En el marco de la conmemoración del día internacional de los derechos humanos, y durante la audiencia pública que se realizó en el Congreso de la República sobre fosas comunes, la Senadora Piedad Córdoba propuso la creación de una comisión que analice la actual Ley de Justicia y Paz, que ha sido un fracaso, cuya vigencia concluye el 31 de enero de 2010 y cuyo debate se iniciará esta tarde.

 

 

La senadora señaló que no se puede hablar de derechos humanos en un país, donde no existen garantías reales para las víctimas, ni se ha logrado conocer la verdad histórica causada por los paramilitares que en su momento fueron extraditados por el gobierno nacional estratégicamente.

Igualmente, hizo un llamado a la comunidad internacional para que además de compartir sus experiencias, se involucre en la búsqueda de una solución política y negociada al conflicto armado que vive Colombia, como salida a la crisis humanitaria que vive el país.

Por su parte, la Senadora Gloria Inés Ramírez, también convocante de la Audiencia, denunció que 2.439 cuerpos de personas muertas por razón del conflicto armado han sido encontrados por forenses en los últimos meses en 1997 fosas comunes, según datos de la Fiscalía General de la Nación. La Senadora añadió que según datos del Observatorio de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario, durante el primer periodo presidencial del actual gobierno desparecieron 11.800 personas, alrededor de 7 cada día.

De igual manera destacó que desde 1976 ha habido en Colombia más de 500.000 casos de desaparición forzada de personas y que es urgente la creación de un marco legal para una política pública “que impida que la impunidad y el olvido ofendan la memoria de las víctimas”. La Senadora Ramírez saludó la presencia de representantes de gobierno y organizaciones sociales del Estado Catalán, que han trabajado en el proceso de reconstrucción de la memoria de las víctimas del régimen franquista quienes han avanzado en la .

En la Audiencia, convocada en conjunto con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Centro de Memoria, paz y reconciliación, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, participaron familiares de las víctimas y sus representantes legales.