“EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, CLAUDIO SÁNCHEZ, LLEGÓ A LA REUNIÓN DE SANTAFÉ DE RALITO ACOMPAÑADO DE MANCUSO”

El pasado 8 de octubre de 2007, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró en una audiencia pública realizada en la ciudad de Cúcuta, no solo que él era el responsable directo de la desaparición de al menos cinco profesores de la Universidad de Córdoba, sino que también influyó en el nombramiento del rector Víctor Hernández en el año 2000. La orden, dijo, era limpiar el centro académico.

 

El pasado 8 de octubre de 2007, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró en una audiencia pública realizada en la ciudad de Cúcuta, no solo que él era el responsable directo de la desaparición de al menos cinco profesores de la Universidad de Córdoba, sino que también influyó en el nombramiento del rector Víctor Hernández en el año 2000. La orden, dijo, era limpiar el centro académico.

A estas declaraciones se suman las constantes denuncias de profesores, trabajadores, estudiantes y pensionados de la Universidad, sobre la relación entre el comandante paramilitar y el nombramiento del actual rector, Claudio Sánchez Parra, así como sobre la infiltración del paramilitarismo en el claustro universitario.

No obstante todas las evidencias, el presidente Álvaro Uribe Vélez, insiste en reiterar los avances del centro académico desde el nombramiento como rector de Claudio Sánchez, Parra, una de las fichas de Mancuso, como lo manifestó entre líneas, el pasado 3 de febrero en un Consejo Comunitario realizado en Tierralta, en el que destacó la labor realizada por éste.

Se le olvida al presidente Uribe mencionar a la opinión pública, tal y como lo denunció el mismo ex rector Víctor Hugo Hernández que una vez posesionado en el año 2000, los paramilitares en cabeza de Mancuso, le exigieron que nombrara tres de sus aliados claves, Rodolfo Chalita como vicerrector Administrativo, Manuel Troncoso, jefe del Fondo de Salud y el mismo Claudio Sánchez como jefe de Planeación.

También se le olvida decir que el actual rector permitió que tres hermanos entre sí, primos de Mancuso ocupasen cargos administrativos en la Universidad, a saber, Jhon Jairo Gómez Támara, Jefe de Servicios Generales, Emma Paola Gómez Támara, directora de Bienestar Universitario y Alina del Carmen Gómez Támara, Jefe de archivo, así como otros familiares y allegados del mismo, como en el caso del administrador de la granja Berastegui, cuñado hermano de éste.

Pasa por alto, el presidente Uribe Vélez, las dos reuniones que jefes paramilitares sostuvieron con dichos rectores. La primera realizada en Santa Fe de Ralito el 17 de diciembre de 2001, en la cual Mancuso le exigió al rector de entonces, Víctor Hugo Hernández que el manejo administrativo y los contratos debían ser concertados con él. La segunda realizada el 18 de febrero de 2003, a la que fueron convocados por Mancuso, además de Claudio Sánchez, el actual rector, los directivos de los sindicatos de la Universidad, ASPU, SINTRAUNICOL y AJUCOR, quienes fueron recogidos ese día, en un vehículo de la empresa Cooperativa de Transportadores Tucurá, y conducidos a Santa Fe de Ralito a un campamento paramilitar, donde llegaron a las 6:30 de la tarde, encontrándose allí también con Felix Manssur Jattin, Presidente del Consejo Superior y representante del Ministro de Educación Nacional; Gustavo Rodríguez Argel representante de los ex rectores; Jairo Durango Vertel vicerrector Académico y representante de las directivas académicas; Alicia Cogollo representante de los egresados; Norman Espinosa, representante del Gobernador de Córdoba; Hugo Ordoñez Ñañez, representante de los estudiantes; John Jairo Támara Gómez, Jefe de Servicios Generales; Carlos Castaño Puentes Director de la Granja Berástegui; Rafael Dájer Plata, vicerrector Administrativo; y Julio César Garcés, funcionario administrativo.

En este punto es bueno recordar, que según denuncias de los mismos presentes a la reunión, el mismo rector Claudio Sánchez Parra llegó a la cita en compañía del propio Salvatore Mancuso, quien exigió a los representantes gremiales iniciar una discusión con las directivas universitarias sobre los temas de salud, convención colectiva y reestructuración, para lo cual dio un plazo de tres meses, fecha en la cual, si no se llegaba a un acuerdo, se designaría como rector a Claudio Sánchez Parra.

Eso sí, dejo claro Uribe Vélez, al igual que lo hizo en el Consejo Comunitario de febrero del 2007, cuánto según él, ha progresado la Universidad de Córdoba, tanto, que ya no es “un antro de delincuencia que hubo en el pasado y que no vamos a dejar que se restablezca” .

Muy seguramente el presidente Uribe hace alusión al baño de sangre que se inició en 1995 con el asesinato del profesor Francisco Aguilar Madera, el de Alberto Alzate Patiño en 1996, el atentado ese mismo año contra el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad René Cabrales Sossa, hecho en el cual fue asesinada su nieta de 2 años y herida una de sus hijas; el asesinato en 1998 del profesor Misael Díaz Urzola, representante ante el Consejo Superior; el homicidio en septiembre del año 2000 del candidato a la rectoría, profesor Hugo Iguarán Cotes y de cinco estudiantes; el asesinato de Manuel Ruíz, René Ríos, Albeiro Taborda Álvarez, Francisco Galarcio Polo, Felix Antonio Aviles Arroyo, crímenes confesados por Mancuso y las múltiples y reiteradas amenazas, atentados y desplazamientos, en que se ha visto sumida la comunidad universitaria en los últimos años.

Entre tanto, el Alma Mater espera que prontamente la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía se pronuncien frente a las investigaciones penales y disciplinarias que se adelantan contra el rector Claudio Sánchez por sus vínculos con el paramilitarismo, y se avance en la obtención de verdad, justicia y reparación integral a la que tienen derecho.

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