El asesinato de Jhonny Silva
Fiscalía 55 especializada en derechos humanos de la ciudad de Calí, al servicio de la impunidad

Jueves 2 de julio de 2009, por Familiares Jhony Silva

En días recientes la Fiscalía Primera Delegada, ante el Tribunal Superior de Cali, a cargo de Carlos Adolfo Millan Potes, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la Nación, en contra de la decisión de la Unidad de Derechos Humanos, de no imponer medida de aseguramiento al personal de la Policía Nacional, vinculado a la investigación por la ejecución extrajudicial del estudiante Jhonny Silva Aranguren.

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Perplejidad, dolor y desconcierto ha generado esta decisión en sus familiares y la comunidad universitaria, en tanto sus argumentos constituyen un templo a la impunidad y la injusticia. El 4 de agosto de 2008, la Fiscalía General de la Nación, había concluido que: “De todo lo hasta aquí dicho podemos arrimar a la conclusión de que los testimonios que aseguran que el ESMAD ingresó a las instalaciones de la universidad e incluso los que vieron a los dos uniformados apostados detrás de JHONNY SILVA y que uno de ellos fue quien disparó ocasionándole la muerte, nos merecen mayor credibilidad ante su pluralidad, coherencia, consistencia y veracidad, como ya se dejo dicho, contrario al análisis de los que señalan lo contrario, como igualmente se hiciera. Es por eso que dejamos sentado que en efecto se encuentra establecido que la persona que dio muerte a JHONNY SILVA fue un miembro del ESMAD aún no identificado, que al momento de los hechos participaba en calidad de tal en el control de los disturbios presentados en la Universidad del Valle”.

Nueve meses después, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Cali desconoce dichas conclusiones, sin ninguna prueba nueva y sin fundamento alguno, el fiscal Carlos Adolfo Millan Potes concluyó que: “En estos casos el comandante no podría responder por hechos secretos e impredecibles, preparados y ejecutados al interior del establecimiento Universitario porque nadie está obligado a lo imposible”, adicionando que: “Tanto el CT. BONLLA GONZALEZ, como sus hombres no hicieron más que actuar conforme a derecho, de acuerdo al mandato constitucional”.

No menos desconcierto ha causado que el aporte de pruebas sea descalificado de manera arbitraria y abusiva. El fiscal Carlos Adolfo Millan Potes expresó en esta providencia que: “Se trato entonces de hacer un montaje con esta ‘gorra’ para ubicarla dentro de la Universidad y hacerla ver como abandonada por uno de los miembros del ESMAD? Esta delegada de conformidad con las probaturas allegadas y la relación que de ellas se ha hecho considera que si, desafortunadamente hubo un montaje, quien (sic), cuando (sic) y cómo se dirigió, y hasta donde iba el designio protervo? No se sabe, pero participaron varias personas del interior y del exterior de la universidad como ya se ha demostrado a través de las pruebas referidas. El grupo de la ESMAD, se encontraba en posición de desventaja frente a los manifestantes, porque mientras para los primeros el respeto a la dignidad de la persona y el respeto a los derechos humanos, es un imperativo, para estos, no es más que una entelequia”.

Esta decisión ha sido rechazada enfáticamente, razón por la cual los familiares de Jhonny Silva Aranguren, presentaron el caso al señor Relator Especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston, dado que esta decisión constituye una afrenta a la justicia, que desconoce los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

A su vez, se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, admitir el caso contra el Estado de Colombia, por violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad de pensamiento y expresión y violación de las garantías judiciales, dado que es notoria la ineficacia previsible de los recursos internos, pues la Fiscalía General de la Nación decidió asumir la defensa de oficio del personal del ESMAD, responsable de este Crimen de Lesa Humanidad.

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