A lo largo del encuentro sólo se habló de un tema: afinar todas las estrategias posibles para “no entregar ni una sola cuadra de sus tierras”. El rumor se regó como pólvora en la región agroindustrial, aumentando los niveles de zozobra existentes entre los campesinos que esperan que a través de la nueva Ley de Víctimas, les restituyan los predios que paramilitares y narcotraficantes les despojaron en la última década.
Razones tienen para sentirse así. Los terratenientes participantes de la mencionada reunión son señalados de apropiarse de manera fraudulenta de cientos de hectáreas en el Urabá antioqueño para luego anexarlos a grandes haciendas dedicadas actualmente a la ganadería y agroindustria. El propio Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, le solicitó a la Fiscalía General de la Nación, mediante oficio enviado en septiembre de 2010, adelantar una serie de investigaciones contra Echeverri Bedoya, Echeverri Rico, Ardila Hoyos y otros latifundistas de la región agroindustrial por su presunta participación en despojos y amenazas a líderes campesinos.
Julio*, un labriego de la región a quien los paramilitares lo despojaron de su parcela en 2001, afirma que lo de la reunión no es un cuento. Sabe que en ella estaban presentes varios trabajadores de las haciendas que hoy están en el “ojo del huracán”. Que varios de ellos tienen vínculos familiares con personas que están reclamando tierras usurpadas y que fueron ellos mismos los que llamaron a un grupo de campesinos para decirles que “¡pilas que así están las cosas! Para que no se hagan matar”.
Hoy, Julio teme por su vida. No es para menos. Tras cuatro años de exilio forzado, en 2005 decidió regresar a su tierra dispuesto a reclamar lo que siempre fue suyo: una parcelita que el Incora le titulo a su padre en 1984 y que fue ocupada por un mando medio del Bloque Bananero, que dirigió Ever Veloza, alias “H.H”. Dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, Julio le pidió asesoría a una persona reconocida en el Urabá antioqueño como líder de las víctimas de despojo y que, además, “andaba en las mismas vueltas”.
Pero dicha persona murió de manera extraña en mayo de 2010, paradójicamente seis meses después de que la justicia reconociera que los paramilitares le arrebataron su predio de manera fraudulenta y que el poseedor actual debía devolvérsela. Se trataba de Albeiro Valdés. A Julio, la muerte del líder le produjo toda suerte de sentimientos encontrados. Pudo comprobar que la justicia cojea pero llega. Pero también fue testigo presencial de que las amenazas proferidas por aquellos que no se quieren dejar quitar las tierras, iban en serio.
De hecho, desde que inició los trámites jurídicos para recuperar su parcela, por allá en el 2007, sintió toda clase de presiones para que abandonara su causa. Tras la muerte de Albeiro arreciaron las amenazas contra su vida, las mismas que aumentaron en intensidad luego del asesinato de Hernando Pérez, ocurrido el 19 de septiembre de 2010. Actualmente, Julio no puede salir de su casa ni siquiera a trabajar. “Vivo de la caridad de mis hermanos”, como él mismo explica.
Carlos Paez, vocero de la Asociación Nacional para la Restitución Tierra y Vida, Capítulo Urabá, señala que, al igual que Julio, por lo menos 20 campesinos reclamantes de esta región se encuentran seriamente amenazados. Para Paez, las presiones e intimidaciones provienen de terratenientes y testaferros dispuestos a defender la tierra usurpada.
La causa de la restitución se convirtió en un asunto de dignidad que ha puesto en riesgo la vida de los reclamantes, todo porque “las personas que les quitaron la tierra viven ahí mismo en el territorio. Eso ocurre con mayor intensidad en municipios como Arboletes, San Juan y San Pedro de Urabá, Chigorodó, Carepa y Necoclí. ¿Qué pasa? Que los testaferros buscan enterarse a toda costa quienes están reclamando para amenazarlos. En otros (municipios) como Turbo y Mutatá la presión no es tan fuerte, porque los despojadores están en otras ciudades”, expresa Paez.
En la vereda de Julio, por ejemplo, unas 40 familias vienen adelantando acciones jurídicas para recuperar predios usurpados fraudulentamente. “Pero por lo menos unas 60 (familias) más se abstienen de hacerlo, por las constantes amenazas y por los asesinatos de los líderes y como los malos están ahí, pues uno entiende el miedo de la gente”, agrega el labriego.
¿Esperanzas?
En la oficina regional en Antioquia de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr), reposan 2.224 casos de reclamación de predios usurpados por grupos armados ilegales en todo Antioquia. De ellos, 1.544 casos (el 69.4%) corresponden a la región del Urabá. El municipio de Turbo encabeza la lista con 1.324 casos, seguido de Mutatá con 113, Necoclí con 73 y Arboletes con 34.
Según los cálculos de los abogados de la entidad, sólo en las reclamaciones de la región agroindustrial podrían estar en juego 46.282 hectáreas de tierra. Aunque en esta materia, el subregistro es bastante alto debido a la falta de unificación de los sistemas de información. Lo que sí se ha comenzado a establecer, gracias a las denuncias allegadas, son los métodos empleados por los perpetradores de este crimen.
De acuerdo con la CNRR, del total de casos registrados 500 presentaron abandono del predio; en 151 de ellos se presentó una venta fraudulenta; la venta bajo presión se presentó en 146 de las denuncias y el despojo material se registró en 89 casos. No obstante, persiste la incertidumbre de cómo se despojo la tierra en 1.323 casos.
En la recién sancionada Ley de Víctimas, el capítulo de tierras contempla que la restitución se aplicará para hechos ocurridos desde 1991. Asimismo, se creó la jurisdicción de tierras cuya responsabilidad recaerá en los jueces Penales del Circuito quienes además deberán resolver, en un plazo no mayor a los cuatro meses, los litigios de restitución.
El articulado también definió que para dicho procedimiento deberán ser los denunciados como ocupantes de mala fe quienes demuestren los derechos sobre los predios (lo que se conoce como inversión de la carga probatoria) e igualmente se creó la segunda instancia para evitar abusos o malas interpretaciones por parte de los operadores de justicia.
Y es aquí donde están depositadas las esperanzas de campesinos como Julio de recuperar lo que los grupos armados le quitaron años atrás. “La Ley es buena, yo confío en ella. Falta que el Gobierno nos de garantías de protección”, cuenta el labriego que pese a lo delicado de su situación, no cuenta con ningún esquema de protección.
“Nosotros le hemos planteado al Gobierno nacional esta situación. Entendemos que no se le puede poner un policía o un escolta a cada campesino amenazado, pero tampoco vemos que el Gobierno tenga alternativas para la protección”, declara Carlos Paez.
Con todo y esto, ni Julio ni Paez ni los cientos de campesinos que vienen participando en los procesos de reclamación de tierras quieren dar su brazo a torcer. “Ya nos metimos, tenemos que salir. Estamos con miedo, pero también con fortaleza. Estamos muy unidos, dispuestos a recuperar lo nuestro. La Ley nos va a ayudar, estoy seguro que sí”, sentencia Julio.
*El nombre y detalles del relato fueron omitidos para preservar la seguridad de la fuente
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