Desde el lunes 7 de Septiembre del año en curso, más de 500 trabajadores de la empresa floricultora Benilda S.A.C.I., de propiedad de los hermanos Pedro y Carlos Mejía y algunos de sus herederos, se vieron forzados a iniciar una huelga para exigir el pago de los salarios, los aportes legales para seguridad social en salud y pensiones, el subsidio familiar, las dotaciones (ropa y elementos de trabajo), y contra las maniobras de los empresarios que, para birlar los derechos de los trabajadores, han trasladado áreas enteras de la plantación a empresas creadas recientemente por los mismos empresarios, con distinta razón social y cuya representación legal se ha confiado a mandos medios de la empresa Benilda.
A las nuevas empresas testaferro se han trasladado o vinculado nuevos trabajadores, pero mediante formas precarias de contratación o de subcontratación laboral (sin sujeción al Derecho del Trabajo) que dan forma a la sobre-explotación del trabajo, para reducir así los costos de producción.
A las trabajadoras y trabajadores más antiguos, que llevan entre 15 y 28 años de trabajo en la empresa floricultora Benilda, hasta ahora se les conserva su vinculación laboral, pero son objeto de presiones para que renuncien “voluntariamente” a su empleo con el argumento falaz de que esta empresa está en proceso de liquidación y carece de recursos para continuar pagando salarios, prestaciones sociales y los aportes legales para la seguridad social, lo que podría significar que los trabajadores(as) que no se sometan pierdan sus acreencias laborales ya causadas, o quienes si lo hagan deban aceptar que las mismas se les paguen tres años después de la terminación definitiva de sus contratos de trabajo, tal como se ha propuesto sin respeto alguno a la dignidad humana y a las normas que determinan la obligación del pago oportuno de las remuneraciones y las prestaciones sociales. El proceso de marchitamiento de la Empresa se viene dando desde 2001, año en que ocupaba 1800 trabajadores(as) y que han reducido hasta los 500 actuales.
Es evidente, que estamos frente a la figura jurídica de la “huelga imputable al empleador, por incumplimiento de las obligaciones salariales con sus trabajadores” (art.379 del C.S.T.), razón por la cual hasta la fecha los empresarios no han pedido la intervención de las autoridades del trabajo, que deben levantar un acta donde se deje constancia de los motivos de la huelga. Por su lado, los dirigentes sindicales si han solicitado tal intervención, pues se tiene claro que la retención de salarios y el no pago de los aportes para seguridad social (salud y pensiones), son causal para legitimar la huelga y sancionar a la empresa. Con el agravante de que, durante los últimos meses, fueron descontados de los salarios y hasta la fecha no se han entregado a las entidades de seguridad social. Sin embargo, las autoridades del trabajo, omitiendo sus obligaciones legales, guardan silencio frente a las reclamaciones de los trabajadores, configurándose así una conducta cómplice con los empresarios, que, por supuesto, amerita una investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.
Teniendo en cuenta el antecedente de creación de empresas testaferro, existen razones para creer que, en realidad, se trata de una maniobra infame encaminada a deshacerse de los trabajadores antiguos que han acumulado acreencias laborales, y, por supuesto, fatiga y enfermedades. Así, las trabajadoras y trabajadores son tratados como muebles viejos que, con el propósito de renovar la vieja casa, deben ser tirados a la calle. No es absurdo pensar que, como el Ave Fénix, de las cenizas de la empresa liquidada resurja una nueva, con otro nombre y nuevos trabajadores, con bajos salarios y sin un sindicato que los represente.
Los trabajadores enfrentados a sus necesidades, han reducido sus pretensiones para reiniciar sus labores. Lo harían sobre la base del pago puntual de las quincenas y de la seguridad social, pues durante el tiempo que se han retenido los aportes para seguridad social han fallecido trabajadores que no recibieron atención médica oportunamente. Para el cubrimiento de las demás acreencias laborales, se darían plazos razonables. Sin embargo, los empresarios no ceden, pues consecuentes con su fin último esperan que las necesidades agobien a los trabajadores(as) y desfallezcan de cansancio, optando por el retiro “voluntario”, lo que los exime de pagar indemnizaciones por despido injustificado y reconocer a largo plazo, por cuotas y reducidas en su valor, las prestaciones sociales causadas hasta la fecha del retiro.
La solidaridad que los trabajadores y trabadoras debemos brindar, debe trascender las simples manifestaciones de apoyo moral. El hambre agobia los hogares de estos compañeros y campañeras; sus hijos han dejado de asistir a sus escuelas, y en los sitios de concentración de los huelguistas ya es muy poco lo que hay para echar a la olla común. Con nuestra presencia y nuestros aportes en dinero y en víveres, indudablemente contribuiremos a mantener su capacidad de resistencia, después de cerca de dos meses de huelga.
Complementariamente, nuestra solidaridad puede expresarse mediante el envío de cartas de repudio a la maniobra empresarial, y a las autoridades del Ministerio de Protección Social, a la Procuraduría General de la Nación, incluso al Presidente de la República y al gremio de los empresarios, ASOCOLFLORES, exigiéndoles su intervención en procura de una solución definitiva del conflicto laboral, garantizando que los derechos de estos trabajadores y trabajadoras, cuyo promedio de tiempo servido a la empresa supera los 20 años, se cumplan de inmediato y se respeten conforme a la ley.
Las visitas a las y los huelguistas se pueden realizar en la Finca San Marino, kilómetro 27,5 vía Bogotá-Facatativá, adelante de El Corzo. Confirmar asistencia a los siguientes celulares: 321 2068962, Aidé Silva; 321 2089390, Esperanza Lozano, y 321 2089337, Alejandro Torres.