Pese a que la Procuraduría General de la Nación se ha erigido como una institución que tiene como misión la lucha contra la corrupción, la defensa, garantía y protección de los derechos humanos, y la salvaguarda de los derechos e intereses de los ciudadanos y del patrimonio público, y se le ha dotado de funciones de prevención, investigación y sanción a los servidores públicos que incurran en faltas disciplinarias, lo cierto es, que en transcurridos 70 días de ejercicio del nuevo Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado, el panorama no puede ser más desalentador en materia de derechos humanos y lucha contra la impunidad.

 

 

Efectivamente, el pasado 11 de diciembre de 2008, luego de ser elegido casi unánimemente por la plenaria del Senado como nuevo Procurador General de la Nación [1], Alejandro Ordóñez Maldonado anunció que presentaría un proyecto de ley para que la Procuraduría dejara de investigar disciplinariamente a los miembros del Congreso. “[E]s un adefesio que deslegitima el ejercicio de las funciones del Procurador”, afirmó Ordóñez en el momento [2]. No son pocas las investigaciones que tendría que adelantar. Según un balance que el Ministerio Público presentó a un día de la posesión del nuevo Procurador General, en la actualidad se adelantan 116 investigaciones en contra de personas por sus presuntos nexos con el paramilitarismo, han formulado 23 pliegos de cargos y han proferido 7 fallos de primera instancia [3].

El 15 de enero de 2009, el día de su posesión como nuevo Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado volvió a pronunciar sobre las investigaciones adelantadas en contra de congresistas: “La actual estructura para que el procurador ejerza disciplinariamente frente a sus nominadores no es viable”, a la vez que sugirió que el Consejo de Estado asumiera la investigación por estos casos [4]. El presidente del Consejo de Estado, Enrique Gil Botero, descartó esta posibilidad, opinando que “[n]o es conveniente la adjudicación de una nueva competencia como esa, porque tenemos un nivel de congestión muy alto. Por lo tanto, asumir esa función contribuiría al problema. […] No creo que el procurador Maya y sus antecesores hayan tenido alguna incompatibilidad al investigar congresistas. Así que no veo porque esto tiene que cambiar” [5].

A todas luces parece que el Procurador Ordóñez no va a tardar en culminar estas declaraciones –con o sin la modificación de ley que propone-, y no solo con respecto a los congresistas sino también a los militares y otros altos servidores públicos, ya que en las últimas semanas la Procuraduría General de la Nación falló a favor del ex senador Carlos García Orjuela (ex presidente del Partido de la U, Tolima) y General (r) Rito Alejo del Río Rojas.

Con relación al General Rito Alejo del Río, el pasado 4 de febrero la Procuraduría conceptuó que no existían pruebas que vincularan al retirado general en el homicidio del Marino López Mena [6], dejando como única vinculación concierto para delinquir agravado [7]. No obstante, el 3 de marzo de 2009 la Fiscalía General de la Nación confirmó la acusación en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio en persona protegida [8].

El mismo 4 de febrero, la Procuraduría también solicitó a la Fiscalía General de la Nación que cerrara la investigación en contra del ex senador Carlos García Orjuela, al desvirtuar la credibilidad de los testimonios en su contra rendidos por miembros de estructuras paramilitares [9]. Es de notar que sólo dos días después, con base en algunos de estos mismos testimonios, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar en contra del representante a la Cámara Jaime Armando Yepes Martínez (Partido de la U, Tolima), socio político del ex senador García Orjuela [10]. Además, el 19 de febrero de 2009, el ex paramilitar Ricaurte Soria Ortiz, uno de los testigos en el caso del ex senador García Orjuela, reafirmaba la veracidad de su testimonio [11]. El 25 de febrero de 2009 un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia profirió resolución de acusación en contra del ex senador [12], al encontrar suficientes pruebas que lo vinculan con el paramilitarismo [13].

Es importante recordar que el entonces senador García Orjuela renunció a su fuero como congresista el 19 de agosto de 2008 con el fin de evitar la competencia de la Corte Suprema y tener la investigación penal remitida a la justicia ordinaria [14]. La estrategia de renunciar a la investidura ha sido implementada ampliamente por representantes y senadores. Según el seguimiento realizado por el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, desde Noviembre de 2006 hasta la fecha al menos 33 parlamentarios –quienes son investigados por sus nexos con el paramilitarismo- han renunciado a su fuero como congresista [15]. El caso del ex presidente del Senado Luís Humberto Gómez Gallo (Partido Conservador, Tolima) da fe de esto cuando el 12 de agosto de 2008 la Fiscalía General de la Nación dejó vencer los términos [16], al tiempo que precluyó la investigación [17], al desvirtuar el testimonio rendido por un paramilitar en contra del ex senador (y sin reconocer que las inconsistencias de su testimonio se debían a las presuntas amenazas de muerte que enfrentaba si testificaba en el caso) [18].

Luego de las amplias críticas recibidas desde diferentes sectores de la sociedad por estas actuaciones, la Procuraduría volvió a pronunciarse sobre la responsabilidad de altos servidores públicos en conducta criminal cuando absolvió al ex Ministro del Interior y de Justicia y actual Embajador de Colombia en Italia, Sabas Pretelt de la Vega, y el actual Ministro de Protección Social, Diego Palacios Betancourt [19], en el caso conocido la ‘Yidispolítica’ [20], quienes están investigados por sus presuntas irregularidades en la aprobación legislativa de la reforma constitucional para permitir la reelección presidencial. La medida también cobijó al ex viceministro del Interior y de Justicia Hernán Angarita, el ex director del DAS Jorge Noguera Cotes, y al ex Superintendente de Notariado y Registro José Félix Lafaurie. Esta decisión controvierte la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia en contra del ex congresista Teolindo Avendaño Castellanos por los delitos de cohecho propio y enriquecimiento ilícito de particular [21].

Lo acontecido en estos 70 días de mandato del nuevo Procurador, indica que los servidores públicos actualmente investigados por sus nexos con el paramilitarismo y por ser los presuntos autores intelectuales de los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la estrategia paramilitar tienen a su disposición un nuevo instrumento de impunidad encarnado en la persona del Procurador General Alejandro Ordóñez Maldonado.

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