El pasado 1 de junio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos -OEA-, su “Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas”, en una conferencia organizada por el Washington College of Law de American University, en la ciudad de Washington D.C. Específicamente sobre Colombia en lo relativo a la ley de Justicia y Paz, la CIDH, observa que los mecanismos institucionales creados por dicha ley, no poseen suficiente fortaleza para afrontar con efectividad la tarea de esclarecer judicialmente las miles de masacres, ejecuciones selectivas, desapariciones forzadas, secuestros, torturas y graves daños a la integridad personal, desplazamientos forzados y usurpación de tierras, entre otros crímenes, cometidos por varios miles de desmovilizados durante los largos años en que las estructuras paramilitares han mantenido su vigencia en Colombia.
El pasado 1 de junio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos -OEA-, su “Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas”, en una conferencia organizada por el Washington College of Law de American University, en la ciudad de Washington D.C. Segùn un comunicado emitido por la Comisión, el informe resalta que “entre otras acciones que impiden o limitan el trabajo de quienes defienden los derechos humanos en la región, se constatan ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas; agresiones y amenazas; campañas de desprestigio, iniciación de acciones judiciales; restricción al acceso de información en poder del Estado; abusivos controles administrativos y financieros; e impunidad en relación a quienes son señalados como autores de estas violaciones”.
Específicamente sobre Colombia en lo relativo a la ley de Justicia y Paz, la CIDH, reitero que entre los objetivos de la norma no se cuenta el establecimiento de la verdad histórica sobre lo sucedido durante las últimas décadas del conflicto, ni sobre el fomento del paramilitarismo. Así mismo observa que los mecanismos institucionales creados por dicha ley, no poseen suficiente fortaleza para afrontar con efectividad la tarea de esclarecer judicialmente las miles de masacres, ejecuciones selectivas, desapariciones forzadas, secuestros, torturas y graves daños a la integridad personal, desplazamientos forzados y usurpación de tierras, entre otros crímenes, cometidos por varios miles de desmovilizados durante los largos años en que las estructuras paramilitares han mantenido su vigencia en Colombia.
Igualmente destaca que durante el último año, autoridades estatales, entre ellos el mismo Presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez ha continuado desacreditando públicamente la labor de defensores de derechos humanos y comunidades de paz, entre ellas la de San José de Apartadó. Por esta razón la CIDH reitera que los funcionarios públicos deben abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen a las defensores y defensores y que el gobierno debe dar claras instrucciones a sus funcionarios a este respecto, y debe “cuando sea el caso, sancionar disciplinariamente a quines no cumplan con dichas instrucciones.”
Por considerarlo de vital importancia para su análisis y divulgación, se adjunta el informe completo.
INFORME CIDH
