El 16 de mayo de 1998 un comando armado de las Autodefensas Unidas de Santander y sur del Cesar irrumpió en el sector de los barrios El Campin y María Eugenia y asesinó a siete pobladores y desaparecieron forzadamente a 25 personas bajo la premisa de ser auxiliadores de la guerrilla; de las cuales cinco restos fueron encontrados, identificados y devueltos a sus familiares una década después, mientras los 20 restantes aún continúan desaparecidos.
Los procesos adelantados en la Fiscalía, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales de opinión han coincidido en señalar como responsables de esta masacre a agentes estatales y paramilitares con nexos y connivencia con los organismos de seguridad del puerto petrolero. Esto corroborado por fallos de la Fiscalía condenando al militar Rodrigo Pérez y las mismas declaraciones de varios de quienes participaron en la masacre, entre ellos Ovidio Sánchez alias Chino Niño, Julián Poveda alias Cuca, Alexander Gutiérrez alias la Picúa y Robinson Solano alias buche gato.
La responsabilidad del Estado Colombiano es evidente, tanto por no prevenir o evitar la ejecución de la masacre y como se ha probado judicialmente por el contrario cohonesto con el delito, pero peor aún es la desidia en términos de la búsqueda de la verdad, ya que el primer militar vinculado al proceso, cuya investigación lideró la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía el mismo año de la masacre, fue el cabo segundo del Ejército, Rodrigo Pérez Pérez, que pertenecía al Batallón Nueva Granada con sede en Barrancabermeja.
A Pérez se le dictó medida de aseguramiento el 12 de agosto del mismo año de la masacre, por los delitos de homicidio múltiple agravado y secuestro extorsivo, como presunto coautor de los 7 homicidios y las 25 desapariciones forzadas ocurridos el 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja. Sin embargo, a los ocho meses recuperó la libertad provisional bajo el pago de una fianza.
Pese a los señalamientos incluidos los de ‘Panadero’ en anteriores versiones de Justicia y Paz, con lo cual se tiene a catorce militares involucrados, hasta hoy ningún miembro de la Fuerza Pública ha sido judicializado o condenado por los hechos del 16 de mayo de 1998.
Además en la investigación del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo se avanzó en identificar como colaboradores en esta masacre a personas del Corporativo de Seguridad Física de Ecopetrol, lo cual es una de las evidencias de la colaboración de empresas con acciones paramilitares ocurridas en los últimos quince años en la región del Magdalena Medio y el País.
Los familiares ante la impunidad Nacional y la falta de garantías, han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano del cual se espera su pronunciamiento en la próxima sesión, ya que se están analizando los informes del Estado Colombiano sobre los avances en la investigación de este caso.
Como organización sindical con presencia permanente en Barrancabermeja, profundas raíces históricas y lazos de solidaridad con los sectores populares, campesinos, sociales y estudiantiles; expresamos todo nuestro sentimiento de hermandad a los familiares de las víctimas del 16 de mayo y los alienta a seguir trabajando, luchando y resistiendo por la recuperación de la memoria Histórica y la dignidad de nuestros muertos y desaparecidos.
Nos parece paradójico que el Gobierno hable e impulse una ley de víctimas y restitución de tierras; mientras esta masacre transita hacia la impunidad y peor aún en términos de no repetición el pretendido control que viene ejerciendo la estructura paramilitar de los botalones en la región del Magdalena Medio, ya el informe del mes de Mayo de 2012 del Observatorio de Paz Integral – OPI advierte y enciende las alarmas al señalar: “La población civil del Magdalena Medio, está en riesgo por la presencia y agresión de grupos armados ilegales”.
Nuevamente hacemos un llamado a la justicia colombiana para que concluya este proceso y se sanciones a los autores materiales e intelectuales de este horroroso crimen. A la Comunidad Internacional para que insista ante el gobierno colombiano por el esclarecimiento de esta masacre; a sus autores materiales, los paramilitares para que devuelvan a las personas desaparecidas o sus restos y al pueblo colombiano para que no se olvide este hecho de barbarie y se apoye incondicionalmente a las víctimas de esta masacre.
