la mano de obra local no es prioridad
para las empresas contratistas y subcontratistas. Estas traen
sus trabajadores de otras partes del país, bien porque ya
han laborado con ellos, o porque conocen el oficio. Y así se
configura un círculo vicioso: la Pacific Rubiales y sus contratistas
no ocupan mano de obra local porque ésta no está
capacitada en los oficios petroleros, pero tampoco les ofrecen
capacitación, ni becas, ni pasantías, ni nada. Resultado:
la mano de obra local sólo tiene el 30% de participación en
Rubiales. La protesta airada de la población por esta política
discriminatoria estuvo en la base de la movilización de julio.
Como también es común que a los técnicos y profesionales
lugareños les toque trabajar como obreros no calificados. Y cuando ejercen funciones superiores a las inicialmente
contratadas (ejemplo: obreros rasos desarrollando
funciones de ayudante de mecánica, o técnico mecánicos
desarrollando funciones de paileros, etc.), éstas no se les
reconocen, ni salarialmente ni mediante un certificado que
por lo menos les sirva para mejorar sus condiciones en una
posterior contratación.
Y para los indígenas, que es una población importante
en número en la región, la situación es peor. Ellos, que tienen
toda la autoridad ancestral por ser los dueños originales
de estos territorios, sufren un desplazamiento atroz. La Pacific
Rubiales tiene en total, entre contratistas y vinculados,
unos 12 mil trabajadores, y entre ellos no hay 100 de las
etnias indígenas. Lo que si ponen son muertos. Se denunció
que en los últimos diez años han muerto 14 indígenas arrollados
por las tractomulas que transitan a altas velocidades
por las carreteras de la zona petrolera.
Salarios que no cuadran
“Si el pago que recibimos fuera bueno, uno hasta aceptaría
tantas privaciones, pero lo que nos pagan es una miseria”,
dijo un trabajador entrevistado.
El salario básico para un trabajador raso en rubiales es
$580 mil, más bonificaciones (que no inciden en la composición
salarial) entre $200 y $400 mil, según sea subcontratista
o contratista. Esto en una región que, por su condición
de centro petrolero, tiene inflación propia: una gaseosa vale
$2.000, un almuerzo normalito $10.000, y una pieza alquilada
en una casa $400.000, lo que en otro pueblo no petrolero
vale el alquiler de toda la casa. Además, el salario no
contempla compensaciones por el tiempo que al trabajador
le toma recorrer largas distancias por vías malas, con lo
cual sacrifica parte de su tiempo de descanso. Como tampoco
considera el tiempo que, dada la lejanía de Puerto Gaitán,
obligatoriamente debe permanecer en el campamento.
Y todas estas anomalías bajo el manto permisivo del
Ministerio de la Protección Social, al que la USO le adjudica
una responsabilidad inmensa en el alto nivel alcanzado
por la violación de los derechos laborales en Rubiales. Sólo
a raíz del campanazo que con su movilización lanzaron los
trabajadores en julio, algunas comisiones del Ministerio
han visitado la zona. Sin embargo, la USO no legitima dichas
comisiones porque éstas no incluyen representantes
sindicales de los trabajadores, sólo a funcionarios de las
empresas. Se desconoce que ya más de 4 mil contratistas de Rubiales se afiliaron a la USO.
Es de anotar que si en años anteriores la USO no había
llegado a Rubiales, fue porque no tuvo mínimas garantías
para hacerlo. Las veces que lo intentó sus delegados fueron
“correteados” por los paramilitares. “Y así y todo, aquí llegamos
primero que el Ministerio, que hasta ahora se ha comportado
como las olas: va y viene, pero sin resolver nada”,
señaló categórico Martín Ravelo, Fiscal Nacional de la USO.
Exigencias y propuestas de la USO
La primera exigencia es que no se impida el libre ejercicio
de la actividad sindical. “Hemos denunciado que la
Pacific Rubiales, en contubernio con el ejército y la policía,
están impidiendo que la USO hable con los trabajadores.
Fue lo que sucedió el pasado 20 de julio cuando llegamos al
campamento. La policía nos notificó que teníamos que salir
porque estábamos en propiedad privada donde el sindicato
no era bienvenido. Además dieron descanso obligatorio el
70% de los trabajadores con el fin de que no hablaran con
nosotros. También nos dimos cuenta de que antes de contratar
al trabajador le hacen firmar el compromisos de no
afiliarse al sindicato, dizque porque eso es una traición a
la empresa”, señaló Héctor Vaca, dirigente nacional de la
USO.
Otra exigencia es que Ecopetrol aplique el principio de
Unidad de Empresa, ya que es socio de la Pacific Rubiales
(posee el 60% de las acciones) y las demás multinacionales
petroleras que operan en Colombia. Se busca con ello
que los contratistas tengan condiciones iguales o parecidas
al resto de los trabajadores de la industria, tomando como
referencia los salarios y prestaciones que paga la Oxy en Arauca, donde un obrero contratista gana entre $1`400.000
y $1`600.000.
Legalmente la Pacific no está obligada a aplicar la convención
de Ecopetrol, porque el Consejo de Estado, en virtud
de una demanda interpuesta por el Ministerio de Minas,
suspendió el Decreto 0284 de 1957 y su resolución 0644 de
1959, que plantean que los salarios de los trabajadores de
las empresas contratistas y subcontratistas deben homologarse
a los que devengan en las empresas operadoras.
A todas estas, la USO propone lo que llama el “salario
petrolero”, no sólo para la región del Meta sino para todas
las zonas petroleras. “Este es un salario que considera el retorno
que para el trabajador significa laborar en una industria
que hoy sostiene gran parte de la economía nacional;
una industria que por demás es agresiva en el tema de la
salud ocupacional y es de alto riesgo en cualquiera de sus
actividades”, dijo a esta Agencia de Información Rodolfo
Vecino, presidente de la USO.
El Encuentro del 3 de agosto
El pasado 3 de agosto, por iniciativa del Vicepresidente
Angelino Garzón, se realizó en Puerto Gaitán un Encuentro
entre las comunidades, representantes de los trabajadores,
la USO, autoridades regionales, delegados del Ministerio
de la Protección Social y voceros de las petroleras, en el
cual se discutieron las diversas problemáticas que afectan
la zona y se instalaron 9 mesas de trabajo temáticas (una de
ellas laboral y de seguridad social), que continuarán un proceso
de diálogo y concertación de soluciones para la región.
Sobre el significado y perspectivas del evento, Rodolfo Vecino, presidente de la USO, dijo: “Tomamos la apuesta del Gobierno en el sentido de
abrir una discusión en cabeza del Ministro, con los representantes
de las multinacionales, la comunidad y el sindicato.
En este escenario discutiremos nuestras propuestas.
Pero tenemos que ser sinceros en manifestar nuestro escepticismo,
pues en los últimos 10 años se firmaron con las
multinacionales 24 actas, sobre temas laborales, de seguridad
social y de responsabilidad empresarial, que fueron completamente incumplidas”.
Por su parte el Fiscal de la organización sindical,
Martín Revelo, señaló que la USO llegó a Rubiales para
quedarse, y con el propósito de instalar puntos de atención
a las reclamaciones de los trabajadores, iniciar un proceso
de educación sindical para los nuevos afiliados, y lograr
capacitar líderes que jalonen el proceso.
“Pero más allá de eso necesitamos que el gobierno y
la Pacific Rubiales garanticen el libre ejercicio de nuestra
actividad en el campo, porque las tareas del sindicalismo
petrolero no se pueden desarrollar desde una oficina o
seccional administrativa. Se hacen con las botas puestas
en el campo, recogiendo las reclamaciones e inquietudes
de los trabajadores para hacerlas llegar al patrono”,
puntualizó.
Y advirtió que de no observar respuestas positivas a los
requerimientos y las justas reclamaciones de los trabajadores,
“acudiremos a las herramientas históricas de lucha,
basadas en la movilización, la protesta y la facultad que
tenemos los obreros de no producirle al patrón”, señaló el Fiscal de la USO
