La Fundación de Derechos Humanos “Joel Sierra”, la Asociación Para la promoción Social Alternativa Minga y la Fundación Progresar, denunciamos las injustas privaciones de la libertad del dirigente sindical y comunal Pedro León Carrillo, secretario general del Sindicato Nacional de la Industria de la Construcción-SINDICONS, y del dirigente campesino Ernesto Roa Montañez, directivo de la Asociación Nacional Campesina- ASONALCA, ocurridas en el marco de la Movilización Pacífica de Exigencia al Estado y a las Empresas Transnacionales que durante más de 20 días pobladores y organizaciones sociales de Arauca adelantaron en ese departamento, demandando el cese de la depredación ambiental producida por la extracción de hidrocarburos y el cumplimiento de previos compromisos adquiridos con las comunidades campesinas e indígenas por empresas petroleras.

Para criminalizar la labor social de Pedro León Carrillo y Ernesto Roa Montañez, la fiscalía utiliza un incidente ocurrido el 29 de enero de este año entre manifestantes y un hombre armado y de civil –luego se estableció era un soldado profesional-, cuando este, a bordo de un vehículo oficial, embistió a los pobladores que se hallaban en el sector de Todos Los Santos, en la vía que de Arauquita conduce a Santa Bárbara de Arauca, y al ser contenido por los pobladores se bajó del rodante blandiendo amenazante un revolver, siendo desarmado por los manifestantes, quienes, al percatarse de que era un militar, le explicaron los motivos de la protesta, le devolvieron el arma y le permitieron retirar el vehículo de ese sector.

Para dar fe de lo sucedido los dirigentes sociales Pedro León Carrillo, y Ernesto Roa Montañez, quienes se hallaban en ese lugar y contribuyeron reducir la tensión que se presentó entre los manifestante y el militar, firmaron con este un acta, en la que se daba cuenta que el agente estatal no había sido agredido y que mantenía bajo su guarda el arma y el vehículo.

Utilizando ese incidente y el acta, funcionarios de la Fiscalía Delegada ante la Estructura de Apoyo de Arauca -la cual tiene sede en la Brigada XVIII del Ejército Nacional y ha sido financiada por compañías petroleras-, capturó el 19 de febrero de esta anualidad en Arauquita, a Pedro León Carrillo y obtuvo que un juez, le impusiera medida de aseguramiento por cinco delitos: el secuestro del soldado, lo que dijo habría ocurrido al impedirle la locomoción por la vía donde este transitaba; por usurpación de funciones públicas, alegando que el dirigente social se había abrogado competencias de funcionario estatal al decidir si se permitía o no el paso por la vía; por fabricación y porte de armas de fuego, delito que se habría consumado al haber tenido contacto corporal con el arma del soldado al momento de realizar la devolución; por perturbación de transporte público, por haber permanecido concentrado junto a otras personas sobre una vía carreteable y por violencia contra servidor público, por supuestamente haber propiciado que otros utilizaran la fuerza para desarmar al soldado; delitos todos agravados y que exponen al dirigente sindical a recibir una pena superior a los cincuenta (50) años de prisión.

Pedro León Carrillo permanece privado de la libertad en la cárcel de Arauca, mientras que Ernesto Roa Montañez, al conocer que contra él se había librado una orden de captura, se presentó el 21 de febrero a la Fiscalía en la ciudad de Saravena, siendo privado de la libertad y sometido a enjuiciamiento criminal.

Igualmente se conoce que la Fiscalía pretende judicializar a otros dirigentes sociales y pobladores de Arauca que participaron en las jornadas de protesta.

El Estado colombiano, por un lado, producto de la movilización cívica, ha abierto un proceso de negociación con las organizaciones sociales araucanas y, por el otro, no solo ha reprimido brutalmente las movilizaciones pacíficas, sino que de manera ilegitima e ilegal criminaliza la protesta social, pretendiendo intimidar y desarticular al movimiento social araucano, trasmutando en graves crímenes episodios nimios ocurridos en el marco de movilizaciones sociales, cívicas y pacíficas.

No se entiende cómo la Fiscalía -que por boca del titular de esa entidad y de otros de sus altos cargos en las reuniones que han celebrado con ONG y organizaciones sociales en la llamada Mesa Nacional de Garantías se ha comprometido a respetar la acción pacífica del movimiento social y ha reconocido que esta es expresión legítima de los derechos políticos de los ciudadanos-, se preste para cometer los atropellos, los abusos y para perpetrar las violaciones de derechos humanos que soportan Pedro León Carrllo, Ernesto Roa Montañes y otros dirigentes sociales araucanos.
Ante estos hechos sugerimos dirijan comunicaciones al señor Fiscal General de la Nación, Dr. Luis Eduardo Montelagre Lynett, a la diagonal 22B No. 22B No. 52-01 Bogotá D.C y/o al conmutador 57(1) 5 70 2000 y/o al e-mail [email protected] Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. o [email protected], solicitándole lo siguiente:Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

· Adopte medidas para restablecer los derechos fundamentales de Pedro León Carrillo y Ernesto Roa Montañez y para investigar penalmente la responsabilidad que pudiera caber a los funcionarios judiciales que se han prestado para criminalizar la labor legítima que estos cumplían como dirigentes sociales.

· Adopte las medidas necesarias para instruir a los funcionarios de la Fiscalía sobre la legalidad y legitimidad de las acciones de protesta social y para que cesen las acciones de acoso judicial contra el movimiento social araucano.

· Desarticule las unidades de fiscalía que funcionan desde dependencias del Ejército y las Fuerzas Armadas, por ser contrarias a la garantía de la independencia judicial.