Manifestamos que es inaudito que mientras las organizaciones sociales y populares hacen exigencias dignas y legitimas consignados en pliego regionales, donde reclaman la presencia del Estado y puesta en marcha de reales políticas de inversión social, el gobierno nacional opte por judicializar a los manifestantes en lugar resolver sus exigencias.
Exijimos del gobierno nacional que se garantice el Derechos Constitucional a la Protesta, la salud, el Trabajo Digno y a la libre movilidad y en consecuencia genere los caminos al diálogo con el fin dar pronta solución a las exigencias de Sectores agrarios y populares.
